La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha recomendado al Estado español que abarate el despido de trabajadores indefinidos y promueva un modelo único de contrato «entre el temporal y el fijo» que reduzcan las compensaciones al empleado en caso de despido. Además, aconseja que se permita a las empresas negociar pactos […]
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha recomendado al Estado español que abarate el despido de trabajadores indefinidos y promueva un modelo único de contrato «entre el temporal y el fijo» que reduzcan las compensaciones al empleado en caso de despido. Además, aconseja que se permita a las empresas negociar pactos al margen de convenios provinciales o sectoriales.
En su informe anual sobre fórmulas para acelerar el crecimiento, la OCDE hace varias recomendaciones al Estado español para mejorar las que considera dos de sus principales carencias: la escasa productividad y eficiencia del sistema de regulación laboral.
«El alto nivel de compensaciones a los trabajadores indefinidos, sobre todo en comparación con los temporales, ha creado un segmento dentro del mercado laboral que genera un efecto negativo sobre el crecimiento de la productividad y la innovación», asegura la OCDE.
Por ello plantea reducir el coste del despido de trabajadores estables mediante contribuciones que la empresa y los propios empleados realizarían a una cuenta para indemnizaciones. Las aportaciones estarían relacionadas con los beneficios de la empresa.
El economista jefe de la organización, Jean-Philippe Cotis, abogó en favor de un contrato de trabajo único que suponga «un término medio» entre el temporal y el fijo para atenuar la creciente dualidad en los salarios que se constata a causa de la globalización y las nuevas tecnologías. La idea es «un contrato de trabajo más protector para los jóvenes» y menos para las personas que llevan ya mucho tiempo porque «hay que salir del sistema dual» del mercado laboral, señaló Cotis en la presentación del informe.
Otra de las recomendaciones es permitir a las empresas negociar al margen de los convenios sectoriales y provinciales y limitar la presencia de la administración en los convenios colectivos porque, en opinión de la OCDE, las negociaciones a niveles provinciales y sectoriales hacen que «algunos sectores y algunas regiones disfruten de condiciones mejores que otros».
Malos y buenos ejemplos
Puso al Estado español, al Estado francés y a Alemania como ejemplo de mercados donde la protección del empleo fijo «es muy estricto y jóvenes y mujeres están excluidos del empleo y sufren carreras erráticas».
Afirmó que la experiencia de otros estados europeos muestra que se puede conseguir «un sistema más equitativo y propone contratos permanentes en los que los costos por despido sean menos imprevisibles para las empresas y aseguren a los trabajadores garantías suficientes en términos de ingresos y de reinserción en el empleo».
Cotis señaló que se constata un creciente dualismo en el mercado de trabajo en Europa, pero también en Japón o en Corea del Sur, entre los que tienen protección en el puesto de trabajo -por lo general gracias a un contrato indefinido- y los que no. Según Cotis, entre los «buenos alumnos» en términos de las reformas propuestas figuran Estados Unidos, los países escandinavos, Australia, Nueva Zelanda, Canadá o Gran Bretaña, a los que últimamente se están añadiendo otros como Alemania o Italia. Otra de las recomendaciones se refiere a un reajuste del sistema de pensiones para reducir los incentivos a algunas categorías de trabajadores para jubilarse de forma anticipada.
Por otra parte, aconseja eliminar límites al establecimiento de grandes superficies comerciales para «mejorar la competitividad en el sector minorista». Puesto que estas limitaciones, suelen ponerse por gobiernos autonómicos, la OCDE indica que podría ser el Gobierno estatal, conforme a los estipulado por la UE, el que decida sobre esta materia.
Por último, Cotis manifestó su temor de que el actual parón en la integración europea detenga la liberalización prevista en los mercados de productos y servicios, así como las reformas económicas en los países de la Unión.