El abogado Iñigo Iruin explicó ayer que en los pasillos de la Audiencia Nacional han sido habituales los rumores sobre posibles operaciones contra LAB. Unas sospechas que han adquirido visos de realidad tras conocerse que 24 teléfonos de sedes del sindicato y de sus militantes más destacados han sido objeto de escuchas durante al menos […]
El abogado Iñigo Iruin explicó ayer que en los pasillos de la Audiencia Nacional han sido habituales los rumores sobre posibles operaciones contra LAB. Unas sospechas que han adquirido visos de realidad tras conocerse que 24 teléfonos de sedes del sindicato y de sus militantes más destacados han sido objeto de escuchas durante al menos los dos últimos años. La investigación lleva el sello de la Policía española y la firma de la Audiencia Nacional.
Desde junio de 2003, la Unidad Central de Inteligencia (UCI) de la Policía española tiene «pinchados» dos docenas de teléfonos fijos y móviles pertenecientes a oficinas del sindicato LAB, a su secretario general Rafa Díez y a otros destacados dirigentes y militantes.
El «pastel» fue descubierto, según explicó ayer el abogado Iñigo Iruin, a raíz del proceso de ilegalización de Aukera Guztiak, acaecido antes de los pasados comicios autonómicos del 17 de abril. Entonces, la Fiscalía aportó como «indicio» una conversación telefónica entre Rafa Díez y el empresario Antxon Lafont, uno de los impulsores de esa plataforma ciudadana además de presidente del Consejo Económico y Social.
Tras la decisión del Tribunal Supremo en favor de la ilegalización, la defensa de Aukera Guztiak presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, preguntándose entre otros aspectos sobre la licitud de las escuchas al secretario general de LAB. En respuesta, la Fiscalía presentó una solicitud de la UCI al Juzgado de Intrucción número 5 de la Audiencia Nacional, en la que se pedía al juez Baltasar Garzón autorización para «pinchar» varios teléfonos fijos y móviles.
La Policía enmarcaba esta demanda dentro de las «investigaciones en torno al sindicato LAB, en las que se ha puesto de manifiesto la utilización de la cobertura que brinda el mismo para el funcionamiento y actividades del entramado organizativo de carácter criminal denominado Movimiento Nacional de Liberación Vasco, dirigido por ETA-EKIN».
Garzón dio su visto bueno a unas intervenciones telefónicas que se han prolongado al menos hasta el pasado abril. En principio, estas diligencias previas se realizaban bajo el epígrafe 288/03. Iñigo Iruin explicó que el juez Fernando Grande-Marlaska, actual titular del Juzgado número 5, las ha acumulado a otros dos informes.
Uno es el 201/03, que recoge una «investigación de las actividades de presuntos responsables de Ekin». El otro se denomina 17/05 y recoge las pesquisas «en torno a la actividades de responsables de Batasuna que tenían por objeto intentar eludir las consecuencias de la ilegalización de HB-EH-Batasuna con la presentación de ‘listas blancas'». Los tres procedimientos se encuentran unificados bajo el código 201/03.
Iñigo Iruin anunció que tanto Rafa Díez, a nivel personal, como el propio sindicato han presentado «escritos de personación en las diligencias previas, al objeto de tratar de conocer el alcance y la situación actual de esas diligencias. Todavía no hemos obtenido respuesta».
Para el letrado, los datos son «preocupantes», puesto que «se reproduce el esquema de los sumarios que se han instruido contra las organizaciones de la izquierda abertzale en los últimos siete años. Es decir, operativos policiales y judiciales sustentadas en informes de la UCI y en escuchas telefónicas».
Iñigo Iruin subrayó que «todos sabemos que la Audiencia Nacional es una carta de la baraja, que se maneja para realizar jugadas que atienden más a criterios de oportunidad política o de intereses de Estado que a principios de legalidad. Parece, por los datos que hay, que se estaba o se está en disposición de una eventual operación contra el sindicato».
Denuncias desde ELAy Askatasuna
Germán Kortabarria, secretario general adjunto de ELA, consideró que este tipo de intervenciones responden a un «modelo de guerra» que se «contradice» con «los mensajes de optimismo que envía el Gobierno español». Indicó que «si Zapatero quiere tener credibilidad, debe parar estas cosas», y añadió que el Ejecutivo español cuenta con las «herramientas» necesarias para ello. Askatasuna también denunció el espionaje contra la izquierda abertzale. –
«Se habla de paz, pero se llena el camino de minas»
Rafa Díez aventuró que, en vista de que las escuchas se iniciaron en junio de 2003, se podría deducir que el Gobierno Aznar había previsto que el sindicato fuera «el último eslabón» de la cadena de ataques contra organismos de la izquierda abertzale. Las elecciones de marzo de 2004 trajeron un cambio de Ejecutivo en Madrid, pese a lo cual prosiguen los operativos judiciales y políticos.
En este sentido, el secretario general de LAB instó al PSOEa «desactivar la herencia política del PP. Es hora de terminar con esta cacería». Díez resaltó las diferencias existentes entre los discursos de José Luis Rodríguez Zapatero y la práctica diaria, y consideró incompatible que se hable de paz y, a la vez, «llenar el camino de minas».
Manifestación en Bilbo
El dirigente de la central abertzale quiso enviar un mensaje de «tranquilidad y confianza» a sus más de 37.000 afiliados y a la ciudadanía vasca. «Tenemos clara cuál es nuestra labor en defensa de la clase trabajadora y de los derechos nacionales que le corresponden a EuskalHerria. Nadie apartará a LAB de ese camino», manifestó.
Ante la situación creada, Rafa Díez consideró «imprescindible» la «activación de la sociedad vasca» si de verdad se desea un proceso de normalización. «No podemos estar esperando a la fumata blanca. La sociedad es un sujeto clave para llevar este proceso por donde tiene que ir». Por ello, llamó a acudir a la manifestación que se celebrará mañana en Bilbo bajo el lema «Orain herria, orain bakea».