A continuación, el artículo toma como referencia lo señalado por la declaración que realiza Europa Laica ante la reforma educativa de la LOMCE.

En síntesis, tenemos que subrayar que por principios en un Estado laico ni la religión debe impartirse en los centros educativos públicos ni los centros privados deben estar subvencionados con fondos públicos.

A pesar de que la ley mantiene una escuela confesional y segregadora, no es óbice para que las patronales católicas, los obispos, además de los grupos políticos y medios afines como el PP, Cs y VOX organicen movilizaciones y difundan noticias falsas sobre la LOMLOE, con la finalidad de continuar con los actuales privilegios y si es posible sacar nuevas ventajas, como viene sucediendo desde hace muchos años.

Desde aquellos sectores se quiere condicionar a la opinión pública con mensajes que enturbian la realidad educativa por ser mentirosos. A continuación, nos referimos a algunos de ellos:

1.- Por un lado, no se acaba con la enseñanza concertada, los centros privados en su inmensa mayoría en manos de la Iglesia Católica seguirán disfrutando de fuertes subvenciones públicas. Así, en Extremadura, la Junta de Extremadura concede aproximadamente más de 100 millones de euros a los centros concertados para la impartición de las diferentes enseñanzas.

La garantía del derecho universal e igual a la educación es responsabilidad del Estado, que debe garantizar centros y plazas públicas para el conjunto del alumnado y no favorecer con fondos públicos la competencia de centros privados y confesionales dogmáticos.

2.- Tampoco, se acaba con la educación especial. La Ley sigue el marco de referencia de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, firmada por España en 2008, (al ser una convención internacional ratificada por el país es obligatorio, en el rango jerárquico está solo por debajo de la Constitución) y señala que todos los niños tienen derecho a una educación inclusiva en un centro ordinario.

En base a ello, el Gobierno, en colaboración con las Administraciones educativas, desarrollará un plan para que, en el plazo de diez años los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad».

También, en referencia a los centros de Educación Especial, la ley añade: «Las Administraciones educativas continuarán prestando el apoyo necesario a los centros de educación especial para que estos, además de escolarizar a los alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada, desempeñen la función de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios».

3.- Se Mantiene la religión en el currículo y en el horario lectivo obligatorio. Se anula algo que resulta obvio, la nota de religión no cuenta para la media, ni influirá como sí lo hacía en la arcaica ley Wert para el acceso a becas, ni para la entrada en la universidad.

El hecho de que no tenga una asignatura alternativa no es un avance real y obligará a que las enseñanzas de religión se tengan que poner a primera o a última hora para que no queden espacios libres dentro del horario lectivo, y no distorsionen el conjunto de los horarios.

Además, la presencia de la religión en el horario lectivo obliga a que se pierdan gran cantidad de horas lectivas de las asignaturas del currículo ordinario común. La solución es sacarla de la escuela pública.

4.- Como muy bien señala Europa Laica, los miles de “delegados diocesanos” designados por los obispados, para impartir religión católica, se mantienen en los centros escolares, cuya misión es catequizar y hacer proselitismo religioso, además de participar e influir ideológicamente en los órganos de gestión de los centros, al tener los mismos derechos laborales que los docentes que han accedido a la función pública por mérito y capacidad.

Por cierto, estos delegados diocesanos son elegidos por el obispado, pero contratados y pagados por el Estado.

5.- Otra cuestión que molesta enormemente a las patronales católicas es todo lo que se desprende de la prohibición de que los centros privados cobren cuotas a las familias por la realización de actividades complementarias dentro del horario lectivo. La nueva ley obliga a las administraciones educativas de las CCAA a controlar que no se paguen cuotas. Esta cuestión, “paga quien puede”, es un elemento detrás del que se esconde la segregación y la selección del alumnado en ciertos centros concertados.

6.- Respecto a la manipulación que estos sectores sociales están utilizando con la eliminación de la expresión vehicular para la lengua castellana, hay que indicar que esta expresión de VEHICULAR no existía antes de 2013, se la inventó WERT cuando aprobó el PP la ley por mayoría absoluta sin consenso alguno. La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), conocida como ley Wert, establecía que «el castellano es lengua vehicular de la enseñanza en todo el Estado y las lenguas cooficiales lo son también en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos y normativa aplicable».

En el art. 89 de la nueva ley se indica que: «Las Administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con la Constitución Española, los Estatutos de Autonomía y la normativa aplicable». Esto ya funcionaba así de hecho en años anteriores. La Ley Celaá se limita a suprimir que «el castellano y las lenguas cooficiales tienen la consideración de lenguas vehiculares»

No obstante, es una afirmación que las Administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano, lengua oficial del Estado, y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios. El castellano y las lenguas cooficiales tienen la consideración de lenguas vehiculares, de acuerdo con la normativa aplicable.

En el caso de la Comunidad de Madrid la lengua vehicular en la práctica es el inglés pues es en el que se imparten la mayoría de las enseñanzas, ya que sólo se dan en castellano la lengua castellana y las matemáticas

7.- La nueva Ley elimina de su articulado la expresión «demanda social», que se inventó José María Aznar (2002, luego suprimida por Zapatero y recuperada por Wert), y que ha sido utilizado por algunas comunidades autónomas para ceder suelo público de modo gratuito a empresas privadas justificando la necesidad de centros educativos ante la demanda de alumnado.

En el art.56, la LOMLOE, aclara que para que haya una garantía de plazas la escuela pública debe ofrecer el número suficiente de plazas para el alumnado, incrementando progresivamente los puestos escolares en la red de centros de titularidad pública. En este sentido la LOMLOE establece que la creación de nuevos centros se hará teniendo en cuenta la oferta existente de centros públicos».

8.- Europa Laica advierte que se sigue sin impedir que en los centros escolares de la red pública haya simbología religiosa e ideológica de cualquier naturaleza, situación que todavía genera conflictos. La LOMLOE, si bien, inicialmente, anula algunas cuestiones onerosas para la escuela pública que contenía la anterior reforma (LOMCE), incomprensiblemente sigue sin cumplir la PNL aprobada el 18-2-2018, por grupos parlamentarios que respaldan la nueva reforma y que exigían al Gobierno:

a- Garantizar el imprescindible carácter laico que debe revestir la Escuela como institución pública, dejando la religión confesional fuera del sistema educativo oficial, es decir, del currículo y del ámbito escolar.

b- Denunciar y derogar los Acuerdos del Estado español con la Santa Sede, así como los suscritos en el mismo sentido con otras confesiones religiosas, obligando al gobierno a proceder para el cumplimiento de ese mandato.