La okupación y la lucha contra el cinismo insostenible

 

 

 

 

Panorama general

 

 

Vivimos tiempos de confusión: Formalmente, vivimos en una sociedad democrática en la que elegimos a nuestros representantes y emitimos nuestra opinión sobre sus políticas cada 4 años. Sin embargo, en esta democracia postmoderna no existe el referéndum, único procedimiento de consulta ciudadana verdaderamente participativo que permite la intervención directa del pueblo en las decisiones que le afectan. Además, los partidos políticos no se diferencian en cuestiones relevantes sino que participan del consenso con un modo de producción imperialista que mantiene en la miseria a la mitad de la población del planeta. ¿Dónde está la izquierda? ¿Qué opción política parlamentaria tiene en su ideario la transformación del capitalismo, aunque sólo sea hacia un capitalismo de rostro humano como pretendía el reformismo clásico? La destrucción de la clase obrera occidental (fragmentada, precarizada y sometida a la competencia salvaje de la clase obrera de los países emergentes, ante todo China e India) ha sido el correlato de esa hegemonía aparente del capital. El ejército de precarios, trabajadores temporales, parados, emigrantes, ha sido estimulado por la desaparición de la industria clásica de tipo fordista (y su sustitución por un sector servicios en el que priman los contratos basura) y las tácticas de expropiación de la riqueza social que permanentemente practican los poderes públicos al servicio del sector más parasitario del capital (la banca y el ladrillo).

Así pues, dejémonos de pamplinas y de paños calientes, el poder público no se distingue esencialmente del privado y está al servicio de la gran banca y de las multinacionales cuya política determina la distribución de la riqueza a nivel mundial (hablar de distribución es un sarcasmo, sería más adecuado hablar de expropiación, ya que 2000 millones de personas sobreviven con menos de 2 dólares diarios).

A medida que la economía se ha ido terciarizando, la dependencia de la banca y del capital por parte de las administraciones públicas ha crecido, integrándose en el circuito de la acumulación con dos funciones principales (nada nuevas por otro lado: en la crisis del 29 el gobierno americano se encargó de garantizar las condiciones económicas para una recuperación de la tasa de ganancia mediante el estímulo directo de la actividad productiva que no llevaba a cabo el sector privado por falta de rentabilidad): asegurar las infraestructuras necesarias (carreteras, mano de obra barata y reformas urbanísticas de estímulo de la actividad comercial) para la inversión productiva de la empresa privada, y crear un ejército de precarios al servicio de las cambiantes necesidades explotadoras del capital privado (ahí está el monumento a la chapuza educativa que es la LOGSE, auténtica fábrica de analfabetos funcionales listos para caer en la tupida red de contratos basura).

En el caso español, la «calidad democrática» se pone de manifiesto, por centrar el tema que nos ocupa, en la servidumbre de la política urbanística y de infraestructuras de todas las administraciones (pero sobretodo la municipal, que es la hermanita de la caridad del Estado central y autonómico al carecer de fuentes de financiación propias suficientes para su autonomía financiera), a las necesidades de acumulación del capital privado, que es el que escoge los «nichos» de inversión más lucrativos (en el caso hispano, el omnipotente ladrillo, que absorbe la quinta parte de la economía española) para transmitirle al diligente ayuntamiento de turno, necesitado de financiación desesperadamente, donde hacer las correspondientes recalificaciones urbanísticas para «dinamizar» la economía y de paso ingresar abundantes plusvalías vendiendo suelo «público» a estos prebostes inmobiliarios que son quienes realmente «cortan el bacalao» y no el patético ayuntamiento lacayo.

Ahí tenemos la auténtica faz de la democracia formal convertida en un fascismo postmoderno (1) donde, (como en la caverna platónica) nada es lo que parece y, en la frase del poeta, «el rostro del verdugo está siempre bien oculto» y los relaciones públicas encargados de engañar al pueblo son los políticos profesionales, que bajo todo el oropel de democracia, civismo, tolerancia, sostenibilidad y demás pamplinas, son totalmente partícipes de la expropiación de los derechos básicos del pueblo (como tener un techo asequible donde vivir sin ir más lejos), colaborando estrechamente con las prácticas especulativas de los «tiburones» de la banca y las inmobiliarias.

Así pues, (a fuer de reducir las sutilezas de los académicos y de llamar a las cosas por su nombre) el estado es la alcahueta del capital, del que recibe generosas compensaciones por ello (esto sin hablar de la corrupción y el nepotismo de las comisiones, y los contactos íntimos de las constructoras y bancos con los planificadores municipales a la hora de decidir dónde mandar a las excavadoras).

En el caso de los ayuntamientos, su dependencia financiera de los grandes promotores y constructores inmobiliarios (coordinados por la gran banca que es el «padrino» de todos ellos) les hace incapaces de realizar políticas realmente democráticas que choquen contra la tendencia a la máxima valorización de la vida humana, a convertir todos los aspectos de la vida en mercancía (no es ninguna «boutade» afirmar que en el ayuntamiento de Barcelona manda más Núñez&Navarro que cualquier cargo electo).

La exclusión de una parte creciente de la población del mercado inmobiliario es una muestra palmaria del grado de subordinación de las políticas públicas al «becerro de oro».

Por poner un ejemplo más, en el caso de los planes de la Generalitat para adecentar los cascos antiguos de Cataluña, se habla siempre, en la propaganda de los politicastros, de mejorar las condiciones de vida de la población realmente residente, cuando la intención real es expulsarles de su barrio de toda la vida para sustituirles por población de mayor poder adquisitivo que pueda «dinamizar» la actividad económica de la zona y ayudar al comercio y el turismo a hacer su «agosto» con la Marca Barcelona. ¿Cómo puede autodenominarse una sociedad democrática cuando en 25 años de ayuntamientos con esa etiqueta no ha habido un solo referéndum o consulta popular, y las decisiones realmente relevantes para la vida de sus ciudadanos se hurtan vergonzantemente de cualquier debate público?, por seguir con el ejemplo que conozco más de cerca ¿quién decidió declarar Ciutat Vella «área de rehabilitación integral» (en los términos del plan ARI de 1985) para acometer a continuación todas las reformas urbanas que hemos visto en los últimos años (el mamotreto del Macba significó la expulsión de centenares de familias «marginales» para «esponjar» una zona y llenarla con boutiques y bares de moda, por no hablar de la macroreforma de la rambla del Raval) con el fin descarado de sustituir su población (proceso llamado «gentrification» o ennoblecimiento de una zona concreta) por otra más «fashion» y mejor consumidora para beneficiar la actividad comercial y turística? ¿quién era el señor Bohigas, (ilustre preboste municipal y capo de los arquitectos planificadores del futuro de la ciudad), y su corte de gestores que gustan llamarse urbanistas, para decidir lo que convenía al futuro de la ciudad y de sus gentes? Cuando las decisiones relevantes para la vida cotidiana de la gente están en manos de «comisarios políticos» de este jaez, que además adoptan la postura vergonzante de ocultar con todo tipo de campañas de propaganda y de velos pseudodemocráticos (civismo, sostenibilidad, tolerancia interracial y demás memeces) la fuente de la que mana su poder, entonces ya no hablamos de democracia, sino de fascismo, pero no del fascismo clásico que hacía gala de su programa de siervo del imperialismo alemán e italiano, sino de uno mucho más refinado, que hemos llamado postmoderno, y que sustenta su permanente necesidad de autolegitimación, en toda la parafernalia de sus slóganes metafísicos de armonía y bienestar, mientras negocia con su majestad » la caixa» la próxima recalificación urbanística a llevar a cabo para mayor gloria de la sagrada inversión privada.

 

El cinismo insostenible y el derecho ciudadano a la vivienda

 

«Beneficios obtenidos por el Ayuntamiento de Barcelona en sus operaciones de especulación inmobiliaria entre 1990 y 2002: 162 millones de euros (de los que 66 se obtuvieron en recalificaciones de suelo público en subastas durante 2002). Sólo con el suelo puesto a subasta en 2002 el Ayuntamiento hubiera podido edificar 1.000 pisos protegidos (15/5/03)». La Vanguardia

 

 

 

Sigamos con el caso del sector inmobiliario, nudo gordiano de la estructura económica actual (actualmente representa el 20% del producto interior bruto español). La principal transformación macroeconómica de la economía española ha sido el abandono creciente de las actividades industriales clásicas (siderurgia, automoción, minería, etc.)y su sustitución por la eclosión del sector inmobiliario, el turismo y todo tipo de servicios de gestión empresarial para engrasar mejor la maquinaria especulativa (asesorías fiscales, gabinetes jurídicos, gestorías, agencias turísticas…).

Así pues, vivimos en un país dependiente (con un déficit exterior astronómico), sin una estructura industrial potente (ya que la piel de toro carece de multinacionales importantes a nivel mundial excepto los antiguos monopolios privatizados: telefónica, repsol, etc.), que basa como siempre su poder en la expropiación de riqueza de los trabajadores nacionales e inmigrantes extranjeros (la política agraria de la UE protege al sector agrícola interno con aranceles prohibitivos para los productos extranjeros, provocando la miseria y el hambre en los países de origen que se ven incapacitados de dar salida a su producción y manteniendo un sector agrícola improductivo y parasitario en la vieja Europa, destruyendo toneladas de alimentos básicos para especular con la subida del precio).

De este modo, la salida de la clase empresarial española ante su abandono de las inversiones industriales clásicas ha sido la concentración de capital en el sector inmobiliario con la complicidad de las políticas de suelo de las administraciones clientes, para obtener así un territorio donde rentabilizar sus necesidades de inversión.

Vemos así como el sector de la vivienda, bien de consumo básico considerado por nuestra sacrosanta constitución como derecho ciudadano fundamental, se convierte en un mercado especulativo que deja sin techo digno a la mitad de la población, por mor de la necesidad desesperada de encontrar nuevos nichos de inversión productiva para el capital privado, y con los ayuntamientos democráticos colaborando con su política de suelo en esta expropiación de los derechos ciudadanos haciendo políticas «de final de cañería». Es decir: después de expulsar de sus hogares a miles de ciudadanos por expropiaciones y desahucios, el solícito ayuntamiento y toda su red de asociaciones y Ong’s clientes se encargan de incluirles en la tupida red asistencial, para que no se mueran de hambre y, sobretodo, que no se quejen amargamente de su paupérrima condición ni sepan señalar o pedir responsabilidades a los culpables.

Esta es la tarea real de toda la red de asociacionismo creada por los jerarcas de los servicios culturales municipales (ahí está la red de asociaciones Tot Raval, sucursal del ayuntamiento en el barrio, que proporciona todo tipo de festejos y diversiones para olvidar las miserias de la vida cotidiana, ya se sabe cómo funciona el truco: démosle entretenimiento al pueblo para que no se queje de su exclusión de las decisiones que le afectan y se sienta mimado y atendido por sus administradores). Estas son las políticas de «final de cañería», o como decían los déspotas «ilustrados»: todo para el pueblo, pero sin el pueblo.

Las consecuencias las vemos día a día en la creciente fractura social entre los hipotecados, endeudados hasta las cejas, y los que no tienen una nómina estable, lo que les cierra el acceso al mercado inmobiliario. La juventud precarizada (en España se firman un 80% o más de contratos temporales, sobretodo para jóvenes) ve cortado su acceso a la independencia personal, conformándose con encontrar una habitación minúscula por 250 euros o continuando su dependencia familiar hasta la senectud.

Sin embargo, pese a estas condiciones draconianas de supervivencia, la contestación y la rebeldía brillan por su ausencia y ya se encarga el ayuntamiento fascista de reducir las caóticas explosiones sociales a asuntos de seguridad ciudadana, competencia de las fuerzas de seguridad y de los tribunales de «orden público».

Pero esta pantalla no logra ocultar el carácter político de esta lucha, pues la propiedad privada es el fundamento de nuestra sociedad y todo el aparato propagandístico y represivo de los prebostes municipales se basa en la criminalización de cualquier intento de poner en cuestión la especulación privada sobre los recursos colectivos (el suelo es un bien «no producido», colectivo por definición, y, sin embargo, es la raíz de toda la maquinaria especulativa de plusvalías y comisiones).

Más ejemplos (y sin salir del terreno del reformismo, que pretende dar «bocados» al capital sin alterar su fuente de poder: la propiedad privada y la explotación laboral): ¿qué tipo de socialismo «democrático» es aquel que, ante una situación de exclusión del mercado inmobiliario de una parte creciente de la población, mantiene los 100.000 pisos vacíos de la ciudad de barcelona sin una sola medida fiscal o política que facilite su puesta en circulación? ¿qué medidas se están tomando, para detener la acumulación de segundas y terceras residencias, para impedir que se acumulen «sine die»con fines exclusivamente especulativos, esperando, cual araña en su tela, su revalorización para ponerlas en el mercado a precios abusivos? ¿Qué medidas se están tomando para corregir la escalada espectacular de los precios y la consiguiente exclusión de una parte creciente de la población del derecho constitucional a una vivienda digna? ¿Qué hace el municipio de turno para evitar que la especulación con el suelo público (que representa la mitad del precio final de la vivienda, y que sirve como fuente primordial de financiación de sus escuálidas arcas) provoque la creciente escalada de precios cada vez más prohibitivos para un ciudadano medio?

Estas preguntas y otras muchas sirven para desvelar la auténtica condición de esbirros del capital de los jerarcas municipales, que no son socialistas sino socialfascistas y que nos entretienen con Forums, estatutos, guerras lingüísticas y ordenanzas cívico-cínicas, para eludir su responsabilidad en la destrucción de cualquier posibilidad de tener una vida propia para la inmensa mayoría de jóvenes, sobradamente preparados para ello. Eso sí, el ayuntamiento se encarga constantemente de organizar festejos y verbenas, exposiciones y eventos de todo tipo para que quién no tiene «donde caerse muerto», por lo menos pueda ahogar sus penas en estas diversiones programadas por los gestores del tinglado, para olvidar su vida cotidiana sumida en la angustia y el bloqueo de la precariedad laboral y la violencia inmobiliaria. Y de paso, convertir el problema juvenil en un asunto de seguridad ciudadana, reprimiendo contundentemente las algaradas de frustración colectiva en que desembocan la mayoría de los festejos organizados a mayor gloria del señor Clos y sus esbirros, pero ocultando adecuadamente que el origen real del problema está en la desesperación existencial de quién no tiene futuro ni medios para salir de la precariedad vital causada por los «servidores públicos» que nos gobiernan.

 

Defensa de la okupación como forma de lucha contra el cinismo insostenible

 

Digámoslo bien claro: la okupación es un derecho ciudadano, una respuesta a la violencia inmobiliaria que diariamente está expropiando a los trabajadores una parte creciente de su renta con la connivencia descarada de los poderes públicos de todas las administraciones, pero sobretodo la municipal.

Los ayuntamientos se han puesto del lado del capitalismo más improductivo y parasitario para robar al pueblo y cercenarle una parte creciente de su escasa riqueza con la inflación especulativa provocada en gran parte por la necesidad acuciante de financiación mediante recalificaciones de suelo y demás medidas de tiburones financieros, fracturando a la sociedad entre propietarios rentistas y precarios o excluidos.

Si el poder supuestamente democrático se ha puesto en manos de la gran banca y los promotores del ladrillo, en lugar de presionarles con impuestos o subvencionando la existencia de viviendas sociales de propiedad municipal para aislar una parte del mercado inmobiliario de los tiburones especulativos reservando, por ejemplo, un porcentaje de suelo para uso público, o controlando la venta de suelo a los especuladores para extraerles una parte de la riqueza que han robado al pueblo con las escaladas de precios (recordemos una vez más que la vivienda es un bien de uso básico y que la gente no puede elegir tener una casa o no como si fuera un perfume o un collar de perlas), en ese caso, la única respuesta posible contra la violencia inmobiliaria institucional es hacer uso del propio derecho tomando por nuestra cuenta lo que el capital privado y el ayuntamiento de turno nos han robado, es decir, hay que decir bien alto que la okupación es un derecho ciudadano de lucha contra el cinismo insostenible de los poderes público-privados.

Se trata de conseguir que se deje de enfocar el tema desde el punto de vista jurídico-policial para convertirlo en el caballo de batalla de la lucha contra un sistema de poderes fácticos, nada democráticos ni participativos, y convertirlo en un debate político contra esta democracia de pacotilla. Necesitamos organización, redes de asociaciones coordinadas que estudien el mercado inmobiliario y denuncien las constantes connivencias de la gran banca y los prebostes municipales al supuesto servicio del ciudadano. Hay que pasar a la iniciativa y evitar el planteamiento policial para insistir en la crítica de las recalificaciones y ventas de suelo a mayor gloria de la acumulación privada, tratando de «sacar los colores» a nuestros jerarcas poniéndoles delante de sus narices las consecuencias de su servidumbre al capital privado.

En estos tiempos de ordenanzas fascistas contra los malos usos y la falta de educación del pueblo llano, necesitado de civismo y control, hay que darle en las narices a los munícipes y decirles que no hay mayor «incivismo» que la expulsión de la juventud de la posibilidad de construir una vida propia en un lugar digno, y que quizá la causa de tanto «desorden» no esté en la falta de sindéresis de los ciudadanos, sino en la marginación y exclusión social provocadas por la violencia inmobiliaria y los gastos superfluos en ferias, forúms y todo tipo de representaciones encargadas de hacer creer al pueblo que el ayuntamiento se preocupa por él, por su tiempo de ocio y sus preocupaciones intelectuales. ¿Pero quién puede tener ganas de juerga o preocupaciones artísticas o culturales cuando cada mañana ha de preocuparse por sus necesidades básicas, en palabras del clásico: primero vivir, luego filosofar?

 

No queda más remedio (en estos tiempos de parálisis revolucionaria en la vieja Europa) que empezar por lo más próximo a la vida cotidiana de la gente, pero se ha de extender como sea la revuelta popular contra el imperialismo que gobierna el mundo, al mando de las grandes multinacionales petroleras y del aparato militar-industrial americano, pues todo el proceso descrito a nivel estatal o local forma parte de la creciente expropiación de derechos de la clase obrera a nivel mundial.

Nota:
(1) Informe Barcelona 2004: El fascismo postmoderno
http://www.espaienblanc.net/informe_2004.pdf