Un efecto positivo de la Unión Europea es que está obligando a los países miembros a confeccionar determinadas estadísticas que de otra forma nunca hubieran visto la luz. Así, el INE ha comenzado a publicar cifras acerca de la pobreza en España. Ciertamente, hasta ahora contábamos con informaciones similares, pero provenientes de instituciones privadas, concretamente […]
Un efecto positivo de la Unión Europea es que está obligando a los países miembros a confeccionar determinadas estadísticas que de otra forma nunca hubieran visto la luz. Así, el INE ha comenzado a publicar cifras acerca de la pobreza en España. Ciertamente, hasta ahora contábamos con informaciones similares, pero provenientes de instituciones privadas, concretamente de la fundación FOESSA, perteneciente a CÁRITAS. Quizás fuera ello una señal de la tendencia a privatizar ciertos problemas incómodos, como la pobreza, encomendando su solución a la iniciativa privada. Pero de eso hablaremos más adelante.
Digamos que la pobreza, tal como se define en las estadísticas internacionales, es un concepto relativo. Seleccionan un colectivo relacionando su capacidad económica con la de la media de la población. Sin duda, son múltiples los criterios que se pueden seguir y los parámetros utilizables para clasificar a una persona como pobre, pero todos vienen a tener resultados similares. El informe FOESSA lo hacía en referencia al 50% de la renta media. En las estadísticas europeas y en las del INE, consideran pobre a aquel que se encuentra por debajo del 60% de la mediana, una vez ordenada la población en función de los ingresos equivalentes netos. No conviene entrar en mayores tecnicismos, pero sí insistir en el carácter relativo de la pobreza, no sólo porque está unida a la riqueza por una relación causa-efecto, sino porque el drama y la desvergüenza se hacen tanto más hirientes cuando se les compara no con la media, sino con los tramos elevados de la distribución personal de la rent a, estadística que nos falta y que los gobiernos de uno u otro signo no han tenido ningún interés en promocionar.
A partir de las cifras publicadas por Europa, nos hemos enterado de que España se encuentra a la cabeza de los países europeos con el 19%, cifra sólo superada por Irlanda, Grecia y Portugal. No es que seamos más pobres, que eso ya lo sabíamos, sino que también tenemos mayor número de pobres (relativos, no lo olvidemos); es decir, que repartimos peor la riqueza, como nos aclara otro indicador de la Unión Europea que mide la desigualdad en la distribución de la renta, según el cual de nuevo Irlanda, Portugal, Grecia y España vuelven a sobresalir y se sitúan en primera línea.
Tiene especial interés considerar los índices de pobreza antes y después de las trasferencias sociales (excluidas las pensiones, ya que se supone que en sentido estricto no constituyen un concepto redistributivo). La diferencia entre un porcentaje y otro mide en cierta forma la intensidad de la política social del Estado. Cuando analizamos los dos índices, llegamos a la conclusión de que el porcentaje de pobres en España, al igual que en Portugal y en Grecia, no difiere sustancialmente de la media de la Unión Europea, incluso está por debajo (23% frente a 24%), si el porcentaje que se considera es antes de las trasferencias sociales; pero la situación cambia radicalmente si el porcentaje que manejamos es después de transferencias. La media europea entonces se sitúa en el 15% y España, en el 19%. La conclusión es evidente: la raquítica política social de nuestro país hace que después de su acción el porcentaje de pobreza descienda sólo cuatro puntos, cuando por término medio e l del resto de los países de la Unión lo hace en nueve puntos. Esta conclusión no nos debe extrañar, sabemos que el porcentaje del PIB que dedicamos en España a gastos sociales es seis puntos inferior al que dedica la media de la Unión Europea.
Tales cifras nos colocan de inmediato en un tema esbozado anteriormente y que ahora debemos plantearnos con un poco más de detalle, la tendencia a privatizar el problema de la pobreza. Hoy se remite todo a la sociedad, a las ONG, al voluntariado. Pero la sociedad sin más es informe, invertebrada; se vertebra y se organiza jurídicamente a través del Estado y es éste el sujeto de las obligaciones y derechos de la sociedad. A los poderes públicos, tal como afirma nuestra Constitución, les corresponde aplicar una política social que minimice las desigualdades y evite la pobreza. La caridad, la solidaridad, están bien, siempre que no pretendan sustituir a la justicia. Las ONG pueden cumplir una meritoria labor, pero en ningún caso deben servir de coartada para que el Estado no cumpla con su obligación de ser verdaderamente social y de derecho.
Cada vez se habla más de la sociedad civil, pero es difícil saber en qué se concreta. La experiencia dice que lo que no es Estado es mercado, y que esa llamada sociedad civil es tan sólo mercantil en un 99%. No necesitamos que las grandes corporaciones o las grandes fortunas se dediquen a realizar obras benéficas, tan sólo que paguen correctamente sus impuestos y que no presionen para que la carga fiscal sea cada vez más reducida. La sociedad sí puede hacer algo contra la pobreza: tomar conciencia de que sin un sistema fiscal adecuado la política social es irrealizable. Si en realidad políticos, empresarios y ciudadanos quieren erradicar la pobreza en nuestro país, deben coincidir en que medidas como las rebajas fiscales experimentadas en los años precedentes tienen un efecto perverso para una distribución más equitativa de la renta.»