La lucha feminista de clase ha dado como resultado la conquista de espacios de libertad para las mujeres, y también para los hombres, que aspiramos a un cambio social radical. Las mujeres feministas y los hombres que rechazamos los valores dominantes identificamos el patriarcado como el sistema de opresión hacia las mujeres, y el capitalismo […]
La lucha feminista de clase ha dado como resultado la conquista de espacios de libertad para las mujeres, y también para los hombres, que aspiramos a un cambio social radical. Las mujeres feministas y los hombres que rechazamos los valores dominantes identificamos el patriarcado como el sistema de opresión hacia las mujeres, y el capitalismo global, como el sistema de explotación de una inmensa mayoría de mujeres y de hombres por parte de una minoría. El patriarcado y el capitalismo se conjugan con racismo, sexismo, misoginia, xenofobia, homofobia, esclavismo, imperialismo. Generan pobreza y exclusión, violencia, guerra, violaciones. Rechazamos este sistema y reivindicamos derechos, porque todas las personas tenemos derecho a vivir sin guerra, sin ocupación extranjera ni bases militares. Todas las personas tenemos derecho a luchar contra la dominación de las personas y los pueblos, todas las trabajadoras y trabajadores tenemos derecho a luchar contra la explotación. Nos solidarizamos con todas las mujeres trabajadoras del mundo que padecen: iraquíes, palestinas, colombianas… y proclamamos que otro mundo con justicia social es posible.
Llega un nuevo 8 de Marzo y nos encontramos con una realidad laboral cada vez más cruda. El mercado globalizado esclaviza hombres y mujeres pero los y las trabajadoras jóvenes, las personas inmigrantes y las mujeres nos vemos afectadas con mayor gravedad. Además, las mujeres padecemos la doble y triple jornada haciendo compatible el trabajo productivo y reproductivo. Sobre nosotras recaen, principalmente, las tareas de cuidado y atención a las personas, tareas que no son consideradas socialmente.
En lugar de ir hacia el reparto de las horas de trabajo disponibles entre todos y todas para reducir la jornada laboral y dirigir la producción a un fin social, el trabajo bajo las leyes de mercado obliga a una explotación cada vez más brutal.
Las mujeres trabajadoras se insertan en el mercado laboral en una situación de desigualdad (mayor temporalidad, contratos a tiempo parcial, salarios bajos, etc.) respecto al hombre; de acuerdo con un estudio reciente, la mujer en el estado español cobra, por término medio en la empresa privada, la mitad que el hombre.
Los empresarios rechazan contratar mujeres en edad fértil o las despiden para evitar el periodo de maternidad. Según un estudio reciente, el sector privado expulsa las mujeres del mercado laboral a partir de los 28 años. A las mujeres mayores de 45 años se los ofrecen jornadas reducidas con el pretexto de que sirve para autorealizarse y trabajar fuera de casa, pero no permite subsistir.
La inserción de las mujeres en sectores productivos fuertemente feminizados (hostelería, limpieza, comercio, telemárqueting, etc.) hace que la reivindicación de sus derechos sea débil, puesto que no tienen tradición sindical combativa por el tipo de sindicalismo existente, centrado en las grandes empresas, con concentración de mano de obra mayormente masculina.
La deslocalización y el cierre de empresas se están produciendo en sectores industriales, también fuertemente feminizados, como el textil y la electrónica, con el apoyo, no reconocido pero real, de las grandes centrales sindicales (CCOO y UGT) y la aceptación de los diferentes gobiernos, incluido el tripartito, que nos intenta convencer que no hay nada que hacer, e incluso ayuda a deslocalizar. Es un ejemplo la situación de las trabajadoras de MINIWAT que con más de 45 años se enfrentan al despido por el cierre de su empresa.
El Estado aumenta la carga de la obligación social sobre las mujeres con las tareas domésticas y de atención a las personas (niñas y niños, enfermas y enfermos, gente grande) por el continuo recorte del gasto social y la privatización de los servicios públicos, que encarecen su uso en manos privadas (lo usará quienes tenga por pagar). La Constitución europea promueve estas privatizaciones.
Las mujeres trabajadoras inmigradas, además de padecer como el resto de inmigrantes la Ley de extranjería, tienen una situación de explotación más acusada por su inserción en el mercado laboral en sectores aun más precarizados y aislados, como son el trabajo doméstico y de atención a las personas y la prostitución. Ante la violencia de género son más vulnerables por la Ley de extranjería.
La Ley integral contra la violencia de género es el resultado de muchos años de lucha feminista de clase. Aun así nos preocupa su desviación penalizadora, muy centrada en el castigo al maltratador y con poco acento en la prevención y las políticas sociales que acompañen a las mujeres a hacer los pasos necesarios.
Manifestamos nuestro profundo desacuerdo por la ausencia de denuncia a la violencia estructural del sistema capitalista, que impide el despliegue autónomo de las mujeres y las sitúa en un plano de desigualdad social respecto a los salarios, pensiones, prestaciones sociales. Un millón y medio de viudas españolas sobreviven con una pensión más baja que los 513 euros del salario mínimo. Tampoco pone freno a la utilización de la violencia machista como arma de tortura por parte de los aparatos represivos.
Las mujeres trabajadoras tenemos que luchar en el seno de los sindicatos y en la dirección de éstos, como herramienta de intervención para conseguir la igualdad de derechos sociales y laborales.
Organicémonos, luchemos y tomemos la palabra
Red Solidaria contra los Cierres y la Precariedad
PARTICIPEMOS EN LA MANIFESTACIÓN DEL 8 DE MARZO DE NUESTRAS CIUDADES y PUEBLOS
Xarxa Solidària contra els trancaments i la precarietat