Es preciso reconstruir un nuevo mercado de la electricidad distinto del sistema vigente donde siempre gana el dueño del kilovatio. Tenemos que saber de verdad cuánto cuesta producir y distribuir la electricidad, mediante una auditoría de costes
«Si los tártaros invadiesen hoy Europa, resultaría muy difícil hacerles comprender lo que es entre nosotros un financiero», escribía Montesquieu en 1748. Si lo hubiera hecho ahora en nuestro país, habría podido aplicar la frase al mercado eléctrico, o más exactamente al sistema por el que se decide cuánto debe pagar por la electricidad el usuario. En mayo pasado, el precio de la electricidad en España rebasó todos los precios pasados en el mismo mes al menos en los últimos ocho años, mientras que el consumo de electricidad se mantuvo en línea similar a los años previos. El precio de producción de la electricidad fue de 55 euros por megavatio hora, lo que representa un 27 por ciento más que el mes anterior y un 16 por ciento más que el año pasado. La consecuencia es que en un solo mes el recibo de la luz para un usuario medio ha aumentado un 8 por ciento.
La frase del principio es para advertir que no deben hacerse muchas ilusiones en comprender con detalle todo el entramado que subyace a estos precios.
La complejidad del asunto no viene dada por las dificultades de producir electricidad y trasladarla a cada vivienda. El negocio eléctrico es como otros muchos. Unos actúan en un mercado más o menos competitivo, como la producción y distribución de ordenadores. Otros, en mercados más regulados, por la naturaleza del servicio que prestan. Pero en ninguno hay montado un tinglado tan complicado y confuso como en el de la electricidad. Y eso que las empresas que la producen y comercializan en España son muy pocas: tan sólo cinco y tres de ellas disponen de la gran mayoría del negocio.
Cuando Aznar llegó al Gobierno, decidió liberalizar el sector. Aparentemente es casi imposible y además llevarlo a rajatabla sería ineficiente. Si cada compañía compite de verdad por producir la energía y vendérsela a los clientes, significaría que debería disponer de centrales distintas de las de su competidor, producir electricidad más barata que este y hacerse con la máxima cartera de clientes en todo el país. Se daría así el caso de solapamientos en el número de centrales y múltiples redes de hilo de cobre en cada edificio, para, en competencia, hacer llegar la energía a los usuarios que hayan escogido cada compañía.
Esto, claro, no es así. Lo que se consiguió aquí, y posiblemente en otros países llevados de la fiebre ideológica de liberalizar, es hacer un simulacro de competencia. Se estableció que debían ser diferentes las empresas dedicadas a producir la energía de las encargadas de distribuirla y de las ocupadas en comercializarla. Es el primer simulacro, porque simplemente consistió en que Iberdrola, Endesa, Unión Fenosa, Viesgo e Hidrocantábrico separaban nominalmente en filiales sus actividades de generación, es decir, la producción de electricidad, de distribución y comercialización. Cada compañía produce electricidad en sus centrales, y se la venden unas a otras mediante un procedimiento de subasta. Es decir, Iberdrola Generación vende electricidad en subasta a su propia empresa de distribución… y al resto, que hacen lo mismo. También participan en la subasta inversores financieros, que pueden adquirir la energía producida para venderla después a una compañía de las de verdad. El juego de los trileros es mucho más bondadoso que este sucedáneo de competencia. Y, sobre todo, más transparente porque el procedimiento establecido en la puja es de una complejidad tal que imposibilita una pretendida limpieza, a pesar de la vigilancia de numerosos técnicos de la Comisión de los Mercados y la Competencia. Vigilancia en cierto modo estéril, si se tiene en cuenta que los que compran y venden vienen a ser los mismos.
La consecuencia es que es imposible saber lo que cuesta de verdad producir la energía eléctrica en nuestro país. Sin embargo, un cálculo validado por las autoridades determina que las compañías, constituidas de hecho en un oligopolio, cobran menos por la electricidad de lo que cuesta producirla. Por ello cada año se anota una deuda de los clientes que habrán de pagar poco a poco, con los respectivos intereses. El año pasado ese llamado déficit de tarifa fue menor de lo que habían calculado, a Dios gracias. En total, 645 millones de euros que se acumulan a los casi 24.000 millones de euros pendientes de pago. Cada mes se incluye en el recibo una parte de ese enorme déficit, pongamos 3.000 millones anuales.
Pero hay más pagos que se llevan las eléctricas al cobrar a los usuarios: la distribución y comercialización, que también reporta beneficios a las compañías. En el recibo se paga además una cantidad para que las eléctricas tengan disponibles algunas centrales, aunque produzcan poco porque no hay demanda para ellas. Reciben igualmente dinero en cada factura como compensación porque en las islas, Ceuta y Melilla cobren lo mismo por la luz que en la península, aunque allí salga más caro producirla. Incluso se añade un montante para compensarlas de la decisión del Gobierno socialista en los años 80 y 90 que paralizó la construcción de nuevas centrales nucleares. O una tasa de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, para que vigile que el mercado eléctrico funciona bien. Todo esto encierra la factura de la luz. Las eléctricas no pasan una, con el beneplácito del Gobierno y del BOE, que les retribuye así una aparente competencia. Estos conceptos se engloban en la denominación de peajes, que aprueba periódicamente el ministerio competente en energía, ahora el ministerio para la Transición Ecológica. Además, se paga, claro está, el IVA, el 21 por ciento, y el impuesto especial de la electricidad, poco más de 5 por ciento.
¿Van muy justas las eléctricas con estos precios?
Una comparación con el resto de la Unión Europea indica que España es el tercer país con la electricidad más cara para los hogares, excluidos los impuestos. Sólo nos superan por muy poco Irlanda y Bélgica. Y la cuarta para los grandes consumidores, es decir, las empresas y las administraciones públicas. Sólo son más caras Malta, Chipre e Irlanda, todas ellas islas. Esto, y la búsqueda de una electricidad más limpia y sostenible, ha llevado al Ayuntamiento de Barcelona a constituir su propia compañía, con la que además espera ahorrarse 500.000 euros al año. Sin embargo, tal es la posición de dominio de las grandes empresas que constituyen el oligopolio, que hasta ahora Endesa lo ha evitado con el recurso a los tribunales. Un hecho más que pone de manifiesto que la liberalización es sólo una farsa.
Aplicados los impuestos, España tiene por delante cinco países. Teniendo en cuenta que los impuestos se aplican en porcentaje sobre el coste de la electricidad, significa que nuestros tributos están en la franja entre los países de la UE y que ese no es el verdadero problema del coste de la luz.
Podría pensarse que el encarecimiento del recibo de la luz es un episodio pasajero, pero los datos dicen que no es así. Entre 2008 y 2018 la electricidad para hogares ha subido en España un 37 por ciento, cuando el IPC, el coste de la vida, se ha incrementado el 12. Incluso el petróleo, calculado en euros, ha subido menos, el 30 por ciento.
Las grandes compañías eléctricas y de gas, que cotizan en el IBEX, ganaron el año pasado 9.000 millones de euros. Desde la liberalización falaz sus ganancias en España han sido tales que les han posibilitado con su excedente salir a comprar empresas fuera de España. En contraste, el número de hogares con pobreza energética se acerca a los dos millones.
Cuando se habla de los retos que debe asumir un nuevo Gobierno, estos no deberían pasar sólo por impedir el corte del suministro a los que no pueden pagarlo, asumiendo parte del recibo, por necesario y urgente que sea, o por corregir injusticias palmarias y abusos. Es preciso reconstruir un nuevo mercado de la electricidad distinto del sistema vigente, donde siempre gana el dueño del kilovatio. Para ello debe saberse de verdad cuánto cuesta producir y distribuir la electricidad, mediante una auditoría de costes. También recuperar la apuesta por las energías renovables, como la fotovoltaica. Los problemas no son técnicos, sino políticos. Es casi una tradición considerar a las compañías eléctricas como el primer lobby de España. Por ahí hay que empezar.