Los comentarios que siguen están motivados por la lectura del Informe Transforma España que han hecho llegar al Rey un grupo de empresarios y «expertos»encuadrados por la Fundación Everis presidida por el antiguo Ministro de Defensa con los gobiernos del PSOE y del PP, Eduardo Serra. Y ,en segundo lugar, por la reunión del pasado […]
Los comentarios que siguen están motivados por la lectura del Informe Transforma España que han hecho llegar al Rey un grupo de empresarios y «expertos»encuadrados por la Fundación Everis presidida por el antiguo Ministro de Defensa con los gobiernos del PSOE y del PP, Eduardo Serra. Y ,en segundo lugar, por la reunión del pasado sábado 27 de noviembre entre el Presidente del Gobierno y los representantes de las 37 primeras empresas españolas.
Ambos hechos, cuya relación es difícil pasar inadvertida, parecen reflejar una peligrosa deriva de la política española hacia terrenos para la deliberación y la decisión aún más alejados de lo que ya lo están en la democracia de bajo nivel en que vivimos. La intervención del monarca, desgraciadamente habituado a unos niveles de intervención impropios de una monarquía constitucional y parlamentaria desde el momento de su designación por el dictador, es un síntoma de lo avanzado de esta deriva.
El contenido del mencionado Informe y lo conocido de la reunión de la Moncloa que le siguió parecen indicar que el rumbo de nuestra vida colectiva va a quedar en lo sucesivo y sin esperar al acceso del PP al Gobierno, en manos de la minoría propietaria y gestora del gran capital financiero, energético ,de los medios de comunicación, de la distribución, etc., que son los que señalarán a este Gobierno y al que el suceda la ruta estratégica por donde deberán discurrir las principales políticas públicas.
Sin pretender adelantar lo que puede ser el objeto de un análisis colectivo, creo que deben ser destacados algunos elementos para subrayar la relevancia de discutir este documento.
En primer lugar la visión de las más de tres décadas desde la Constitución hasta aquí como una «gesta colectiva»caracterizada por el paso de una sociedad rural y atrasada a una sociedad urbana y plenamente modernizada, la integración en el mercado global y la consolidación de una marca país. No es esa nuestra percepción de un período histórico que hemos vivido en una lucha permanente contra la consolidación de un modelo de modernización consistente ,antes que nada, en el proyecto de disolución de las identidades colectivas que han antagonizado con el bloque dominante en los momentos álgidos de la historia del siglo XX y se han reconstruido después de cada derrota. Y cuyo balance arroja saldos no precisamente halagüeños si los medimos en términos de conservación del patrimonio ecológico o cultural o en los de igualdad, libertad o justicia social.
En segundo lugar, la colocación de la competitividad como «ingrediente básico y consecuencia de la ecuación económica de un país». La persistencia en esta ilusión ideológica, que domina el pensamiento y el sentido común desde hace más de tres décadas, después de los resultados que le pueden ser atribuidos, señala el agotamiento del pensamiento hegemónico, hace tiempo enrocado sobre sí mismo e incapaz de encontrar respuestas a los grandes retos de nuestro tiempo.
La concepción del «Estado del Bienestar responsable» que se postula y en la que se desdeña la discusión por estéril de la ampliación de derechos parece reducirse a la «retribución» por la participación en la empresa capitalista de la marca España. Ya José María Aznar ha declarado que no se puede mantener el Estado del Bienestar, expresando todo el rencor y la violencia de la derecha franquista española a la que le sobran «tanta política y tantos derechos»
La concepción de ciudadanía integral que se postula como fusión de los roles depositario de valores, elector, consumidor, financiador y productor podría estar abocada a una perversa modalidad de funcionalización de la ciudadanía al servicio de la construcción del Estado competitivo deseado para esta etapa de la globalización capitalista y convertirse, en consecuencia, en un vector más de erradicación de la democracia en línea con los postulados neoorteguianos alentados desde los medios más conservadores de pensamiento y los medios de comunicación -ver artículo de Sánchez Cámara en ABC ,27 de Octubre.
En coherencia con lo anterior y enlazando con un estado de la opinión pública quejoso del despilfarro que en tiempo de crisis supone la proliferación de burocracias regionales y locales, se desliza en el texto del Informe citado una más que evidente insinuación de revisión de la arquitectura constitucional del Estado para ponerlo al servicio de este superior esfuerzo de competitividad asegurando la unidad del mercado y superando la «falta de alineamiento entre Modelo productivo, Marco productivo y, en su caso, Modelo de Estado».
Ni un segundo de esfuerzo para defender al menos el título VIII de la Constitución, ardid de los constituyentes para descafeinar las aspiraciones de autogobierno de los pueblos y naciones secularmente oprimidos por la monarquía borbónica y punta de lanza de las luchas que precipitaron la crisis terminal del franquismo. Pese a que es innegable que el desarrollo del mencionado Título constitucional ha generado, junto a la aparición de bloques regionales de poder basados en la expansión del negocio inmobiliario sobre los que se asienta, por cierto, la hegemonía de la derecha política, una mayor extensión de algunos servicios sociales que le han aportado una relativa legitimación entre una parte de la población. Son precisamente esos servicios sociales y la relativa seguridad que proporcionan a los sectores más vulnerables el objeto del ataque del capital financiero y la derecha.
Por su parte, el informe FEDEA-el más conocido think tank del capitalismo financiero- parece mostrar con claridad los perfiles de esa «ventana de oportunidad» que los intelectuales orgánicos del capital financiero adivinan para España bienes exportables (turismo en primer lugar),servicios a empresas, mantenimiento de la importancia de la construcción tanto en vivienda como en obra civil, etc., sin la menor mención a sectores que pueden apuntar siquiera un bosquejo de modelo productivo alternativo como el desarrollo de las energías renovables.
Es bastante notorio que los representantes de los grupos sociales poderosos están preparándose para un ciclo cualitativamente distinto de la economía y la política en nuestro país y los hechos comentados responden cabalmente al comienzo de este nuevo ciclo. En los últimos días, además de lo ya señalado, personajes vinculados al PSOE como el gobernador del Banco de España o el vicepresidente de la Comisión de la UE han censurado al Gobierno por no ser suficientemente diligente en la aplicación de los dictados de la UE y el FMI.
Indicios todos ellos más que razonables de la existencia de una operación tendente a encontrar una solución al bloqueo de la crisis española por vías ajenas a la soberanía popular e inequívocamente favorables a los intereses de las minorías poderosas.
Es verdad que la gravedad de la situación no admite paliativos. La economía española se encuentra prisionera del euro que le impide acudir al usual mecanismo de la política económica, la devaluación competitiva, que le permitiría por la vía del aumento de las exportaciones compensar el efecto de la caída del PIB y del empleo y con ellos de la caída de los ingresos públicos y el incremento del déficit público que conllevan la reducción de la demanda interna.
En ausencia de devaluación, el Gobierno acude a la «devaluación interna», una reducción del gasto público por la vía de la de los salarios de los trabajadores públicos y las pensiones, combinada con un aumento de la desfiscalización del capital y las rentas más altas. Todo ello se traducirá, entre otros efectos, en el mantenimiento de un alto nivel de desempleo que, solo al cabo de los años, pretende producir el efecto competitividad buscado. Un futuro de profundos y muy duros recortes de los derechos y prestaciones de los que aún disfruta la población trabajadora cuya participación en la renta nacional deberá sufrir una reducción aún más severa que la sufrida en los últimos años y su papel aún más subalternizado.
Como sociedad y como Estado, este país parece estar perdiendo de forma acelerada su condición de soberanía y tener hipotecada la misma para los próximos años a la satisfacción de la deuda, gran parte de ella generada por la burbuja inmobiliaria. En un régimen de semiprotectorado ejercido por las instituciones de la UE y del FMI actuando en nombre de los principales acreedores, en primer lugar los capitales alemanes.
En esta situación de pérdida efectiva de soberanía, los partidos políticos del sistema se muestran incapaces de aportar propuestas alternativas a este al parecer fatal destino de empobrecimiento y vaciamiento de la democracia y se preparan para participar en este régimen de semiprotectorado y endurecimiento de las condiciones de vida de la población trabajadora.
La derecha política española intensificando su asedio al Gobierno y preparándose a tomar el relevo en este nuevo ciclo político antes de que las medidas de ajuste y el fin de ETA pudieran producir algún resultado cotizable entre el electorado de clase media.
La mayoría de la izquierda política, perpleja ante una crisis epocal del capitalismo a la que no es capaz de encontrar respuesta y encajonada en los marcos banalizados de un parlamentarismo que se hace pasar por democracia, muestra un retraso considerable ante este cambio de ciclo. Un retraso que pagan en primer lugar las clases subalternas, desorientadas en una situación de crisis de la que podrían estar obteniendo mejoras tangibles en su situación relativa.
La Huelga General del 29S ha sido una buena respuesta relativa a la ofensiva desatada por el Gobierno en nombre de las antecitadas instituciones internacionales que debiera ser continuada con un esfuerzo sostenido en el que sus convocantes tienen una responsabilidad singular pero en la que estamos igualmente comprometidos el conjunto de movimientos, organizaciones y colectivos que integramos la izquierda social y que nos sentimos crecientemente enfrentados al Gobierno del PSOE. Es imprescindible que se hagan presentes las aspiraciones y anhelos de la inmensa mayoría de la gente trabajadora/laboriosa en esta hora en la que negros nubarrones amenazan su porvenir y el de sus familias.
La próxima convocatoria de la Confederación Europea de Sindicatos para el 15 de Diciembre y las manifestaciones del 18 de diciembre, pero también la huelga de consumo convocada por la CGT para el día 21 serán una buena ocasión para expresar estas aspiraciones, sobre todo si la participación en las mismas es vivida como un hito más en la perspectiva de una movilización continuada.
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