La aprobación de los presupuestos, la judicialización del proceso soberanista, el fracaso de la operación diálogo y la llegada a la fase final de concreción de la propuesta de referéndum o referéndum hacen inevitable el choque de trenes entre Cataluña y el Estado español. El sí de la CUP a los presupuestos de Junts pel […]
La aprobación de los presupuestos, la judicialización del proceso soberanista, el fracaso de la operación diálogo y la llegada a la fase final de concreción de la propuesta de referéndum o referéndum hacen inevitable el choque de trenes entre Cataluña y el Estado español.
El sí de la CUP a los presupuestos de Junts pel Sí que se aprobarán en marzo facilita la hoja de ruta de un gobierno catalán que ya no tiene más excusas para dilatar el proceso. Un apoyo que condiciona los presupuestos al referéndum y que no esta exento de contradicciones dentro de la izquierda independentista. Los posicionamientos de la CUP y la movilización popular (como la de la comunidad educativa) han arrancado algunas concesiones en materia social, no obstante, son cesiones insuficientes para revertir los recortes convergentes de los últimos 5 años. En este sentido, los presupuestos no han abordado la necesaria reforma fiscal progresiva para grabar más a quien más tiene y establecer así un cambio de modelo favorable a la mayoría social. Unos presupuestos continuistas que no son los más sociales de la historia y que huelen a Convergencia.
En un paso más en la judicialización de la cuestión catalana ha empezado con un gran eco mediático, -también internacional-, el juicio contra Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau acusados de desobediencia y prevaricación como responsables de la organización del proceso participativo del 9N. Poner las urnas nunca puede ser delito, tampoco en el caso del multi-referéndum organizado en Cataluña por decenas de activistas de movimientos sociales que el anterior gobierno de Mas criminalizó y perseguió. No obstante y sin olvidar el caso de Francesc Homs, el juicio que puede acelerar los acontecimientos es el de Carme Forcadell, segunda autoridad política de Cataluña. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) investiga si la presidenta cometió un delito de desobediencia al permitir el debate y votación en el Parlamento de las conclusiones de la comisión del proceso constituyente. Unas actuaciones que dicen muy poco de la democracia española mientras el nivel de impunidad de la corrupción es escandaloso.
Una vez fracasada la operación diálogo empieza la operación precinto como respuesta del gobierno de Rajoy a la hoja de ruta soberanista que exige un trato bilateral con el gobierno del Estado, tal y cómo se escenificó con la ausencia de Puigdemont a la Conferencia de presidentes autonómicos. Esta operación diálogo sólo ha servido para constatar la negativa de los populares a negociar la posibilidad de realizar un referéndum, a la vez que para tejer alianzas entre los de Rajoy con las autodenominadas fuerzas constitucionalistas como el PSC y/o, sobre todo, Ciudadanos con Inés Arrimades como interlocutora. Precintar escuelas, quitar las competencias en educación y amenazar incluso con suspender la autonomía aplicando el artículo 155 de la Constitución española son las medidas coercitivas que los populares estudian para evitar el referéndum. «Una respuesta firme y proporcional al desafío de Puigdemont» son las palabras textuales de los portavoces del ejecutivo popular.
Mientras tanto los y las 72 diputadas independentistas del Parlamento continúan trabajando en la concreción de las leyes de «desconexión»: la ley de transitoriedad jurídica, -que definirá Cataluña como una «república de derecho, democrática y social»-, la de hacienda propia y la de la seguridad social. Unas leyes que están supeditadas a la pantalla actual del referéndum y de cómo llevarlo a cabo para que sea efectivo. La ampliación de las alianzas en el resto del Estado y la internacionalización del proceso son imprescindibles para ejercer el derecho a decidir, pero también lo es hacer limpio y acabar con la sombra de la corrupción que salpica a una parte del gobierno vinculado a la antigua Convergencia y su financiación.
La apuesta por el «referéndum o referéndum» proclamada por Puigdemont, apoyada por el gobierno catalán y sus socios de la CUP y siempre defendida por la amalgama que conforma En Comú Podem se esta articulando a través del Pacto Nacional por el referéndum. Un Pacto con el apoyo de una amplía mayoría parlamentaría y de decenas de entidades de la sociedad civil donde se ha consensuado un manifiesto que se basa en el hecho que Cataluña es una nación y en que el marco jurídico español permite una consulta de autodeterminación. El gobierno de Cataluña reitera que el referéndum será vinculante, desde En Comú Podem se exige que sea efectivo y con garantías para no repetir un 9N y el gobierno central rehusa negociar. Una situación que conlleva de facto a que las relaciones entre Cataluña y el Estado entren en una nueva fase de confrontación entre legalidades y legitimidades.
Las cartas están encima de la mesa y la partida llega a uno de sus puntos álgidos donde la causa contra Forcadell, actualmente en fase de instrucción, puede hacer precipitar el desenlace. Referéndum en septiembre o adelanto del mismo si hay inhabilitación de la presidenta del Parlamento son las opciones defendidas por el gobierno de Junts pel Sí y por la CUP. No obstante, no hay que olvidar la posibilidad de una tercera opción, la vía defendida por el teniente alcalde de Barcelona, Jaume Asens, que propone celebrar el mismo día unas elecciones y el referéndum. Sea la opción que sea, hay que tener claro que no se puede desvincular el derecho a decidir de la justicia social y que la movilización popular continuará siendo tan necesaria cómo imprescindible para defender y ejercer todas las soberanías.
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