La XIII Reunión de Alto Nivel entre España y Marruecos no ha sido una simple cumbre bilateral, sino un punto de inflexión que consolida la lectura marroquí del conflicto saharaui dentro de la diplomacia española.
Al asumir expresiones, conceptos y planteamientos que no figuran en las resoluciones oficiales de Naciones Unidas, el Gobierno español se desplaza del terreno jurídico de la descolonización hacia el relato político de Rabat. El resultado es una declaración que presenta la ocupación del Sáhara Occidental como un asunto cerrado y normalizado, con efectos directos en la región y en la propia posición internacional de España.
La cumbre no solo dejó una lista de acuerdos económicos y sectoriales. Lo más grave es que consolidó un marco político que acerca peligrosamente la posición española a la narrativa marroquí. La resolución 2797, que en su versión oficial mantiene la referencia a una solución que respete la autodeterminación del pueblo saharaui, está siendo reinterpretada por Marruecos como si avalara su plan de autonomía. Y España, en lugar de corregir esa deriva, la repite. El comunicado llega a afirmar que “una verdadera autonomía bajo soberanía marroquí podría ser la solución más factible”, algo que no aparece en la resolución de la ONU. Es una frase tomada directamente del discurso marroquí.
En esa misma línea, el Gobierno español adopta la expresión “controversia política”, que —como ha explicado Carlos C. García— viene del término francés différend, habitual en la diplomacia marroquí para rebajar un conflicto de descolonización a un simple desacuerdo interno. Es un cambio de lenguaje que no es inocente: pasar de “territorio pendiente de descolonización” a “controversia política” supone aceptar la premisa central de Rabat, que niega el estatuto internacional del Sáhara Occidental y lo encierra dentro de su supuesta soberanía.
A esta deriva se añade un detalle llamativo que afecta directamente a la credibilidad del comunicado. Como ha señalado Carlos Ruiz Miguel, el texto español afirma que la resolución 2797 apoya “plenamente” la labor del Secretario General. Pero así no habla la ONU en español: la versión oficial dice “pleno apoyo”. Quien usa “pleinement” es la versión francesa. El error demuestra que el borrador del comunicado no se hizo a partir del documento oficial en español, sino a partir del francés, la lengua de trabajo de Marruecos. Es decir: España firmó un texto prácticamente calcado del que Rabat llevó a la mesa. Ni Moncloa ni Exteriores se tomaron la molestia de ajustarlo al vocabulario oficial de Naciones Unidas.
Estos dos elementos —el uso de “controversia política” y la adopción de “plenamente”— dejan al descubierto que la declaración se movió en un marco conceptual diseñado desde Rabat. Es el lenguaje del ocupante puesto negro sobre blanco en un documento español. El giro iniciado por el Gobierno en 2022 ya no es una excepción: queda incorporado incluso al modo en que España describe el conflicto.
El comunicado de la RAN se apoya en una traducción casi literal del francés, señal inequívoca de que el relato de Rabat llegó ya hecho y España lo asumió sin correcciones.
La declaración cierra el círculo con otro compromiso inquietante: España y Marruecos acuerdan coordinarse “también dentro del Consejo de Seguridad”. Esto significa que Madrid asume que sus futuras posiciones en la ONU deberán moverse dentro del marco político marroquí. El Sáhara Occidental deja de ser una responsabilidad histórica y un proceso de descolonización inacabado para convertirse en una variable subordinada a una alianza con fuertes desequilibrios. Y esto tiene consecuencias: aísla diplomáticamente a Argelia, debilita al Frente Polisario y refuerza la estrategia de Rabat para dominar el norte de África y su proyección hacia el Sahel.
Todo esto se envuelve en un discurso de seguridad regional que presenta a España y Marruecos como actores “determinantes” para la estabilidad del Mediterráneo y África occidental. El mensaje de fondo es claro: la estabilidad pasa por un Marruecos fuerte, es decir, por un Sáhara Occidental bajo control marroquí. Convertir la ocupación en un asunto “de seguridad” permite esconder el conflicto detrás de palabras como terrorismo, cooperación o fronteras. Así, la exigencia de autodeterminación aparece casi como un riesgo para la estabilidad, no como un derecho protegido por la ONU.
Y esto tiene consecuencias: aísla diplomáticamente a Argelia, debilita al Frente Polisario y refuerza la estrategia de Rabat para dominar el norte de África y proyectarse hacia el Sahel.
La parte africana de la declaración es igual de reveladora. España se suma sin reservas a las iniciativas marroquíes en África —corredores económicos, energía, gasoductos— como si no estuvieran profundamente ligadas a la explotación de un territorio ocupado. Es un aval indirecto a la pretensión marroquí de controlar la fachada atlántica del Sáhara Occidental y convertirla en pieza clave de su política hacia el continente. Lo que se calla la declaración es que esas infraestructuras y proyectos afectan directamente a un territorio cuyo estatus internacional está pendiente, y cuyos recursos no pueden ser explotados sin el consentimiento del pueblo saharaui.
Incluso el Mundial de 2030 aparece en el comunicado como símbolo de unión entre continentes. Para Rabat, sin embargo, es una herramienta perfecta de propaganda: una oportunidad de mostrar al mundo que el Sáhara está integrado “con normalidad” en el Estado marroquí. Si España acepta esa narrativa, el Mundial se convierte en una enorme plataforma de blanqueo de la ocupación, avalada por la potencia administradora de iure.
El colmo del cinismo llega cuando la declaración se permite invocar el Derecho Internacional para condenar la invasión rusa de Ucrania, mientras ignora por completo el estatus del Sáhara Occidental según la ONU, la Corte Internacional de Justicia y los tribunales europeos. Para Europa, legalidad estricta; para África, relativismo jurídico. Un doble rasero que erosiona la credibilidad del propio Gobierno español.
Cada iniciativa africana que España respalda sin mencionar el estatus del territorio contribuye a normalizar la explotación de un país aún pendiente de descolonización.
En conjunto, la RAN no fue una mera cumbre bilateral: fue una operación política para integrar la ocupación del Sáhara Occidental en grandes marcos regionales —Mediterráneo, Sahel, OTAN, África occidental— que diluyen su carácter colonial. España ha optado por reforzar una alianza desequilibrada a costa del Derecho Internacional y del pueblo saharaui. Ante esta ofensiva narrativa y diplomática, mantener la claridad jurídica y política sobre el estatus del Sáhara sigue siendo esencial. Hoy más que nunca.
Victoria G. Corera – PLATAFORMA «NO TE OLVIDES DEL SAHARA OCCIDENTAL»