Se expresó en términos rotundos; el Tribunal Supremo (TS) ha confirmado –el 22 de enero– que la devolución de menores de nacionalidad marroquí, desde Ceuta hasta el reino alauí, que las autoridades españolas ejecutaron en el verano de 2021, tuvo un carácter ilegal, informó el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en un comunicado.
Además de la “absoluta inobservancia” de lo establecido en la Ley de Extranjería (como un procedimiento administrativo individual, o información sobre la situación de cada afectado), “se vulneraron los derechos a la integridad física y moral de los menores marroquíes”, según la sentencia del alto tribunal, de acuerdo con la Fiscalía.
Respecto a la citada vulneración, subraya la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, tiene lugar “cuando se pone a una persona en serio peligro de sufrir un padecimiento corporal o psíquico, lo que no puede negarse que ocurriera en este caso (…)”.
El TS rechazó, con algunas de estos argumentos, los recursos planteados por la Abogacía del Estado y de la Ciudad Autónoma de Ceuta; por el contrario en la sentencia, los magistrados estiman el razonamiento de la Coordinadora de Barrios y la Fundación Raíces, que respaldaron a los menores marroquíes.
Campañas como CIES No de Valencia o el Centro de Derechos Humanos Irídia, de Cataluña, difundieron el 22 de enero en las redes sociales la resolución judicial; además Irídia ha promovido una recogida de firmas -mediante una carta digital- para exigir el respeto a los derechos humanos en las fronteras.
Además de la devolución en caliente de centenares de personas, el primer parágrafo de la carta recuerda “la actuación policial conjunta (española) con fuerzas de seguridad de Marruecos el 24 de junio de 2022, que tuvo como consecuencia la muerte de al menos 37 personas y la desaparición de decenas, así como la falta de investigación efectiva de los hechos”; o el fallecimiento en las rutas migratorias para llegar al estado español -desde 2018- de más de 12.500 personas.
Denuncias de relieve son las que plantea, asimismo, la Federación SOS Racismo en el informe de 2023 Sobre el racismo en el estado español. Límites, impactos y propuestas frente al racismo estructural, presentado en diciembre; en otro documento de junio, la ONG registró 740 denuncias de discriminación, 250 de ellas por “racismo institucional” y 126 casos que estaban relacionados con la “negación de acceso a prestaciones y servicios públicos”.
El último informe (diciembre) presenta los resultados de una investigación cualitativa, basada en la recopilación de 70 entrevistas semiestructuradas y en profundidad; seis grupos de discusión y seis entrevistas a “agentes clave” que intervienen en estos procesos; el trabajo empírico se realizó –durante la primera mitad de 2023- en Aragón, Catalunya, Bizkaia, Galicia, Gipuzkoa y Navarra.
En las 70 entrevistas participaron 33 personas migradas, racializadas y gitanas (la mayoría mujeres) y 37 agentes institucionales; más de la mitad tenían entre 29 y 50 años, y procedían de 31 países; en la investigación tomaron parte un total de 120 personas, sumadas las entrevistas y grupos de discusión.
Entre otros datos significativos del reporte, el 59% de las 70 personas entrevistadas considera que el racismo estructural no forma parte de la agenda política; asimismo el 63% de este grupo (44 personas) declara que ha vivido alguna discriminación racista; son víctimas principalmente las mujeres, el 67% (28), mientras que, en el caso de los hombres, afecta al 33% (14). El mayor grupo de personas que ha sufrido esta discriminación tiene entre 40 y 50 años (22).
El documento de SOS Racismo incluye testimonios, como el de un hombre de 32 años, proveniente de Senegal, que cuenta algunas de sus experiencias en el estado español: “La primera palabra que aprendí en castellano fue negro de mierda y se la decían siempre en clase a un chico, reía y se reía toda la clase; he vivido racismo durante todo el tiempo y racismo duro; éramos la primera familia negra africana del pueblo (…); he tenido mis agresiones cuando soy el único chaval negro en grupos de chavales blancos”.
Y el de una mujer nicaragüense, de 40 años, con papeles, empleo y estudios secundarios: “Me han infravalorado por el hecho de venir de fuera, he oído comentarios como que venimos a ‘quitarles las ayudas’ (…); discriminación laboral fue lo que me pasó; en la vivienda te piden un mogollón de papeles a veces aunque tengas el dinero; y en el entorno donde estoy estudiando, lo vivo también, estoy viviendo racismo y en mi trabajo igual”.
En el desglose de testimonios recogidos en las entrevistas, SOS Racismo accedió a los siguientes datos (denuncias por discriminación); 26 hacían referencia a conflictos y agresiones racistas; 22 a la denegación de acceso a prestaciones y servicios públicos; a los servicios de carácter privado (20); 19 al racismo institucional; siete a la discriminación laboral y otros seis a la extrema derecha y el discurso del odio.
Respecto al agente discriminador, el 65% de los testimonios de personas migradas, racializadas y gitanas señalan a una entidad pública; además, “el 53% de las entrevistas (al mencionado colectivo) implicaron a particulares como agentes discriminadores”; un porcentaje muy destacado de incidentes racistas no se denuncian.
¿Cuál es el impacto psicológico y en la salud mental? En el 18% de los casos afectó a la autoestima, y -en el mismo porcentaje-, miedo; seguido de la pérdida de confianza (17%); y la ansiedad, la culpabilidad y la evasión (14%). Asimismo, en el ámbito psicosocial, se destacan otros efectos como la frustración, la rabia/ira, la tristeza/depresión y la desconfianza.
“He recibido tanto racismo aquí que no me han permitido sentirme española, aunque así lo ponga en mi DNI, no me siento como alguien que pertenece a esta sociedad, porque constantemente me recuerdan que mi color de piel (…); sin embargo, si voy a Etiopía, me pasa exactamente lo mismo, porque me recuerdan que soy europea, por mi piel, mi alimentación, ropa o porque ya no recuerdo tanto el idioma”, afirma una mujer de 28 años, estudiante y procedente de Etiopía.
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