Un régimen político que no es capaz de resolver la gobernanza de uno de sus poderes debería estar condenado a desaparecer.
A la crisis del poder judicial, que ya se prolonga durante 4 años, hay que sumar la de la institución monárquica, con un emérito corrupto y huido, o la territorial, con el conflicto con Cataluña y el enorme deterioro de la configuración autonómica del Reino, o la profunda desigualdad entre los más ricos y una importante parte de la población que no llega a disponer de los medios básicos para una vida digna. Muchos problemas acumulados y pocas perspectivas de que puedan resolverse dentro del propio régimen.
El PP decidió romper por enésima vez las negociaciones para renovar la cúpula del poder judicial. Hasta veinte excusas ha utilizado: que si estaba Unidas Podemos en el gobierno, que si había elecciones en Madrid y luego en Andalucía, que si los indultos a los dirigentes del procés, que si imponía un veto a determinados jueces y, la última, que el gobierno pretende modificar el delito de sedición. Feijoo ha sido claro: “no pactaré con este PSOE”. Las derechas han decidido romper los puentes para que haya algún tipo de acuerdo, probablemente no solo respecto al poder judicial, sino también en el terreno económico y otros. El gobierno Sánchez debería tomar nota.
Está claro que la derecha, la política, la mediática, la judicial y la económica, no quieren soltar la presa del poder judicial. Porque de eso se trata, de seguir manteniendo la hegemonía y el control de la justicia como una herramienta para disponer a su gusto de una de las palancas del régimen monárquico.
Todo esto es más que un escándalo, se están riendo de toda la nación, de la Constitución y de sus propias leyes. Cuando hablan de libertad y democracia es solo la que les beneficia o controlan, ni siquiera la que está acordada. ¿Alguien se puede imaginar que unas elecciones generales o municipales podrían dejar de convocarse durante cuatro años? Pues algo comparable es lo que están haciendo con el poder judicial. No se renueva y siguen los mismos. ¿Pueden ser lícitas las sentencias o decisiones de órganos judiciales que han caducado? ¿Qué clase de garantías democráticas pueden existir cuando se incumplen las más básicas? ¿Cómo confiar en una justicia que ni siquiera cumple sus propias normas?
Como sabemos, sectores de la derecha más antidemocrática se refugian en el poder judicial para torpedear derechos democráticos y conquistas logradas con enormes esfuerzos. La crisis de dominación de la clase capitalista es la que les incita en esa dirección. Lo vimos con la presidencia de Trump, imponiendo un Tribunal Supremo decantado ideológicamente hacia la derecha que aprobó echar atrás la legalidad del aborto en Estados Unidos. Pasó en Brasil, donde los jueces ayudaron activamente a sacar a Lula del gobierno, incluso impidiendo que se pudiera presentar a cargo público, aunque con posterioridad tuvieron que echar atrás esa decisión.
En el Reino de España, es bien sabido que buena parte de la justicia sigue en manos de continuadores del franquismo o de hijos y nietos de franquistas declarados. Es también público como el Opus Dei invirtió cuadros, tiempo y dinero para que seguidores suyos se hicieran con puestos destacados en la pirámide judicial.
Prolongar esta crisis significa empeorar aún más la débil salud democrática de esta monarquía. No tiene una solución fácil. El PP no quiere el acuerdo y los jueces más conservadores tampoco. ¿Quizás lo apuestan todo a mantener la tensión esperando ganar las próximas elecciones? Sea cual sea la evolución, si la justicia española ya estaba bajo mínimos cuesta imaginar su recuperación desde un punto de vista democrático.
Porque el problema de fondo del deterioro democrático que vivimos es que el régimen surgido de la Constitución de 1978 ya no da más de sí. Se le han ido abriendo boquetes por todos los lados. Las derechas no quieren reformar nada, como se ve con el poder judicial, ni tampoco la Constitución. En realidad, el plan de las derechas consiste en un retroceso general de derechos. Cuando un régimen necesitado de reformas profundas no quiere ni oír hablar de ellas hay que pensar en elegir otra vía. Agarrarse a un régimen que hace aguas no es preparar el futuro sino alargar aún más su agonía. Desde las izquierdas se necesita una reflexión en ese sentido.
Y esa vía tiene que tener un contenido republicano, de reconocimiento de derechos sociales y democráticos. Una república en la que el jefe del Estado sea elegido democráticamente, que ponga los medios económicos para que la población tenga una vida digna, que reconozca a los pueblos el derecho a decidir, que las autoridades judiciales y policiales deban ser elegidas democráticamente, en que haya igualdad de hecho entre mujeres y hombres y apueste por una enérgica lucha en defensa de la naturaleza. En fin, un régimen político que responda a las necesidades democráticas y sociales de la mayoría.
Miguel Salas es sindicalista y miembro del comité de redacción de Sin Permiso.