Asistí, perplejo, este miércoles 27 de mayo, a la reunión que convocó el Vicerrector de Profesorado de la Universidad de León con el fin de explicar su propuesta de Plan de Dedicación Docente del profesorado de la Universidad. Durante toda la exposición nos habló de costes y gastos. Determinadas cuestiones, afirmaba, «implican gastos que no […]
Asistí, perplejo, este miércoles 27 de mayo, a la reunión que convocó el Vicerrector de Profesorado de la Universidad de León con el fin de explicar su propuesta de Plan de Dedicación Docente del profesorado de la Universidad. Durante toda la exposición nos habló de costes y gastos. Determinadas cuestiones, afirmaba, «implican gastos que no podemos asumir»; otras, «generan gastos adicionales» implanteables, explicaba. Me pregunté si me había equivocado de reunión. Porque parecía que estaba asistiendo a la presentación de un balance de cuentas de una gran multinacional, en vez de la explicación de un plan de docencia del profesorado de esta Universidad. El criterio fundamental que allí se barajaba era el económico. La preocupación recurrente parecía ser el «equilibrio presupuestario». La prioridad se había convertido en «hacer más con menos». Éste parecía ser el nuevo lema. Esto es lo que vienen denunciando desde hace meses los estudiantes ante el plan Bolonia: la mercantilización de la Universidad.
En este modelo se impone una forma «lógica» de gestión de las universidades proveniente del mundo mercantil. Una gestión por objetivos y rendimientos, donde los gestores universitarios están asumiendo que la universidad debería gobernarse como una empresa privada. La realidad es que se quiere gestionar la Universidad de forma mercantil con reducción de gasto a costa de calidad de la enseñanza y de las condiciones laborales del profesorado. Se quiere recortar gastos haciendo un ajuste de plantilla mediante la reducción del número de profesores y profesoras asociados (cuya finalidad, curiosamente, era lo que propone el Plan Bolonia, de vincular más la universidad y la sociedad: acercar el mundo real al ámbito universitario, desde su experiencia como profesionales).
¿Sobre quién va a recaer fundamentalmente toda la docencia que dejan? No sólo sobre los profesores y profesoras titulares de escuela, que en este Plan de Dedicación Docente se les quiere aumentar exponencialmente su carga docente (¿cómo van a poder investigar e innovar en esas condiciones?), sino también sobre todo el resto del profesorado, a la larga. Pero empiezan por el «eslabón más débil». No sólo supone una precarización de las condiciones laborales y un retroceso en los derechos conseguidos, sino una intensificación del trabajo del sector de profesores y profesoras de la Universidad que ya más docencia imparten. Esta no es la mejora de la calidad que nos prometían con el Plan Bolonia. Esta no es la «promoción de la cooperación Europea en aseguramiento de la calidad», objetivo central firmado y suscrito en la Declaración de Bolonia.
Esta nueva gestión, como ahora se denomina, crea además muchos más conflictos en la dinámica interna del profesorado, en donde unos y otros vamos a comenzar a enfrentarnos entre nosotros, tratando de que caiga sobre los otros la presión. Una reforma como la que se propone no puede ser a coste 0. ¿Por qué siempre el coste 0 es para los mismos y para lo mismo: educación, sanidad, etc.? Ya es hora que nuestros rectores empiecen a luchar y reivindicar de forma efectiva por recursos públicos para las universidades públicas, y no que se destine el dinero de nuestros impuestos a otros menesteres: rescatar bancos, empresas de automóviles, etc.
Queremos que «rescaten» las Universidades Públicas y destinen todos los recursos necesarios para que sean de calidad. Para que haya grupos realmente pequeños, para poder tutorizar, para que se haga investigación de calidad, para que haya innovación, para que el profesorado se pueda dedicar realmente a la docencia y a la investigación sin tener que estar dedicando parte de su tiempo a luchar, cada vez que a alguien se le ocurre hacer una reforma a coste 0, porque se le recortan sus ya escasos derechos laborales.
Recordemos que «primero, vinieron a por el personal de administración y servicio, pero como no lo éramos, no hablamos cuando lo privatizaron; después vinieron a por los estudiantes, y no hablamos porque tampoco lo éramos; ahora vienen a por nosotros, pero ya no queda nadie para luchar junto a nosotros y nosotras, ¿o sí?…». Quizás es la hora de que el profesorado y toda la comunidad universitaria cuente y se le escuche en el Plan de Bolonia que queremos.
¿No sería mejor que los rectores y las rectoras de las Universidades se negaran a gestionar la miseria? ¿No sería más adecuado que se unieran para hacer frente a una reforma a coste 0? ¿No defenderían mejor la Universidad Pública si, en vez de imponer condiciones laborales leoninas a sus compañeros y compañeras, que repercuten en la calidad docente, para ajustarse a un presupuesto insuficiente, aprendieran de los estudiantes y exigieran una reforma consensuada con toda la comunidad universitaria y suficientemente financiada? Si unos cuantos rectores y rectoras de nuestras Universidades se «encerraran», dimitieran o simplemente se negaran taxativamente a aplicar esta reforma, exigiendo una auténtica reforma financiada y consensuada, como han hecho los rectores franceses, «otro gallo cantaría». Quizá entonces las Administraciones educativas, que nos están imponiendo este Plan Bolonia, se lo pensaran.
Es así como nos gustaría ver a nuestros equipos rectorales, defendiendo los derechos de las comunidades universitarias y no defendiendo costes 0, criterios económicos de reducción de plantillas, intensificación y precarización de condiciones laborales que nada tienen que ver con construir una universidad realmente al servicio de toda la sociedad para hacerla más justa, más sabia, más universal, más equitativa y más comprensiva.
Enrique Javier Díez Gutiérrez es profesor titular de la Facultad de Educación (Universidad de León)