1.- Algunos debates en torno a las ayudas sociales.
Con la reforma del subsidio de desempleo llevado a cabo por el gobierno, algunos empresarios endurecen su posición política y si no se atreven a pedir claramente la eliminación de todos los subsidios como quiere hacer el fascista de Milei en Argentina, insisten en que el gobierno debe castigar a quienes cobrando subsidios de desempleo u otro tipo de ayudas sociales, cuando se les contrata no aceptan los puestos de trabajo que se les ofrecen. Muchos empresarios consideran que la sociedad no puede permitirlo y la administración pública debe perseguir estos comportamientos de fraude a la sociedad.
Sin embargo, detrás de las palabras está la práctica empresarial que propicia la economía sumergida; en nuestra región se extiende a un 30 % de la población activa; la opinión pública suele poner el acento en los trabajadores y trabajadoras sin tener en cuenta que en muchas ocasiones se ven obligados a aceptar determinados trabajos ante la necesidad de comer; no obstante, la economía ilegal no se daría si el empresario no fuera quien realmente sale beneficiado con un tipo de contratación por la que no paga impuestos, no cotiza a la seguridad social, salarios en negro y a la baja, y horas de trabajo fuera de convenios.
Así visto, en apariencia, los dos actores del contrato de trabajo salen ganando, el obrero ingresa más cantidad de dinero (a la ayuda social suma el salario en negro) y el patrón se ahorra salarios y gastos fiscales. Sin embargo, la economía informal siempre posibilita una bajada de salarios generalizada, un aumento de las condiciones de explotación y opresión laboral, y la disminución del montante global de la caja de pensiones con efectos futuros en las pensiones individuales de la clase obrera. La clase dominante utiliza una propaganda negativa, concentrada en la idea de que los trabajadores/as prefieren vivir de ayudas sociales al trabajo físico o mental; el objetivo es doble, por un lado, se trata de desprestigiar a la clase obrera para así justificar y facilitar la aceptación por la opinión pública de recortes en los subsidios y ayudas sociales, como el realizado ahora por Yolanda Díaz para satisfacer a la UE, Unión Europea.
2.- La visión desde el punto de vista burgués
Mucha gente confía en que las soluciones a este tipo de circunstancias vienen de la intervención de la administración pública disponiendo los suficientes medios humanos y materiales con los que llevar a cabo una vigilancia exhaustiva que evite fraudes laborales. Hay quien apunta que si el salario fuera mayor el obrero aceptaría sin problemas el trabajo que se le ofrece y renunciaría al subsidio que cobra; otros, consideran que las personas deben tener la necesaria moral y ética para actuar en el marco de la legalidad vigente y por el bien social.
La burguesía siempre se ha opuesto a las prestaciones y ayudas sociales, y si las acepta es por su propio interés, pero sin dejar de subrayar que sean lo suficientemente raquíticas para que el Estado gaste poco en ellas. El burgués que sólo piensa en su interés, si las considera necesarias es para vender los bienes y servicios que producen sus empresas. Es decir, un gasto necesario pero mínimo para asegurar la reproducción del capital.
En este orden de cosas, para que el gasto público fuera diminuto y satisfacer a los propietarios del capital, se creó en 2004, con el gobierno del PSOE, siendo Zapatero presidente, el denominado IPREM. El IPREM es un porcentaje del salario mínimo que sirve de base para establecer las prestaciones y las ayudas sociales. Ahora el gobierno “más progresista” de la historia de España ha introducido una serie de modificaciones acerca de la percepción del subsidio de desempleo con unos ingresos mínimos para la subsistencia, de tal modo que hasta los propios sindicatos del régimen no dan su plena conformidad a la norma aprobada.
La burguesía, quiere todo para sí, pagar pocos impuestos, un Estado con poco gasto público social y un importante ejército de parados que presionen a la baja sobre el salario. En Extremadura, los últimos datos indican más del 16 % de parados, unas 78.000 personas, con una economía de baja productividad (región digital 21 de diciembre. Extremadura, entre las CCAA con bajo nivel de competitividad económica, muy inferior a la del resto del país y a la de Europa, la competencia y los beneficios empresariales se aseguran sobre todo a base de los bajos salarios.
El gobierno regional con unos presupuestos muy limitados está llamando desesperadamente, ofreciendo financiación y ayudas a la burguesía extremeña y nacional para que venga a invertir en nuevas fábricas y negocios; se declaran subvenciones y ventajas a los autónomos y comerciantes, que a pesar de todo, sufren un declive económico y sobreviven a base de una auto explotación y explotación bestial de la fuerza de trabajo. Estas cuestiones (prestaciones, salarios, cotizaciones a la seguridad social, economía sumergida, gasto mínimo, etc.) que ponen el acento en el trabajador son propicias a debates, confusos y contradictorios, que imponen las clases dominantes. Por ejemplo, no se discute sobre la reforma agraria que es un tema tabú, prohibido.
3.- La visión de las cosas desde el punto de vista de la clase obrera
Sin embargo, hay una necesidad de la clase trabajadora de intensificar el combate cultural e ideológico contra el discurso del capital que aliena a sectores importantes de la población. En este sentido, es imprescindible denunciar la explotación laboral, y las ganancias extraordinarias y propiedades de los miles de parásitos, dueños del dinero y de los medios materiales de producción de bienes y servicios, y su poca contribución al bienestar de la sociedad. Esta ralea de chupópteros, rentistas de toda calaña, directivos dueños de grandes entidades empresariales y bancos, terratenientes propietarios de grandes extensiones de cultivos, viven sin dar un palo al agua a costa del trabajo del obrero. El mayor esfuerzo que realizan es el de dedicar muchas horas del día a fiestas, jugar al póker y al tenis, recoger y contar las ganancias millonarias que les aportan sus bonos y acciones, y exigir a sus representantes políticos en las instituciones públicas leyes que extraigan toda la plusvalía posible al trabajador.
La codicia y avaricia por el dinero no tiene límites para estos grandes empresarios, dueños de entidades financieras y grandes fortunas, que se burlan de la pobreza y la precariedad ocultando miles de millones de euros en los paraísos fiscales para eludir el pago de impuestos a la hacienda pública. Este desprecio de la burguesía al pueblo es posible, gracias al amparo y cobijo que le proporciona una monarquía, anacrónica, que mantiene una parafernalia de siglos pasados, situada por encima de la sociedad y que manda en los aparatos del estado.
Estas condiciones no son ni las propias de una democracia burguesa, pero a la burguesía española le va muy bien, a pesar de que es consciente de que con su dinero contribuye a la corrupción y al chuleo de altas personalidades del Estado que llegan a este mundo terrenal con privilegios diferentes a la de los mortales. Estas circunstancias que concurren en un país bajo las directrices y dependencia de la UE y de la OTAN nos obligan a trabajar en un proceso anticolonial, internacionalista y revolucionario hacia una sociedad verdaderamente libre y democrática. La semilla está presente en cada pequeño acto que realizamos en defensa de la vivienda, de la sanidad pública, de los alimentos, en apoyo a Palestina, en la denuncia de los abusos laborales y sociales y en la solidaridad con las luchas de otros compañeros del estado español u otros países del mundo.
La construcción de un programa político contra la burguesía tiene que tener como pilares la difusión y el trabajo cultural orientado a la eliminación de la propiedad privada de los medios de producción, la aportación práctica para lucha política, sindical y social contra la explotación salarial y todo tipo de opresión social. En definitiva, las injusticias que intrínsecamente desprende el capitalismo imponen el derecho y la necesidad de avanzar hacia el socialismo reclamando un Estado en el que todos los medios de producción, fabricas, tierras, bancos, dinero, estén en manos del pueblo y que todo el mundo en condiciones de salud y edad tenga que trabajar para ganar un salario digno.
En este punto, traemos un pequeño apartado de un artículo de Iñaki Gil de San Vicente (Derechos inhumanos contra Palestina) por la importancia sintética para el combate por una sociedad más justa y solidaria, que no borra el paso del tiempo. Se trata de la carta escrita a su familia por un soldado ruso en el frente de batalla contra los alemanes en el verano de 1917, antes de producirse la revolución socialista rusa:
«Querido compadre, seguramente también allí han oído hablar de bolcheviques, de mencheviques, de social-revolucionarios. Bueno, compadre, le explicaré qué son los bolcheviques. Los bolcheviques, compadre, somos nosotros, el proletariado más explotado, simplemente nosotros, los obreros y los campesinos más pobres. Este es su programa: todo el poder hay que dárselo a los diputados obreros, campesinos y soldados; mandar a todos los burgueses al servicio militar; todas las fábricas y las tierras al pueblo. Así es que nosotros, nuestro pelotón, estamos por este programa».
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