Un grupo de expertos de Naciones Unidas alerta de que el Gobierno debe hacer más para proteger a los niños y niñas de la violencia machista y los abusos sexuales, y para garantizar que sus tribunales superen los prejuicios contra las mujeres, que acaban perdiendo la custodia de los menores en favor de sus supuestos abusadores.
“El Gobierno de España debe hacer más, para proteger a los niños de la violencia doméstica y los abusos sexuales, garantizar que sus tribunales superen los prejuicios contra las mujeres y aplicar un enfoque centrado en los niños y de género”. Así de contundentes se han mostrado un grupo de expertos de Naciones Unidas, que consideran que “los menores en España están expuestos a la violencia y los abusos sexuales por un sistema judicial que no les protege de los padres abusivos”.
En un comunicado, emitido durante el día de ayer, ponen como ejemplo el caso de Diana García M., quien perdió la custodia de su hija de seis años en favor del padre, pese a antecedentes de violencia machista y “de las pruebas que apuntaban a que había cometido abusos sexuales contra su hija durante años”.
Casos como los de otras madres que empiezan acudiendo a la justicia para denunciar abusos sexuales a sus hijos y acaban perdiendo la custodia, cuando no condenadas también por secuestro. Madres protectoras como María Sevilla, Patricia González o Daria Sidorkevich, que hacen hincapié en que no son creídas y denuncian la reiterada utilización del Síndrome de Alienación Parental (SAP), que la nueva ley de infancia ha prohibido utilizar, una figura sin respaldo de la comunidad científica y desaconsejada por el propio Consejo General del Poder Judicial. Este supuesto síndrome describe una situación en la que un progenitor aliena a su hijo o hija contra el otro alegando con falsas acusaciones de agresión sexual o malos tratos.
“Las mujeres tienen aún menos probabilidades de ser creídas cuando denuncian la violencia física y sexual cometida por los padres contra ellas y sus hijos”
Los expertos de la ONU se han mostrado muy críticos con la utilización del SAP y con el sesgo discriminatorio contra las mujeres, que hace que su testimonio se perciba como menos creíble que el de los hombres. “Las mujeres tienen aún menos probabilidades de ser creídas cuando denuncian la violencia física y sexual cometida por los padres contra ellas y sus hijos”, añaden.
La perseverancia de las madres protectoras
“La realidad descrita por los expertos de la ONU, es nuestra realidad”, expresa el colectivo de Madres Protectoras, quienes, ante el vacío encontrado en la justicia española, se han encargado de escalar sus casos hasta instancias internacionales. Así, aseguran que han presentado informes a distintas instituciones “denunciando la vulneración sistemática de los derechos humanos de nuestras hijas e hijos que han revelado abuso sexual intrafamiliar. Y también nuestra propia vulneración de derechos por ser criminalizadas mediante la utilización del falso SAP”.
Por ello consideran que este dictamen de Naciones Unidas es el resultado de su perseverancia. “En este momento existe un gran número de criaturas que están desprotegidas y nosotras, sus madres, estamos siendo ignoradas y discriminadas por intentar protegerles de violencia sexual, física y psicológica”, alertan.
Avisan de que muchos menores están siendo obligados a vivir “con sus presuntos abusadores”, “impidiéndoles su derecho a una vida libre de violencia”.
Avisan de que muchos menores están siendo obligados a vivir “con sus presuntos abusadores”, “impidiéndoles su derecho a una vida libre de violencia”. Aseguran que no son escuchados y denuncian que se sienten impedidas para acceder a la justicia y ser reparadas, así como la aplicación de estereotipos de género en los juzgados con la aplicación del falso SAP.
No en vano, un reciente informe de Save The Children, denuncia el “calvario judicial” que sufren los niños y niñas que denuncian abusos sexuales en España. Un informe que asegura que el sistema judicial falla a la hora de proteger a estos niños y niñas ya que son obligadas a declarar hasta cuatro veces y algunos procesos se alargan hasta cinco años.
En este análisis, elaborado tras revisar 394 sentencias judiciales de abusos sexuales cometidos hacia la infancia entre 2019 y 2020, correspondientes a 432 víctimas, se refleja que los abusos sexuales comienzan a los 11 años y ocho de cada diez casos son perpetrados por personas del entorno de las víctimas.