El desalojo de la vivienda de una ciudadana española, un anciana de 85 años, ha provocado que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de Naciones Unidas (ONU) emitiera una amonestación en contra del Gobierno español. La amonestación responde a que el Gobierno de la nación europea no le notificó adecuadamente […]
El desalojo de la vivienda de una ciudadana española, un anciana de 85 años, ha provocado que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de Naciones Unidas (ONU) emitiera una amonestación en contra del Gobierno español.
La amonestación responde a que el Gobierno de la nación europea no le notificó adecuadamente que sería desalojada por la falta del pago de un préstamo.
Según un portal español, el Comité de la ONU exigió a España tomar medidas para que este tipo de ejecuciones hipotecarias se hagan conforme a las leyes establecidas en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, suscrito por ese país.
El Comité concluyó que «España violó el artículo 11.1, leído conjuntamente con el artículo 2.1 del Pacto, dado que el juzgado no tomó todas las medidas razonables para notificar adecuadamente a la demandante (identificada como I.D.G.) la demanda de ejecución hipotecaria presentada contra ella por la entidad acreedora».
Esta medida dejó sin casa a una anciana, la «privó de la posibilidad de defender adecuadamente su derecho a la vivienda ante un tribunal». Es por eso que el Comité de las Naciones unidas pide a la nación ibérica que proporcione a la denunciante una reparación efectiva.
Entre 2008 y el primer trimestre de 2015 se han iniciado 598 mil 747 procesos de ejecución hipotecaria en España.
Los desalojos de viviendas, habituales en España, aumentaron un 7,4 por ciento en 2014 con respecto al año anterior, con 34 mil 680 desahucios, según las cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
El número total de desalojos a lo largo de 2014 de todo tipo de viviendas y locales ascendió a 119 mil 442, un 9,3 por ciento más que el año anterior.
El INE señala que el 20,2 por ciento de las denominadas ejecuciones hipotecarias sobre viviendas el año pasado corresponde a hipotecas firmadas en 2007, cuando empezó una crisis que entonces el Gobierno del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) no reconocía, el 17,3 por ciento a hipotecas constituidas en 2006 y el 12,51 por ciento a las suscritas en 2005, en pleno boom inmobiliario en España.