En pocos meses la pandemia se ha convertido en una crisis global pero de efectos desiguales. Su devastador impacto se aprecia en el Reino de España donde, en comparación con años anteriores, se ha producido un elevado exceso de mortalidad de 50.000 muertes (sólo Perú y Ecuador están por detrás), o en Barcelona donde el exceso de mortalidad es del 158% (sobre todo en los distritos de Nou Barris y Horta-Guinardó). Hasta mediados de agosto, habían muerto en las residencias geriátricas españolas por Covid-19 casi 20.000 personas, el 68% de las muertes oficiales registrados en España (el 72% en Catalunya).
Pero el coronavirus no afecta a todos por igual, como a menudo se dice, sino que amplifica desigualdades ya existentes, generando una «pandemia de desigualdad». Y es que en España y Catalunya una de cada cuatro personas está en situación de riesgo de pobreza y exclusión, y más de la mitad de la población tiene dificultades para llegar a fin de mes. En Barcelona, las necesidades más extremas están cubiertas, pero permanecen muchas otras ligadas a la pobreza y la desigualdad. Antes de la pandemia, 72.000 hogares dedicaban más de la mitad de los ingresos a pagar la vivienda, casi dos tercios de los trabajadores precarios tenían un sueldo tan migrado que no podían cubrir ningún imprevisto, y miles de personas estaban en situación de emergencia habitacional o sin hogar. No es extraño pues que los barrios pobres tengan una esperanza de vida de 7 a 9 años menor que la de los ricos, ni que sean también los más afectados por la pandemia. Obreros, repartidores, migrantes, trabajadoras del sector turístico y servicios… con peores viviendas y menos recursos, fueron a trabajar bajo una situación de riesgo (los barrios pobres triplicaron la movilidad de los ricos). Y tampoco es extraño que la tasa de incidencia de la Covid-19 de Nou Barris sea casi tres veces más elevada que la de Sarrià-Sant Gervasi. ¿Por qué esta calamidad tras escuchar tan a menudo que teníamos uno de los mejores sistemas de salud del mundo?
La pandemia ha mostrado las debilidades de los servicios públicos de atención sociosanitaria (diagnosticar, curar, rehabilitar, cuidar), y de salud pública (prevenir enfermedades, proteger, promover y restaurar la salud colectiva). Vale decir que en Barcelona, Generalitat y Ajuntament tienen competencias y responsabilidades muy diferentes. El Consorci Sanitari de Barcelona gestiona centros, servicios y establecimientos de atención sanitaria y sociosanitaria que están bajo control de la Generalitat; por su parte, la Agència de Salut Pública de Barcelona se encarga, entre otras funciones, de la salud pública y de los servicios sociales básicos no especializados, y está bajo control del Ajuntament. ¿Cuál ha sido la respuesta de la Generalitat durante los meses de la pandemia? Se ha abusado de eslóganes publicitarios, se ha insistido en la responsabilidad de la prevención individual, y se ha confiado en que, tras el confinamiento total, llegaría el «mejor escenario» y que el verano eliminaría el virus. Muchas acciones han sido tardías, improvisadas y deficientes. Por ejemplo, no atender las recomendaciones de científicos (la epidemióloga Magda Campins señaló que se necesitaban muchos más rastreadores, y el epidemiólogo Oriol Mitjà apuntó que, para poder asesorarles, el Departament de Salut fue «un palacio infranqueable») e instituciones (el rechazo a aceptar rastreadores por parte del Ajuntament de Barcelona), la inexplicable dejadez en aplicar masivamente tests diagnósticos, o en hacer desconfinamientos con demasiada rapidez por presiones económicas, sin la planificación y sin los recursos (personal sociosanitario, rastreadores, etc.) de salud pública adecuados. Así pues, ni se aplicó una lógica predictiva y preventiva basada en la atención primaria, la salud pública y la «salud en todas las políticas», ni se planificaron ni financiaron programas integrales y masivos de vigilancia epidemiológica con inspectores y sanciones, ni se hicieron programas masivos de educación sanitaria, análisis de desigualdades, y la acción comunitaria. Con todo, el problema de fondo tiene que ver con el modelo de salud de la Generalitat que es mercantil, biomédico, individualista y hospitalocéntrico, y que se caracteriza por parasitar el sistema público, y precarizar y recortar la sanidad pública, los servicios sociales y la salud pública. Tenemos una sanidad pública infrafinanciada, precarizada y mercantilizada. Un ejemplo ilustrativo es el fracaso del Sistema de Emergencias Médicas (SEM, teléfono 061 / Salut Report), una empresa pública que compra servicios a empresas privadas en operaciones bastante turbias (desde 2015, Ferrovial ha recibido decenas de millones de euros, que aún son más a raíz de la pandemia), al tiempo que se apropia de funciones de una atención primaria despreciada, sobrecargada y severamente infrafinanciada. Ante esto, el Ajuntament de Barcelona ha ido básicamente a remolque de las decisiones de la Generalitat, sin promover un debate crítico, valiente y audaz de cambio del actual modelo socioeconómico con la ayuda de los movimientos sociales comunitarios. Sin embargo, ha ayudado en la gestión de la crisis sanitaria (ofreciendo información, habilitando pabellones como hospitales, realizando tests, ofreciendo atención psicológica, ofreciendo equipamientos municipales a colegios, etc.), y ha invertido bastantes recursos en ayudas sociales (35 millones en alimentos, emergencia social y habitacional, y 10 en cultura), la reactivación económica (30 millones), la cultura (10 millones), y hacer cambios ambientales (15 millones en mejoras del espacio público y la movilidad).
La pandemia es una crisis sanitaria que puede derivar en una crisis peor y en la que tardaremos en conocer todos los efectos del tsunami pandémico y sus diferentes «oleadas» sanitarias y socioeconómicas: contagios, enfermedades, colapso sanitario y muertos; aplazar intervenciones y problemas de salud; y los efectos de los confinamientos, la situación escolar y la crisis económica. Pero hay algo claro: hay que cambiar con urgencia un modelo de salud que es injusto e ineficiente. Tal y cómo reclama el Fòrum Català d’Atenció Primària, hay que convertir el Servei Català de la Salut en un Servei Nacional de Salut de Catalunya (SNSC) bien financiado, transparente, con una provisión totalmente pública y que integre todos los subsistemas existentes; un SNSC basado en la Atención Primaria y Comunitaria, los Servicios Sociales y la Salud Pública, que garantice servicios efectivos y con equidad, que desmedicalize la salud al tiempo que potencie la fabricación pública de medicamentos y materiales. La deficiente gestión de la pandemia realizada tiene mucho que ver con un modelo neoliberal que hay que eliminar, pero la crisis y sus desiguales efectos se asocian de hecho con una crisis civilizatoria (de salud, cuidados, económica, ecológica y política) que hay que comprender y cambiar. Barcelona y Catalunya deberían jugar un papel clave en este cambio, promoviendo reformas imprescindibles y construyendo una visión alternativa de largo alcance donde confluyan las fuerzas políticas transformadoras con la participación fundamental de las organizaciones sociales.
Este artículo fue publicado originalmente en catalán en la revista Carrer con el título “Barcelona i Catalunya davant la pandèmia: Cal un Servei Nacional de Salut”. Número 155 de Septiembre-Octubre 2020. Traducción Joan Benach.