La perversión democrática en España

Vaya por delante el hecho de que las opiniones y aspectos que voy a exponer en el presente artículo no nacen desde el fervor independentista, ya que no me considero como tal. Sí en cambio están hechos desde lo que entiendo debe significar un pleno y absoluto respeto a la democracia, pero no a la de los «demócratas de toda la vida», sino a los demócratas que pensamos que es la esencia del socialismo, porque como afirmó Hugo Chávez: «Socialismo es democracia sin fin«. Y frente a las críticas que se están vertiendo desde todos los flancos, por arriba y por abajo, a derecha y a «izquierda», en torno al proceso que se está viviendo en Cataluña, lo primero que me pregunto es lo siguiente, para intentar demostrar que no medimos los acontecimientos con el mismo rasero: ¿Es democracia lo que ha hecho Rajoy en la presente legislatura que acaba, en contra del resto de fuerzas políticas, y de la inmensa mayoría de la ciudadanía, con un 44% de los votos en las Elecciones Generales de 2011, y no es democracia lo que intentan hacer Junts Pel Sí (agrupación de varios partidos y movimientos sociales) y la CUP en Cataluña, con casi el 49%?

De entrada, la que ha sido claramente antidemocrática ha sido la propia campaña electoral, que ha recordado bastante la hostilidad desplegada hacia el pueblo griego antes de que éste se manifestara en referéndum, sobre la aplicación de los planes de la Troika. Para el caso catalán, amenazas de salida del euro, de salida de la Unión Europea, de pérdida de la nacionalidad española, incluso de búsqueda activa de apoyos a nivel internacional para que respaldaran el voto a los partidos no secesionistas (se manifestaron a este respecto bastantes líderes europeos e internacionales, tales como Merkel, Hollande, Obama, Martin Schultz, Jean-Claude Juncker, y un largo etcétera) se dieron cita en esa campaña feroz, que evidentemente, han perdido, porque el pueblo catalán, como el griego, ha defendido valientemente sus posiciones. Incluso llegó a aprobarse deprisa y corriendo una reforma del reglamento del Tribunal Constitucional (el guardián jurídico del régimen), para que éste pudiera proceder a la inhabilitación de los gobernantes que no obedecieran sus sentencias. Todo un despropósito, aunque para ellos, todo esto sí es democrático…¿pero qué esperaban? ¿Que después de sacar 62+10=72 escaños en el Parlamento catalán renunciaran a poner en marcha su programa? ¿Quizá eso hubiese sido más «democrático»?

Nos agarramos al carácter plebiscitario de las pasadas elecciones catalanas sólo cuando nos sirve a nuestros intereses, y cuando no, argumentamos que han sido unas elecciones autonómicas normales y corrientes. Rajoy y toda su camarilla, esa que aboga por la «soberanía nacional» (que hace ya varios años que hemos perdido) y por la «unidad de España» (les falta poner los adjetivos «una, grande y libre», como en los tiempos franquistas) dijeron por activa y por pasiva que dichas elecciones no serían plebiscitarias, que eso era un cuento de Artur Más y su camarilla, pero ahora, cuando dichas fuerzas políticas han obtenido mayoría absoluta de escaños, resulta que miramos los porcentajes de voto entre los bloques que han apoyado a los partidos independentistas, y a los que no, y les echamos en cara que son «antidemocráticos». Para la señora Rosa Díez, que ha llevado a su partido a un esperpento residual en la política española, «lo que está ocurriendo en Cataluña es cosa de unos golpistas que no respetan la democracia»…¿qué democracia no respetan, señora Díez? ¿La democracia que a usted le interesa? Incluso VOX ha convocado a una campaña para reclamar al Gobierno que aplique el artículo 155 de la Constitución, que prevé la suspensión de una Autonomía cuyas decisiones vayan contra el interés general.

Y por supuesto, la terminología creada a tal fin es bastante ilustrativa, con expresiones como «desafío soberanista», «ataque a la democracia», «pulso al Estado», y otras muchas, que revelan el gran déficit democrático que sufrimos en nuestro país. El cóctel de planteamientos y de declaraciones esperpénticas está servido…Rajoy y Pedro Sánchez siguen a vueltas con sus hipócritas visiones de la «unidad de España» y de la «soberanía nacional», Albert Rivera, encumbrado recientemente por las encuestas como tercera fuerza política nacional, no pierde oportunidad, y solicita «un gran pacto de Estado por España» para defender ambos conceptos, e incluso Pablo Iglesias, representante de un PODEMOS absolutamente descafeinado, declara que no le gusta que «los territorios declaren Repúblicas»…a lo mejor Pablo Iglesias debiera detenerse a pensar que dicha República Catalana, si alcanza a existir alguna vez, puede actuar como punta de lanza para que los poderes fácticos de nuestro país se vayan disolviendo, porque actúe como prueba del algodón de que no tenemos porqué seguir con un Rey impuesto en dinastía desde la dictadura, contribuyendo a modo de revulsivo popular para desencadenar, con más fuerza, el nuevo Proceso Constituyente que tanto necesitamos, y que antes tanto defendía Pablo Iglesias.

Pero volvamos a la cita con la que abríamos el artículo, porque creo que ahí radica el nudo gordiano del asunto. Desde las fuerzas políticas del llamado «bloque constitucionalista», opuestas incluso a que se convocara un referéndum con todas las garantías legales en Cataluña, se argumenta que «nadie puede estar por encima de la ley», y que «la democracia no puede existir sin leyes». Vamos a obviar el hecho de que precisamente quienes apelan a estas consignas son quienes llevan incumpliendo las leyes, tanto la propia Constitución, como las ulteriores leyes de ámbito nacional, autonómico y local. Si aplicamos ese famoso dicho popular a nuestro caso, la pregunta podría ser la siguiente: ¿Qué fue primero, la democracia o la ley? Evidentemente, para que haya leyes tiene que haber pueblo, comunidad, ciudadanía, que manifieste su deseo de construir un marco de convivencia común, respetado por todos, es decir, tiene que existir democracia. La democracia es un fin en sí misma, no así las leyes, que únicamente están pensadas para garantizar la democracia. No es por tanto la democracia la que se tiene que supeditar a las leyes, sino al contrario, las leyes a la democracia. En nuestro caso, el pueblo catalán lleva manifestándose y queriendo ser consultado sobre la independencia desde hace mucho tiempo, sin ser oído por el resto de Instituciones del Estado, es decir, la democracia viene siendo ignorada.

Se apela por otra parte al clásico recurso de que al mencionar la Constitución que «la soberanía nacional reside en el pueblo español», todo éste ha de ser consultado, en expresión de Rajoy: «Lo que sea España tienen que decidirlo todos los españoles». Pero la reciente jurisprudencia de experiencias llevadas a cabo en otros países (Canadá, Escocia,…) indica que se podría haber pactado con el Estado Español la celebración del referéndum, o bien haber permitido que la Ley de Consultas aprobada en el Parlamento catalán hubiera dado marco jurídico legal a dicho referéndum. El PP es muy dado a poner símiles entre el Estado y la familia, así que vamos a devolverle la pelota: esto es como si en una familia con varios hijos, uno de ellos quiere independizarse…¿tienen que consultar los padres a todos los hermanos para que éstos den su consentimiento a la emancipación? Evidentemente, no. Por tanto, si el pueblo catalán hubiera visto satisfecho su deseo democrático de ser escuchado en las urnas (lo que eufemísticamente se ha denominado como «derecho a decidir»), ahora no estaríamos en esta situación, e incluso posiblemente se hubiera manifestado mayoritariamente en contra de la independencia.

Pero es el continuo impedimento a ejercer este derecho democrático por parte de las Instituciones del Estado y del Gobierno Central el que provoca que la situación se vaya complicando y deteriorando, se vaya calentando, las posturas se vayan alejando, la ciudadanía se vaya rebelando y radicalizando, y que las Instituciones estatales y autonómicas se vayan distanciando, hasta provocar el tremendo conflicto que hoy se vive en Cataluña, y en consecuencia, en el resto de España. Porque como indica Josep Rexach, politólogo y miembro del Consejo Asesor para la Transición Nacional: «Creo que hay un elemento central, que es el principio democrático. Ha habido unas elecciones que han dado una mayoría parlamentaria absoluta a dos formaciones que llevaban precisamente esta concreción en los programas electorales, y por tanto, están plenamente legitimadas para poner en práctica su programa electoral. Es la legitimidad emanada del principio democrático de un proceso electoral. Esta es la mejor baza«. En definitiva, volvamos a los fueros democráticos, porque si no somos capaces de canalizar legal, legítima y democráticamente las aspiraciones del pueblo catalán de ser escuchados, el enfrentamiento de Cataluña con el Estado está servido, y no ha hecho más que empezar.

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