Se espera que para mediados de febrero el Comité de la ONU elabore una serie de recomendaciones dirigidas al Ejecutivo de Mariano Rajoy
«El Comité se ha mostrado muy contundente con el Gobierno al preguntarle por qué no tomaba medidas respecto a la pobreza infantil», explican desde la Plataforma de Infancia. Desde la PAH critican que la delegación española ha mentido al decir que los niños en situación de desahucio obtenían siempre una vivienda en dos meses.
España se sometió este martes al examen del Comité de Derechos del Niño para evaluar si nuestro país cumple con la convención que firmó para proteger los derechos de la infancia. Una amplia delegación del Gobierno, encabezada por el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Mario Garcés Sanagustín, varios ministros y representantes de diversos ministerios y comunidades autónomas acudieron a Ginebra para responder a las preguntas del grupo de expertos. Éstos se mostraron especialmente preocupados por el alto índice de pobreza infantil, la ausencia de una ley integral para luchar por la violencia contra los menores, la situación de los Menores Extranjeros No Acompañados (MENA) en Ceuta y Melilla y la desprotección de los niños desahuciados en España.
Se espera que para mediados de febrero el Comité de la ONU elabore una serie de recomendaciones dirigidas al Ejecutivo de Mariano Rajoy cuyas líneas generales, en base a las preguntas que realizaron, podemos prever. Siguiendo el protocolo que el grupo de expertos realiza con todos los países europeos, este ‘examen’ oral al Ejecutivo ha sido llevado a cabo tras analizar un informe de rendición de cuentas presentado por el Gobierno y otro documento alternativo elaborado por las organizaciones de la sociedad civil. El punto de partida, y sobre el que el organismo exige responsabilidades, son las últimas recomendaciones del Comité a España en materia de derechos infantiles, que se realizaron en 2010.
El informe alternativo que el Comité de la ONU tiene a su disposición es el de la Plataforma de Infancia, que ya denunció el pasado mes de noviembre como el Gobierno, desde la crisis, había reducido de manera preocupante la inversión en los menores llegando a una tasa del 1,3% del PIB, muy por debajo de las media de los índices de la UE. Los representantes de la plataforma, que aglutina a 59 organizaciones por los derechos de los menores como Save The Children o Cáritas, y miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) acudieron a Ginebra el lunes para escuchar las respuestas del Ejecutivo.
Pobreza infantil en España
Uno de cada tres niños en España está en riesgo de pobreza o exclusión social, lo que sitúa a España como el quinto país europeo con mayor tasa de pobreza infantil en 2016, según los datos que publicó el pasado mes de noviembre Eurostat. Las últimas recomendaciones del Comité de la ONU, fechadas en 2017, no pusieron encima de la mesa el tema de la pobreza infantil, por el que ahora ha sido interrogado el Gobierno. «El Comité se ha mostrado muy contundente con el Gobierno al preguntarle por qué no tomaba medidas al respecto, aunque el Ejecutivo no ha entrado en los detalles», ha indicado a este medio el director de la la Plataforma de la Infancia, Adolfo Lacuesta.
El Ejecutivo ha aludido a la bajada de la cifra de pobreza infantil en España, que se haya reducido en un 2,9 por ciento desde 2014. Lacuesta indica que las organizaciones dedicadas a la protección de los derechos a los menores conocen que la bajada de esta cifra se debe a que «muchos niños y adolescentes de familias migrantes han retornado a sus países» y no a que el Gobierno haya realizado medidas.
Violencia contra los menores
En 2010 el Comité de Derechos del Niño recomendó a España una ley integral contra la violencia a menores. Según anunció el Gobierno ante el grupo de expertos, en septiembre estará lista esta ley integral. Las organizaciones españolas se sorprendieron gratamente ante el anuncio, ya que en el listado de leyes para 2018 el Ejecutivo no había contemplado esta medida, que vienen reclamando desde hace años.
El Comité tiene previsto un protocolo para que los niños y las niñas, que no puedan llevar a cabo las denuncias en sus países, puedan dirigirse a Ginebra. España es el país europeo que más ha utilizado este sistema, con más de una treintena de denuncias relacionadas con la situación de los MENA en Ceuta y Melilla. El Gobierno negó que se vulneraran los derechos de estos menores y se refirió a las dificultades para determinar la edad de los jóvenes.
Los niños desahuciados
A la cita, también acudieron representantes de la PAH, dos de ellas eran niñas de 12 años de edad. Éstas pudieron entregar unas cartas a un miembro del Comité, que interpeló al Gobierno sobre la situación de los niños desahuciados. «Estamos muy contentas porque por primera vez en la ONU se hable sobre desahucios, pero la delegación de España mintió. Dijeron que tanto los jueces como las instituciones escuchan a los niños en situación de desahucio, que se tenía en cuenta su vulnerabilidad y que en dos meses se les daba una vivienda digna. Nuestra experiencia es que lo único que se les ofrece son cinco días en un albergue y después se quedan en la calle», indica Marga Rivas, psicóloga y portavoz de la plataforma en esta ocasión. «No ha habido alternativa habitacional en los 3.890 desahucios efectuados en la Comunidad de Madrid», ha añadido.
Restando estos asuntos, el Comité ha valorado positivamente los avances realizados en ocho años se hayan impulsando dos leyes de infancia que recogen específicamente el principio del Interés Superior del Menor como derecho sustantivo, como principio interpretativo y como norma de procedimiento. Por otro lado, también ha mostrado su satisfacción por otras medidas como la elevación de la edad mínima para contraer matrimonio con dispensa judicial de 14 a 16 años, la creación de un registro de delincuentes sexuales y el desarrollo del protocolo básico de intervención contra el maltrato infantil.