El número de personas encarceladas en España se ha disparado durante la última década hasta superar los 77 000, lo que ubica a la nación ibérica entre los países de la Unión Europea con mayor cantidad de presos respecto a su población. Según el último informe de la Agrupación de los Cuerpos de la Administración […]
El número de personas encarceladas en España se ha disparado durante la última década hasta superar los 77 000, lo que ubica a la nación ibérica entre los países de la Unión Europea con mayor cantidad de presos respecto a su población.
Según el último informe de la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (ACAIP), la tasa de hacinamiento medio en las penitenciarías era de un 173 % en el 2010, lo cual quiere decir que, en la práctica, las cárceles funcionan casi al doble de su capacidad. A esto se suma la carencia de personal capacitado para la administración de centros penales, que se ha agravado producto de los recortes del empleo público por parte del Gobierno ante la crisis económica.
Los problemas en la gestión de las autoridades se revierten en una deficiente atención sanitaria de los reclusos y violaciones de sus derechos fundamentales. Así sucede con los presos que padecen enfermedades psiquiátricas, casi uno de cuatro de acuerdo con datos del ACAIP. El vicepresidente de la Sociedad Española de Psiquiatría Legal, Alfredo Calcedo Barba, aseguró en una entrevista al periódico El Mundo que las circunstancias en las que se encuentran los afectados por patologías mentales en las cárceles españolas son lamentables.
El país cuenta únicamente con dos hospitales psiquiátricos penitenciarios (en Alicante y Sevilla), que siguen «un modelo de hace 40 o 50 años y se encuentran absolutamente desbordados», aseguró Calcedo.
Por su parte, el Centro de Documentación contra la Tortura (CDDT) reportó durante el 2011 el fallecimiento de más de 40 personas encarceladas. Uno de los casos más notorios fue el del marroquí Tohuami Hamdaoui, condenado a 14 años de prisión por un cargo de violación, quien murió luego de cinco meses en huelga de hambre para exigir la revisión de su sentencia.
Resulta alarmante que cerca del 80 % de los decesos reportados por la CDDT en estos centros, supuestamente inexpugnables, se deba a sobredosis. El sitio digital Arborea expone en un artículo: La indignante situación de las cárceles en España es tal que «el 60% de los presos son drogodependientes, y son los propios carceleros quienes introducen los estupefacientes allí. De hecho en la cárcel es mucho más fácil conseguirlos que fuera».
Mucho más difícil resulta llevar constancia de las vejaciones diarias que sufren los ocupantes de las más de 80 cárceles del país. El boletín TOKATA, editado de forma colaborativa entre los propios reclusos, recoge la historia de Rafael Hidalgo, quien denunció ante el Juzgado de Instrucción Número 3 de Córdoba que sufre palizas dos o tres veces al día y que los funcionarios de la prisión lo despiertan cada hora.
La publicación menciona también el escándalo de la prisión Madrid I (Meco), donde están recluidas más de 650 mujeres. El Ministerio del Interior destituyó en el 2010 a toda la cúpula directiva, cuando se conoció que algunos carcelarios abusaron de su poder para mantener relaciones sexuales con las reclusas.
Asimismo, TOKATA hizo pública la historia de Carlos Emilio Prado Rodríguez, preso en el Centro Penitenciario Madrid IV, quien luego de someterse a una operación en el menisco de la rodilla izquierda, fue obligado a caminar con muletas y no recibió la rehabilitación correspondiente.
La crítica situación del sistema penitenciario de España es aún más difícil para los extranjeros, casi el 35 % del total de reclusos. Los datos oficiales del sindicato de prisiones evidencian que el «sueño español» de muchos latinoamericanos y africanos ha terminado en una celda. Seis de cada diez personas encarceladas entre el año 2000 y el 2010 fueron inmigrantes.
A ellos se suman otros miles de personas retenidas en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), instalaciones reservadas para los inmigrantes indocumentados que funcionan en un limbo legal.
La muerte del joven de 21 años Idrissa Diallo, el pasado 6 de enero, en el CIE de Barcelona, destapó un escándalo nacional que llegó a las altas esferas políticas. Un informe del partido Izquierda Unida filtrado a la prensa reconoció que en algunos CIE se retienen hasta 280 personas en celdas para entre seis y ocho detenidos, las cuales carecen en muchos casos de aseos sanitarios, y allí pueden permanecer hasta un máximo de dos meses.
Quizás lo más grave de esta historia es cómo las cárceles se han convertido en un negocio lucrativo para algunas empresas. El Estado ha destinado cerca de 3 000 millones del dinero de los contribuyentes para el sistema penitenciario. Según explica César Manzano, de la asociación de apoyo a las personas presas Salhaketa, la mayor parte del dinero ha ido a parar a la edificación de megacárceles, es decir, a empresas privadas que lucran con su construcción.
Además, España podría incluirse pronto en la lista de países que cuentan con prisiones privadas, si prospera un acuerdo con la empresa Ferrovial. Los críticos de esta política consideran que el interés privado por sacar beneficios de las cárceles compromete su seguridad.
Resulta muy difícil creer que la «mano invisible del mercado» que ha llevado al país a una de las mayores crisis de su historia, será la solución de los problemas ocultos tras las rejas españolas.
Organizaciones civiles y de derechos humanos denuncian las deplorables condiciones del sistema penitenciario y exigen soluciones para esta otra España, que no es reflejada en los medios de comunicación.