Traducido para Rebelión por Ramon Bofarull
La okupación suele tener como compañeras de viaje a las operaciones policiales y la criminalización, pero, según dicen los miembros del movimiento, su objetivo es materializar el derecho a la vivienda. La okupación suele estar en la encrucijada entre la defensa de la propiedad privada y la función social del uso de los espacios; entre el daño que infligen al sistema económico y las administraciones públicas y los beneficios que aportan a los vecinos de la zona. Pero ¿es delito limpiar, pintar, reutilizar y dar vitalidad a un edificio abandonado? ¿Puede ser delito si el objetivo de la acción es reivindicar y materializar el derecho a la vivienda?
«El delito, por definición, es una conducta que, a juicio de la sociedad, debe castigarse», responde el miembro de la Oficina de Okupación de Bilbao y abogado Iñaki Carro. Aporta un dato llamativo en torno a los casos de usurpación que ha examinado la Audiencia Provincial de Bizkaia: en casi 200 sentencias, dos tercios de los jueces se han pronunciado por el archivo o la absolución. Pone como ejemplo un caso de principios de 2009, cuando juzgaron a veinte jóvenes que habían ocupado una casa de la calle Ribera de Bilbao: «Todos reconocieron que habían vivido en la casa y algunos incluso lanzaron un discurso político contra la especulación. Ocurrió lo que esperábamos: la absolución.»
Así, ¿cuándo empieza y cuándo acaba el delito? «Normalmente, la clave es que el edificio esté abandonado», explica el abogado. Sin embargo, el concepto de abandono también puede ser subjetivo, incluso mensurado desde la perspectiva temporal: «El Código civil considera abandono tener el edificio sin utilizar durante un año; a mí me parece poco. Normalmente, se habla claramente de abandono a partir de diez años.» Pero, en opinión de Carro, los jueces consideran la dimensión cualitativa, esto es, «que el edificio no cumpla su función social». En efecto, ése es el límite, a juicio del abogado, que tiene la propiedad privada. «La gente se equivoca si piensa que los propietarios tienen derecho a tener la casa vacía. No existen derechos absolutos: la función social de la propiedad debe respetarse, y dejar abandonada una vivienda es contrario a ella, es hacer mal uso de la propiedad.»
Según la Oficina de Okupación de Bilbao, sólo en la capital vizcaína hay 16.000 viviendas vacías. «Pero sólo sacan al mercado 200», explica el abogado; a consecuencia de ello, el precio de alquileres e hipotecas aumenta terriblemente. «Si hubiera una oferta de 16.000, serían más baratos. Conscientes de ello o no, quienes tienen las casas deshabitadas están subiendo los precios artificialmente.» El objetivo del movimiento okupa es precisamente «luchar contra la espiral de la especulación». Y así lo entienden los jueces. Carro explica que «el Código civil dice que puedes convertirte en propietario de una casa si vives en ella 30 años». «En consideración a ello, los jueces concluyen que la okupación no es delito.» «Al contrario», añade, para expresar que el delito debería ser abandonar viviendas y especular con ellas. Habría base para ello en la Constitución española: «el artículo 47 dice que todos los ciudadanos tiene derecho a una vivienda y que los poderes públicos deben regular el uso del suelo para evitar la especulación».
De las vías civiles a las penales
La legislación, empero, ha optado por criminalizar la okupación. En 1995, el Código penal español la tipificó como delito y, lo que hasta entonces se había dirimido por la vía civil, pasó a la vía penal. «Da la opción de imponer condenas de dos años y cuatro meses, pero nunca se ha aplicado nada semejante», especifica el doctor en Ciencias Políticas por la Universitat Autònoma de Barcelona y profesor de Sociología Robert González, que ha investigado la influencia de la okupación en las políticas públicas. El peor efecto que ha tenido ha sido en las políticas sobre orden público: la represión. «Pero en el sistema judicial ha habido críticas, considerando que, en lo tocante al derecho a la vivienda, el legislador ha ido demasiado lejos en la defensa de la propiedad privada.» Hay, por tanto, una gran diferencia entre lo que concluyen los tribunales y lo que proclaman otras instituciones públicas. González afirma que «los poderes públicos realizan sobre todo discursos criminalizatorios, pero, en la práctica, el código penal jamás se ha aplicado hasta el final». «Parece que el propio sistema se ha percatado de que la represión contra este movimiento es desmesurada.»
A juicio del sociólogo, empero, esos discursos institucionales no son casuales: «Son un intento de legitimar la represión contra el movimiento. La okupación les hace daño, ya que denuncia las injusticias del sistema capitalista.» «Obstaculizamos el modelo de ciudad que aparece en las postales», añade Asier, miembro de la asamblea de Kukutza, en alusión al Ayuntamiento de Bilbao: «llegamos a convertirnos en un punto de referencia y eso les escocía». En septiembre desalojaron y derribaron el gaztetxe de Errekalde. Durante esos días, Kukutza III se convirtió en símbolo del reconocimiento que tiene la okupación en la sociedad y muestra de ello fueron las brigadas de resistencia, el apoyo de los agentes y las protestas. «Se legitimó la okupación», dice Asier, y añade que también cambió la mala fama del movimiento: «Muchos pensaban que la okupación eran unos cuantos punks que te entraban en casa cuando estabas de vacaciones, pero creo que vieron que somos gente normal, que hay pluralidad en el movimiento y que nos une un problema: la falta de vivienda para los jóvenes y de espacios públicos para crear y hablar». A su lado tiene a Ibai, también de Kukutza, y a Gisèle, miembro del gaztetxe de 7katu de Bilbao. Más allá del «impresionante eco mediático» de aquellos días, Gisèle prefiere destacar el trabajo realizado durante trece años: «el apoyo de la gente se obtiene con el trabajo cotidiano y así sucedió con Kukutza: cuando empezó todo el jaleo casi la mayor parte del barrio estaba a nuestro favor».
Fuera del País Vasco, a González, además de Kukutza, le quedaron clavadas en la memoria las «manifestaciones gigantescas» contra el desalojo del gaztetxe Euskal Jai, que funcionó en Pamplona entre 1994 y 2004: «Lograron amplio apoyo, por encima de las campañas mediáticas y las declaraciones de los poderes políticos. Al cabo, el discurso del movimiento okupa se compadece con el buen sentido de muchos habitantes». Cita diversas investigaciones para confirmar que el movimiento tiene «un alto nivel de simpatía, sobre todo porque se percatan de la injusticia que denuncia». Por eso, al hablar de legitimación social, el sociólogo distingue entre dos percepciones: por un lado, la tendencia de la opinión pública, conducida por los grandes medios de comunicación, y, por el otro, la de quienes viven cerca de los edificios ocupados. Él también conoció Kukutza: «Los vecinos ven con buenos ojos ese tipo de casas sociales: se han fortalecido durante muchos años, funcionan abiertas al barrio, realizan actividades plurales…». En el propio movimiento se trabaja esa convivencia. «En el barrio, hemos trabajado mucho para explicar a los vecinos la idea de la okupación», explica Gisèle, hablando de 7katu. Admite que recién ocupado un local o un edificio los vecinos suelen tener miedo, «porque lo gestionará la asamblea, porque esa asamblea la forman jóvenes…». Pero, al final, la vida cotidiana demuestra su trabajo: «intentamos no hacer demasiado ruido, nos reunimos con los vecinos, les decimos que vengan si tienen problemas…».
Los que viven en el edificio recientemente ocupado en Dendarikale de Bilbao también están «muy contentos», según el abogado Carro. Es habitual: «cuando en una casa no vive nadie, hay mucha humedad, suciedad, aparecen ratones, plagas, etc.».
Grietas en el sistema
A juicio de Carro, es parte de la estrategia de muchas empresas: «compran un edificio histórico y, como los ayuntamientos no les darán permiso para derribarlo, esperan a que se caiga solo». La okupación les malogra los planes, «les rompe el negocio». Esa grieta del sistema capitalista es precisamente la que quieren activar, en palabras de Ibai: «La especulación ha sido para muchos un modo fácil de lograr dinero y el movimiento okupa ha actuado muy bien contra ese sistema. Tienen las casas vacías y sin uso para especular. ¿Cómo actuar contra eso? Ocupando y dándoles vida.» No obstante, en opinión de González, la okupación, «desafortunadamente», no ha tenido mucha influencia en el ámbito de la vivienda: «el sector de los constructores y las finanzas domina las políticas de vivienda y el sector privado es muy cerrado al influjo de los movimientos sociales». En cambio, la influencia del movimiento ha sido más perceptible en las políticas públicas dirigidas a los jóvenes, «a pesar de que la política no es un espacio nuclear». En muchos lugares, los jóvenes han obtenido un espacio, mediante acuerdos con la administración local. El sociólogo considera que esos acuerdos legitiman al movimiento: «el hecho de dar un espacio demuestra que existía la necesidad de ese espacio». El Local de Jóvenes de Deusto, en Bilbao, acaba de cumplir veinte años así. En la misma época se acordó también el Local de Jóvenes de Irala «y el ayuntamiento lo cerró de un día para otro», como recuerda Gisèle: «hubo un cambio generacional, necesitaban tiempo para ir aprendiendo, se estaban poniendo en marcha… pero el ayuntamiento decidió que el proyecto no iba a ninguna parte».
González reconoce que en los acuerdos se detectan grandes contradicciones. Por ejemplo, es extraño que las negociaciones fueran más fáciles en Madrid, con el PP tanto en el ayuntamiento como en la comunidad, que en Cataluña con el gobierno tripartito de PSC-ERC-ICV. «Los partidos políticos no están dispuestos a dar vía a la autogestión. Y los partidos de izquierda, además, consideran al movimiento okupa como un competidor, de cara a sus bases sociales, y no le quieren dar más espacio.» Precisamente uno de los debates de actualidad en el seno del movimiento es la relación con las administraciones públicas. «No las necesitamos», dice Asier. «Hemos demostrado que somos capaces de autogestionarnos.» Ibai destaca la importancia de la necesidad de actuar críticamente: «Creo que las relaciones con las instituciones deben ser de confrontación, siempre y en todos los ámbitos. Las subvenciones, al cabo, son una forma de control.» Gisèle declara que «eso crea grietas en el sistema: ser dueños de nosotros mismos y que la creación esté por encima del dinero». Además, la práctica les ha demostrado que las relaciones con las administraciones son «imposibles». Asier recuerda lo ocurrido con Kukutza: «nos reunimos con el Ayuntamiento, recogimos firmas, propusimos soluciones y no sirvió para nada; se burlaron de nosotros; nos engañaron».
El sábado, la reivindicación a la calle
La desaparición del gaztetxe de Errekalde ha dejado «huérfano» al movimiento okupa. Era un «punto de referencia», dice Gisèle, porque era un edificio muy grande, se hacía de todo. «Eso implicó un trabajo en el modo de organización, que acaso no se haga en otros gaztetxe porque el espacio no lo exige.» Pero ha dejado otra pérdida, más evidente: «el propio espacio ya no está y quienes estaban allí tienen problemas para proseguir sus actividades». 7katu también se ha convertido en punto de referencia: «simbólico, porque nos han echado cuatro veces y lo hemos ocupado cinco». A partir del jueves, celebrarán el quinto aniversario y, el sábado, realizarán una manifestación en Bilbao. Para decir que, después del derribo de Kukutza, siguen con ganas. Para proclamar que la okupación es un movimiento social. Pero Asier va más allá: «La vivienda es básica, necesaria, y la están utilizando, están jugando con los sentimientos de la gente. El modelo del ladrillo es insostenible, además de económicamente, también por los valores que trae consigo. La okupación puede ser una salida, pero, para mí, también es un modo de vida. Yo vivo ocupando, en una casa ocupada. A veces lo que es difícil también es bonito.»
Fuente: Berria, 25 de enero de 2012
http://paperekoa.berria.info/harian/2012-01-25/020/001/delitua_ala_eskubidea.htm