CEAR lamenta que el gobierno no haya tenido en cuenta las recomendaciones de diversas organizaciones sociales para que la nueva ley de extranjería no ponga obstáculos a las mujeres extranjeras en situación irregular que quieran denunciar situaciones de violencia de género. De acuerdo al texto que se votará en el Congreso el próximo 26 de […]
CEAR lamenta que el gobierno no haya tenido en cuenta las recomendaciones de diversas organizaciones sociales para que la nueva ley de extranjería no ponga obstáculos a las mujeres extranjeras en situación irregular que quieran denunciar situaciones de violencia de género.
De acuerdo al texto que se votará en el Congreso el próximo 26 de noviembre, cuando una mujer extranjera en situación irregular acuda a denunciar violencia contra ella, le será abierto expediente sancionador, que quedará en suspenso hasta que se resuelva el proceso por violencia de género. Para CEAR, esto desincentiva la presentación de denuncias -que de por sí son menos que el número de agresiones- por el miedo de las víctimas a ser sancionadas por su situación irregular.
Abrir un expediente de expulsión a estas mujeres con la justificación de que si se demuestra la agresión contra ellas se cierra el proceso de expulsión, implica también desconocimiento de la realidad del maltrato, que muchas veces no es condenado por la falta de pruebas o porque algunas mujeres retiran la denuncia antes del fin del proceso. Igualmente, aducir que con esta medida se evitan los abusos (es decir, que las denuncias puedan ser usadas para conseguir el permiso de residencia), es no querer ver que ya la ley tiene suficientes mecanismos para evitar fraudes, sin necesidad de colocar a todas las mujeres que acudan a denunciar bajo sospecha. CEAR lamenta, por otro lado, que la ley de extranjería establezca expresamente la violencia de género como el único delito que al denunciarse conlleve la apertura de un expediente en caso de situación de irregularidad del denunciante.
CEAR considera que sobre la ley de extranjería debería primar la protección de los derechos constitucionales a la integridad física y moral de la mujer, lo que pasa inevitablemente por la denuncia de cualquier forma de violencia que los menoscabe. Por lo tanto, cualquier obstáculo que impida o desincentive que la mujer víctima de violencia de género denuncie, debe ser eliminado.
Información complementaria:
Artículo 31 bis.2 del Proyecto de Ley Orgánica de la Ley de Extranjería que será votado en el Congreso el próximo 26 de noviembre: «si al denunciarse una situación de violencia de género contra una mujer extranjera se pusiera de manifiesto su situación irregular, el expediente administrativo sancionador incoado por infracción del art. 53.1.a) de esta Ley será suspendido por el instructor hasta la resolución del procedimiento penal.»