Según datos oficiales de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias en el año 2017 murieron 147 personas en cárceles dependientes de la Secretaría General. En 2018 esta cifra aumentó a 210 personas . Con el año 2019 prácticamente terminado, si bien no se dispone de datos oficiales, tenemos conocimiento de que son ya 163 personas […]
Según datos oficiales de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias en el año 2017 murieron 147 personas en cárceles dependientes de la Secretaría General. En 2018 esta cifra aumentó a 210 personas . Con el año 2019 prácticamente terminado, si bien no se dispone de datos oficiales, tenemos conocimiento de que son ya 163 personas las que han muerto. Las últimas nueve en la primera quincena de diciembre.
Evidentemente estas muertes no son inevitables, en muchos casos pueden y deben evitarse.
El Mecanismo Nacional para la Prevención de la tortura en su último informe del año 2018, en el que analizaba los datos de 2017, destacaba que «resulta especialmente preocupante el fuerte incremento de muertes asociadas al consumo de drogas (61) y también el ligero incremento del número de suicidios» (33). Ante esta realidad, las reacciones y la toma de medidas no se pueden demorar más.
Como un primer paso para abordar esta cuestión, desde Salhaketa Nafarroa consideramos imprescindible que se elimine la catalogación de «muerte natural» que utiliza Instituciones Penitenciarias para referirse a determinadas muertes en el medio penitenciario, ya que aun siendo un concepto médico, su utilización en estos casos es eufemística, y sobre todo, es una trampa que oculta la dimensión del problema. Primero, porque no debería ser considerado «natural» morir en prisión, ya que, por un lado, muchas de las muertes que se producen en prisión son consecuencia directa de la incidencia en la salud que tienen las condiciones de encierro que se imponen, tanto a nivel físico como psicológico. Dicho de otro modo: la cárcel enferma, las condiciones de encierro matan. Por otro lado, porque, en caso de personas con enfermedades graves diagnosticadas, la legislación española habilita distintas posibilidades para que puedan cumplir condena fuera de las cárceles y no haya personas que mueran en prisión. Sin embargo, la realidad es que este es un recurso muy poco utilizado, primando las razones de seguridad en lugar de las humanas y médicas. En tercer lugar porque a día de hoy, con los avances médicos existentes, las muertes naturales súbitas son cada vez menos frecuentes y por tanto hablar de «muerte natural» cuando lo que está fallando es la prevención y la atención a la salud en prisión, insistimos, oculta el problema.
Las personas presas deben tener acceso a la atención sanitaria de la que disfrutamos quienes no estamos privadas de libertad. La mayor parte de las muertes catalogadas como «naturales» en el medio penitenciario no son muertes súbitas, sino de personas enfermas crónicas y sobre las que ha habido una dejación de atención médica básica e indispensable. Para evitar que se produzcan estas muertes, es necesaria una correcta detección de la problemática sanitaria y una correcta atención médica. Ninguna de estas dos condiciones se da en las cárceles del Estado español.
Es una urgencia humanitaria atender a esta realidad. Por ello, nos sumarnos a las denuncias que desde hace tiempo se vienen haciendo desde fuera de la cárcel, entre otras, desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) quienes llevan años reivindicando el derecho a la salud dentro de las cárceles, con especial mención a las cárceles andaluzas. Como denunciaban en su comunicado de prensa del pasado día 19 de noviembre «La prisión no puede ser una condena a muerte», Andalucía es la comunidad autónoma donde más personas murieron en el año 2018 bajo custodia de Instituciones Penitenciarias y se señalaba, como una de las causas de esta situación, al estado crítico de la asistencia sanitaria.
También nos sumamos a las reivindicaciones de quienes desde dentro de las cárceles exigen y reclaman sus derechos, entre ellos, el colectivo de «Presxs en lucha» que desde el mes de noviembre están realizando una nueva huelga de hambre rotativa, reivindicando, entre otras cosas, una correcta atención médica y la excarcelación de las personas presas enfermas. En ningún caso las personas presas deberían morir en la cárcel solas, desatendidas y/o (en el mejor de los casos) siendo excarceladas a escaso tiempo de su muerte.
En Navarra, la asunción de competencias sanitarias respecto de la cárcel de Pamplona es indispensable y urgente. Una asunción que se retrasa ya más de 15 años y que no termina de llegar. Mientras la lentitud y el bloqueo que entrañan la burocracia y los desencuentros políticos mantienen esta situación, son las personas presas las que sufren la desatención médica en la cárcel de Pamplona y en todas las cárceles del Estado español, lo que supone la vulneración de su derecho a la salud como cualquier persona, que está siendo la verdadera causa de la marea de muertes que cada año se dan en prisión.
Firman esta carta Libertad Francés, Paz Francés, Lorena Alemán, June San Millán, Irati Jimenez, Amelia Gonzalez, Iranzu Baltasar, Ruth Martinez y Javier Martinez-Zapata como miembros de Salhaketa Nafarroa.
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