Han desenfundado los primeros, no están para bromas ni templan gaitas. La triunfante noche electoral del pasado 20N en el Hotel Majestic y algunos comentarios y guiños entre colegas (Mas-Duran i Lleida), sumados a sofisticadas y profundísimas proclamas futbolísticas, ya parecían indicarlo. Apenas dos días después de las elecciones del 20-N, tras conseguir menos del […]
Han desenfundado los primeros, no están para bromas ni templan gaitas. La triunfante noche electoral del pasado 20N en el Hotel Majestic y algunos comentarios y guiños entre colegas (Mas-Duran i Lleida), sumados a sofisticadas y profundísimas proclamas futbolísticas, ya parecían indicarlo.
Apenas dos días después de las elecciones del 20-N, tras conseguir menos del 30% de los votos emitidos en las circunscripciones catalanas (1.014.263, el 29,35%), el president Mas ha anunciado la buena nueva conservadora nacionalista, lo que estaba casi cantado pero que, desde luego, callaron estudiadamente durante la campaña electoral, el programa de su hora, su hoja de ruta [1]: reducción de salarios, sin precisión de cuantía hasta el momento, de los trabajadores públicos, muchos de ellos votantes de la coalición [2]; privatizaciones (venta de patrimonio público, oficinas, edificios, junto a reorganizaciones de una sanidad pública cada vez más orientada a la defensa de intereses privados, Boi Ruiz está para eso [3]) e incremento de las tasas universitarias, del transporte público y del recibo del agua
Hay más: el president del gobierno de los mejores (privatizadores) ha asegurado que es partidario de revisar las «condiciones laborales» de los trabajadores públicos para minimizar los despidos. Minimizar no es sinónimo de anular: ha hablado de limitarlos únicamente al de los trabajadores de «aquellos organismos públicos que, tras la reorganización del organigrama hecha por el nuevo Govern, se han quedado prácticamente sin funciones». Los trabajadores de Memorial Democrático, no serán los únicos, están heridos de muerte.
Aparte del incremento del precio de la gasolina -«que no afectaría a transportistas ni al sector primario», se está estudiando -es decir, se efectuará- introducir una tasa por receta farmacéutica dispensada en la sanidad pública para «evitar abusos» ha añadido el president con cara de reflexión profunda y defensa de lo público [4]. No se trata de una medida de copago, ha matizado. No, claro que no, en absoluto, sino de «una barrera disuasoria para moderar el consumo de medicamentos que no sean estrictamente necesarios para los usuarios», pareciendo presuponer que los ciudadanos son unos obsesos farmacólogos ansiosos de ingerir y acumular fármacos y más fármacos por vicio, irracionalismo o simple estupidez y los y las médicos que los dispensan fueran un colectivo de irresponsables agentes consumistas al servicio de los grandes laboratorios.
Según cálculos de la propia Generalitat, trabajos y días de Mas-Colell y sus asesores, con estas medidas podrán ingresarse (o no «gastarse») unos 1.000 millones de euros adicionales en las arcas públicas catalanas. La calderilla del fraude fiscal catalán, la mitad de lo que el gobierno de la Generalitat ha entregado con sus contrarreformas fiscales -reforma de la Ley de Sucesiones- a las grandes fortunas catalanas.
Los planes del muy derechista y conservador gobierno catalán contemplan -¡faltaría más!- que no se subirán los impuestos que dependen de la Generalitat. Veremos qué impuestos no se tocan. Eso sí, con la boca grande y prueba de ecuanimidad se ha afirmado que no se renuncia a aplicar el Impuesto del Patrimonio si el nuevo gobierno de Mariano Rajoy decide mantenerlo. Tomemos nota para comprobar en qué queda, si fuera el caso, la aplicación catalana del impuesto patrimonial.
El presidente catalán, con una retórica cada vez más gastada e infame, ha asegurado que ante la crisis hacen falta «esfuerzos, sacrificios y ajustes por parte de todos». ¡De todos! ¿De qué todos?
En su excelente e imprescindible «Reino de España: pasmo, marasmo y fin de época» [5], apuntan Antoni Domènech, Gustavo Búster, Gerardo Pisarello y Daniel Raventós que «mal haría quien cayera en el espejismo de la victoria de CiU en Cataluña, cuya explicación hay que buscarla más en el descrédito abrumador del socialismo catalán y en la movilización de la población catalana frente al Gobierno central para un pacto fiscal que mantenga el gasto público autonómico, que en la popularidad de unos recortes del gasto social contestados desde el primer día, y cada vez con mayor contundencia en la calle».
Es probable que sea así, es muy probable que esas sean las claves centrales de la ajustada victoria electoral convergente (no en la circunscripción de Barcelona), pero no es contradictorio con ello señalar que una gran parte de la base electoral y social de CiU -especialmente de Unió- no sólo está imbuida de una ideología nacionalista que le hace transitar siempre por temáticas nacionalistas y nacionales, con anexos crematísticos, sin apenas contagio social, sino que, además, cultivan y abonan (y viven en) una cosmovisión profunda y crecientemente conservadora. Sus bases sociales, privilegiadas en muchos casos, se han desplazado hacia la derecha y, en algunos casos, hacia la extrema derecha. ¿Cómo se explica si no que hayan votado, sin vómitos conocidos y sin dolor de esófago ni úlcera de estómago, a un político institucional -racista, xenófobo, lobista, pronuclear, homofóbico, católico conservador aparente- de la estatura moral y política de Duran i Lleida, su cabeza de cartel? ¿Mejor que Rajoy, Gallardón, Cospedal o Aguirre? ¿Dónde se ubican las mejoras?
Notas:
[2] En 2010, se rebajó su salario, por decreto gubernamental, un 5% de promedio.
[3] Alfons Quintá, «Uso privado de la red hospitalaria pública». http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=4563 Un paso significativo: «[…] El objetivo, pésimamente disimulado, de la Generalitat es fomentar dos vías de entrada y atención a la XHUP. La vía pública y la privada. Quiere disminuir la pública y potenciar la privada, ahora mínima. Hay que recordar que, gracias a los recortes, los tiempos de espera en la sanidad pública se han alargado. Ya hay «acumulación» (expresión cínica y oficial para barnizar los retrasos indefinidos) de pruebas médicas, tanto de diagnostico como preoperatorias. Por tanto, habrá personas que, para ser atendidas, se verán obligadas a hacerse miembros de una aseguradora privada. Entonces, serán intervenidas mucho antes en instalaciones hasta hoy casi siempre de uso público y gratuito. Ahora tendrán que pagar»
[4] «Ticket moderador» en el infame lenguaje del president Mas.
[5] www.sinpermiso.info (semana del 20-N)
Salvador López Arnal es colaborador de El Viejo Topo, rebelión y Papeles ecosociales, y autor de Entre clásicos, La Oveja roja, Madrid (en prensa).
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.