Las dos caras principales del capitalismo español se han puesto de acuerdo para elaborar una nueva Estrategia de Seguridad Nacional 2013 que es completada con la aprobación de un Real Decreto sobre la composición del Consejo de Seguridad Nacional. El hecho, que ha pasado desapercibido, tuvo lugar el 30 de mayo y pone de manifiesto […]
Las dos caras principales del capitalismo español se han puesto de acuerdo para elaborar una nueva Estrategia de Seguridad Nacional 2013 que es completada con la aprobación de un Real Decreto sobre la composición del Consejo de Seguridad Nacional. El hecho, que ha pasado desapercibido, tuvo lugar el 30 de mayo y pone de manifiesto cómo no hay diferencia alguna entre estos dos partidos en lo que atañe a la política exterior española y sus «desafíos» (1) que son, principalmente, comerciales y económicos.
Lo curioso del caso no es que PP y PSOE sean las dos caras de la misma moneda y se hayan puesto de acuerdo en una política exterior en la que apenas tienen diferencias, sino que por parte del PSOE quienes han negociado con el PP han sido personajes que tuvieron responsabilidad en los gobiernos encabezados por Felipe González, mientras que quienes estuvieron en los de José Luis Rodríguez Zapatero han estado ausentes, a excepción del tránsfuga de IU Diego López Garrido, ex Secretario de Estado y actual portavoz de Defensa del PSOE en el Congreso de los Diputados. Tal vez este dato ayude a comprender por qué Felipe González mantiene reuniones frecuentes con Mariano Rajoy en el palacio de La Moncloa y por qué hace declaraciones públicas reforzando la política depredadora capitalista del gobierno del PP.
Como es lógico, aún habiendo coincidencia total en la estrategia, serán los mecanismos de puesta en marcha de la misma -es decir, el PP con su mayoría absoluta, aunque a buen seguro en nueve de cada diez ocasiones contará con el respaldo del PSOE, si es que no es en todos pues «el gobierno se esforzará por tener el máximo respaldo social y parlamentario» para ello- quienes establezcan el rumbo del «control» de los «doce riesgos para la seguridad de los españoles» que se recogen en el documento y que, resumidos, son: «conflictos armados, terrorismo, ciberamenazas, crimen organizado, inestabilidad económica y financiera, vulnerabilidad energética, flujos migratorios irregulares, armas de destrucción masiva, espionaje, emergencias y catástrofes naturales, vulnerabilidad del espacio marítimo y vulnerabilidad de las infraestructuras críticas y servicios esenciales». La novedad respecto a la Estrategia de Seguridad anterior, que databa de 2011, finalizando el gobierno Zapatero, es que ahora se incluyen el espionaje y la seguridad marítima.
Para la nueva Estrategia de Seguridad Nacional los conflictos armados, aún siendo en su mayoría de carácter interno, «afectan a la comunidad internacional y, en algunos casos, a los intereses vitales y estratégicos españoles y, por ende, a la Seguridad Nacional». Como más tarde se verá, se llega a afirmar que «las intervenciones militares serán inevitables» para defender los intereses españoles y los de los aliados.
En esta nueva Estrategia de Seguridad Nacional ETA sigue estando presente, al igual que los yihadistas y se habla de que estos grupos pueden convertir al Estado español en «objetivo del terrorismo internacional no sólo por representar a España como parte del imaginario del Islam» sino por «nuestra implicación decidida en la lucha contraterrorista, dentro y fuera del territorio nacional».
Y lo mismo ocurre con el crimen organizado, con el reconocimiento que «España es uno de los países europeos en los que la incidencia del crimen organizado resulta más significativa» por lo que hay que concienciar a la sociedad en algo que «puede precisar el despliegue de efectivos en terceros países».
Es decir, el Estado español advierte de forma clara que está dispuesto a guerrear allá donde sea necesario, a enviar tropas donde le digan que hay que hacerlo y todo ello con la falacia de defender los «intereses españoles». Pero claro, en una situación como la que se vive, con la destrucción de todo lo público en beneficio de lo privado, los intereses económicos serán los de las grandes empresas y no los de los ciudadanos, por lo que en esta nueva Estrategia de Seguridad Nacional hay un apartado especial dedicado a la inestabilidad económica y financiera, calificada como «uno de los principales riesgos y amenazas actuales, no sólo por la conflictividad política y social que genera, sino también porque alimenta y refuerza otros riesgos existentes».
Por lo tanto, «la seguridad económica se erige cada vez de forma más clara y patente en requisito esencial y parte integral de la Seguridad Nacional, debido a su repercusión en la puesta en marcha de actuaciones gubernamentales y en el bienestar de los ciudadanos» y, como si bastase con un golpe de pecho porque ya no se puede ocultar la realidad, se habla de que «su origen se encuentra en desequilibrios macroeconómicos o de los mercados, actuaciones ilegales o en el deficiente funcionamiento de los organismos supervisores».
Para hacer frente a ello, justo al contrario de lo que hace el gobierno, se dice que estos riesgos de carácter económico «se tienen que afrontar con flexibilidad». ¿Cómo debe hacerse? Pues si hay que hacer caso de lo que recoge el documento, «creando empleo de calidad» (sic) y «estableciendo un marco socio-laboral que contribuya a una gestión eficaz de las relaciones laborales, basado en el diálogo social con vistas a la adopción de medidas consensuadas que coadyuven a reducir los niveles de conflictividad y favorezcan la paz social, que facilite la estabilidad en el empleo, la creación de puestos de trabajo y la eficiencia del mercado de trabajo» junto a evitar los desequilibrios, las crisis sistémicas o fortalecer el euro.
Las líneas de acción estratégicas que se marcan llevan implícita la crítica a las nacionalizaciones que se han producido de empresas españolas en Argentina o Bolivia, por ejemplo, cuando se habla de «promover la seguridad jurídica en los entornos de inversión de las empresas españolas con actividad en el exterior» y se dice que se hará un «esfuerzo estratégico de acción y comunicación permanente en favor de la reputación e imagen de España, defensa de nuestros intereses en foros e instituciones económicas y apoyo a la internacionalización de empresas y emprendedores españoles con el objetivo de contribuir a construir una ‘marca España’ sólida y positiva, tanto desde el entorno público como el privado».
Se reconoce que España es vulnerable energéticamente «debido a su transporte por vía marítima a través de puntos críticos como el Estrecho de Ormuz o el Canal de Suez» y que «cualquier bloqueo, deliberado o accidental, tiene efectos muy negativos en el mercado internacional y se puede traducir en interrupciones del abastecimiento para los países consumidores»; se mantiene el mantra de «la proliferación de armas de destrucción masiva», origen de la invasión y ocupación neocolonial de Irak en 2003 y la presencia española en el infame «trío de las Azores» junto a Bush y Blair, y se alerta respecto a Irán cuando se dice que «el desarrollo de programas nucleares -supuestamente con fines pacíficos- puede suponer una amenaza cuando el empleo de esa tecnología pretende evitar el cumplimiento de las normas internacionales sobre no proliferación. En este sentido, y según ha indicado de manera reiterada la OIEA, el programa nuclear iraní no corresponde a un desarrollo exclusivamente civil». Que nadie busque menciones a Israel, que no las hay.
Las líneas de acción estratégicas que se marcan abarcan tres aspectos: abastecimiento, distribución y consumo. Se aboga por un mercado europeo de electricidad y gas natural, de la mejora de la fiabilidad de las redes de abastecimiento del gas, del sistema de transporte y distribución de petróleo y del sistema eléctrico y se dice que hay que favorecer un marco regulatorio armonizado, transparente y objetivo que incremente la seguridad jurídica y la competitividad de las empresas para garantizar, así, el consumo.
Los cambios en el mundo
La nueva Estrategia de Seguridad Nacional española reconoce que «el mundo está cambiando profunda y constantemente», por lo que hay que tener en cuenta «las rápidas evoluciones del entorno estratégico y abarcan desde la defensa del territorio a la estabilidad económica y financiera o la protección de las infraestructuras críticas». En varias partes del documento se recoge la preocupación por la «estabilidad económica y financiera» y se reconoce que «la crisis financiera y económica que actualmente afecta a España, a la zona euro y a parte importante de las economías mundiales representa uno de los mayores retos para la Seguridad Nacional y extrema la necesidad de ser eficientes en la respuesta». Esta respuesta sería «una mayor transparencia del mercado financiero» y una mejor gobernanza económica y financiera que actuase según lo recogido por el G-20, foro en el que participa España -el «gran éxito» de Zapatero- como invitado permanente.
Con el corolario de que el mundo cambia, se identifican los entornos estratégicos en los que debe moverse el Estado español: UE, Mediterráneo, América Latina, EEUU y la relación transatlántica, África, Asia, Australia y Rusia. Y se hace teniendo en cuenta «la adopción de una postura estratégica por Estados Unidos», que no es otra que la diseñada por la Administración Obama en 2012 en la que convierte a China en su nuevo enemigo y rediseña toda su estrategia alrededor del eje Asia-Pacífico (2), igual que hace ahora España.
Dentro de la UE, reconociendo su actual debilitamiento por la crisis y la incertidumbre en que está sumida su integración política y económica, se apuesta por dotar a la Política Común de Seguridad y Defensa de «los medios militares adecuados y creíbles» porque, recoge el documento, «la UE es la única organización en el mundo en disposición de combinar medios civiles y militares». Muchas ONGs y supuestos progresistas varios deberían tomar nota de lo que conlleva una afirmación de este tipo cuando, además, hay una lamentación porque se está produciendo una «disminución del presupuesto dedicado a Defensa de los países de la Alianza [OTAN]» mientras, en paralelo, se está produciendo «un incremento del gasto militar o la inversión mantenida en otros países» lo que, para el PP y el PSOE, conduce a un «desequilibrio estratégico».
«A corto plazo, la crisis económica y financiera, así como su impacto en los presupuestos de Defensa en Occidente, podrían implicar una mayor renuencia a las intervenciones militares, aunque algunas serán inevitables. La tendencia es que sean acciones limitadas. El empleo de nuestras Fuerzas Armadas puede resultar esencial en los conflictos que eventualmente llegaran a desarrollarse tanto dentro como más allá de nuestras fronteras», se afirma textualmente, «dado que España es un socio solidario de las organizaciones internacionales a las que pertenece». Más claro, agua.
Sobre el Mediterráneo, alabando los supuestos cambios que se están produciendo en la zona, se considera que «la exclusión de grupos sociales o la utilización de la violencia para obtener ventajas políticas pueden determinar un escenario altamente inestable con consecuencias muy negativas para los países de la ribera sur y la seguridad de toda la región». Los ingenuos podrían pensar que debería haber alguna autocrítica sobre la guerra de Libia o Siria, pero estos dos países sólo se mencionan en dos líneas: «crisis recientes como la de Libia y, concretamente, la de Siria, nos recuerdan la fragilidad de un espacio sensible en términos de seguridad».
Lo más jugoso de esta nueva Estrategia de Seguridad Nacional española está en lo referente a América Latina, puesto que ya desde las primeras líneas se hace una mención expresa a la potenciación de las relaciones de España con Brasil y México, «los dos grandes socios estratégicos en la región [latinoamericana], que se consolidan como actores globales», y la Alianza del Pacífico, a la que considera «tiene el potencial de servir de puente para España en la región Asia-Pacífico». El documento recoge que la apuesta española por los países latinoamericanos de la Alianza del Pacífico (México, Chile, Colombia, Perú) se debe a que estos países concentran el 40% del comercio y la inversión española en la América Latina, pero nada menciona del otro porcentaje ni de cómo aumentarlo, fortalecerlo o no perderlo salvo esas referencias a la seguridad jurídica de las empresas españolas recogidas más arriba. La mención al eje Asia-Pacífico no es casual y tiene que ver con la apuesta imperialista por debilitar el ALBA y, en menor medida, la CELAC. Ninguna de estas instituciones es mencionada en el documento español.
De África se mencionan tres zonas «vitales» en las próximas décadas: el Sahel, el Cuerno de África y el Golfo de Guinea. Se alaba la guerra de Mali -que no se menciona, sólo se habla de «actuación»- y se alerta sobre las otras dos zonas en cuanto a su potencial peligro «en la inseguridad marítima, el abastecimiento energético y los flujos comerciales».
Algo parecido ocurre con Asia donde, reconociendo que China se consolida como «polo de influencia en la comunidad internacional que emerge y se perfila como elemento clave en el nuevo panorama estratégico» por su influencia en África y América Latina, se alerta sobre los «focos de tensión» concentrados en Afganistán, Pakistán, Corea del Norte «o los relacionados con las reivindicaciones territoriales de China». Resulta curioso que haya una mención expresa a Australia como «país clave» para la inserción de los intereses españoles en Asia.
En cuanto a Rusia, el documento deja translucir un cierto temor cuando afirma que, dado que es el mayor vecino de la UE y un actor estratégico fundamental y de gran importancia «en el mercado energético de Europa» tiene que lograrse una mayor cooperación con Moscú, «imprescindible para la seguridad y la estabilidad de Europa» aunque no es a la UE a quien le corresponde dar pasos en ese sentido, sino a Rusia, que «debe favorecer la solución de conflictos de larga duración en el entorno estratégico que comparte con la Unión, algo que redundará en la estabilidad democrática de los países afectados y la seguridad de todos».
Conclusiones
La Estrategia de Seguridad Nacional es más amplia que una estrategia de defensa. Engloba tanto los aspectos militares como aquellos otros vinculados a la diplomacia, los recursos económicos o las consecuencias de la globalización. En todo el documento hay una constante vinculación entre lo público y lo privado (seguridad marítima, infraestructuras, contrainteligencia, flujos migratorios -aquí también con las ONGs-, seguridad energética, seguridad económica y financiera, ciberseguridad) y apelación al «libre mercado» que indica de forma clara las prioridades y que pone de manifiesto que parte de la seguridad de España depende de las grandes empresas y de los grandes agentes que operan en mercados financieros globales. Así se entiende la postura del gobierno español con la nacionalización de Repsol-YPF en Argentina, por ejemplo.
El cambio de concepto, de defensa a seguridad, no es nuevo pero ahora se refuerza. Si con el primero el objetivo era la defensa del territorio frente a una agresión, con el segundo se diluye el ejercicio del poder militar, aunque está totalmente presente incluso fuera de las fronteras, y se le da una proyección más amplia y dinámica enmarcando el tema en términos bilaterales para reforzar el poder coactivo, como se pone de manifiesto cuando se habla de la UE como «única organización en el mundo en disposición de combinar medios civiles y militares».
Desde esta visión amplia, lo que se muestra es un solapamiento entre los conceptos de seguridad y defensa. Por otra parte, la defensa estrictamente militar es un instrumento más de los que dispone el Estado, si bien, de utilización cada vez más amplia a través de la «internacionalización» de la misma, de manera que la participación en misiones internacionales bajo el paraguas de organizaciones internacionales -ONU, Organización OTAN, Unión Europea, etc.−, hace de la defensa militar un instrumento del Estado a disposición de su política exterior.
A estas alturas de la historia ya no hay lugar para la ingenuidad, aunque se revista de lenguaje «humanitario». Y menos cuando se recoge en las líneas de acción estratégicas que uno de los objetivos es «el fomento de la conciencia y cultura de defensa, pilares del apoyo de la sociedad española a la Defensa Nacional, prestando especial atención a la juventud».
Notas:
(2) Alberto Cruz, «La nueva estrategia de defensa de EEUU: el último intento por mantener el dominio mundial» http://www.nodo50.org/ceprid/spip.php?article1355
Alberto Cruz es periodista, politólogo y escritor. Su nuevo libro es «Las brujas de la noche. El 46 Regimiento ‘Taman’ de aviadoras soviéticas en la II Guerra Mundial», actualmente en imprenta y que será editado por La Caída con la colaboración del CEPRID.
Fuente: http://www.nodo50.org/ceprid/spip.php/dist/local/cache-vignettes/L50xH60/spip.php?article1684