Los problemas derivados del desencuentro entre el Estado y las naciones históricas que actualmente forman parte del Reino de España siguen indefinidamente pendientes.
El fallido golpe militar del 1936 contra la Constitución legítima de 1931, y la guerra de tres años en el que derivó el fracasado golpe monárquico fascista, seguido de una dictadura de cuarenta años y su cortejo de horrores, no solo no solucionó estos problemas recurrentes sino que los aplazó manu militari, agravándolos.
Ochenta años después del fusilamiento el 15 de octubre de 1940 del President de la Generalitat de Catalunya Luis Companys, sometido a un consejo de guerra sumarísimo por la dictadura militar -sin la menor garantía jurídica, tras su detención en Francia por parte de la Gestapo nazi- las cosas no han mejorado para las pretensiones inmovilistas de la monarquía militar española, camuflada bajo un barniz democrático, sino que han empeorado.
En efecto, no se trata ya de una República catalana, dentro de una República federal española -que es la que el President Companys proclamó desde el balcón de la Generalitat el 6 de octubre de 1934- sino que ahora la mayoría del Parlament, representante legítimo del pueblo de Catalunya, desea, lisa y llanamente, hacer efectiva la Amnistía y la Independencia, ambas a plazo fijo.
Obviamente, de darse tal situación, sería en todo caso tras un proceso de dialogo que condujese a un referéndum pactado, pues no es comparable el grado de vinculación que tenían Cuba o Filipinas con el Reino de España al que tiene actualmente Cataluña, en pleno siglo XXI.
En realidad España es un Estado de soberanía limitada, ya que el proceso de unidad europeo comporta una cesión considerable de la soberanía de los Estados miembros a las instituciones de la Unión. Es urgente, pues, que asumamos cuanto antes una realidad insoslayable, a saber: que formamos parte de unos Estados Unidos de Europa en ciernes, de carácter confederal, que, en tempo histórico, es ya una realidad tangible, o bien lo será mañana o pasado mañana; con sus ventajas e inconvenientes, pues todo avance tiene un coste.
Por tanto, una posible independencia relativa de Catalunya -ningún Estado de la Unión es ya independiente de forma absoluta- habría de consistir probablemente en una solución pactada, que evitaría las consabidas guerras de independencia que tiñeron de sangre los territorios ultramarinos de antaño, tales como los de las citadas Cuba o Filipinas; algo impensable actualmente, pues supondría la intervención inmediata de la Unión Europea con toda la fuerza de sus instituciones democráticas, mucho menos frágiles que la tambaleante y corrupta monarquía militar española.
La actual crisis humanitaria, provocada por la acción deliberada y miserable de la satrapía marroquí, pone de relieve la insoportable levedad de la instituciones democráticas españolas. En efecto, uno de los voceros más destacados de la monarquía española, como lo es el académico Luis María Ansón, reclama la intervención del Rey.
En el artículo APELAR AL REY, el Sr. Ansón afirma, entre otras lindezas: “Un ministerio de Exteriores incapaz y un presidente del Gobierno jugando al César, no serán atendidos por el Rey de Marruecos, para el que no existe en nuestra nación otro interlocutor válido que el Rey de España”.
Es decir, la soberanía nacional, que según la Constitución española de 1978 reside en el pueblo español -por lo tanto representada legítimamente por el Presidente electo del Gobierno de España, Pedro Sánchez- queda de facto subordinada al sátrapa marroquí Mohamed VI -rey Borbón mediante- que, según el Sr. Ansón, no admite otro interlocutor válido que Felipe VI.
¡Vaya con las amistades entrañables de los Borbones! Por un lado, los sátrapas de los Emiratos Árabes Unidos, en donde se encuentra huido el Rey emérito Juan Carlos I desde hace casi un año, a cubierto de su azarosa situación judicial suiza. Y, por el otro lado, su amistad entrañable con Mohamed VI, en el Norte de África, en la vecina Marruecos. Una monarquía árabe, de carácter confesional, como lo es de forma más o menos encubierta la española, exige descaradamente la intervención antidemocrática del Rey. Un evidente conflicto humanitario criminalmente provocado, con la evidente finalidad de debilitar la posición internacional del Gobierno español en el conflicto del Sahara Occidental. En fin, dos pájaros de un tiro.
Es de señalar que han transcurrido a penas cuatro años desde que el rey Felipe VI mostró sus inclinaciones absolutistas, arremetiendo contra la Generalitat, con su absurdo y amenazante discurso. Esa es la plena normalidad democrática de la que nos hablan.
¡Pues menuda normalidad democrática!
No está lejano el día en que el sátrapa marroquí reclame la soberanía sobre el archipiélago de las Islas Canarias; veremos cual será la posición del “amigo americano”. Para entonces sería reconfortante que una posible República de Canarias formase parte de un Estado federal o confederal ibérico, o en su defecto español, como parte a su vez de los Estados Unidos de Europa. Dejar la defensa de Canarias al albur de la OTAN, es decir de los intereses de los EE.UU. de América, o, lo que sería aún peor, a la decisión de un Borbón, sería suicida, pues llueve sobre mojado.
Como contrapunto republicano al sorprendente artículo del Sr. Anson -de un empalagoso olor a naftalina, pese a estar escrito recientemente- invito a mis queridas y queridos lectores a echar una ojeada al Proyecto de Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, escrito hace más de dos siglos por Maximilien Robespierre y reproducido hace unos días en el blog Sociología Crítica, del conocido intelectual y profesor Pedro García Bilbao.
Manuel Ruiz Robles es Capitán de Navío de la Armada, miembro de la UMD y del Colectivo Anemoi. Presidente Federal de Unidad Cívica por la República.
Enlaces relacionados:
Proyecto de Declaración de los derechos del Hombre y del Ciudadano
Por Maximilien Robespierre (1758-1794)