El día 6 de abril de 2022, varias decenas de integrantes de Rebelión Científica y otros colectivos ecologistas se manifestaron frente al Congreso de los Diputados, en un acto de protesta contra la clamorosa insuficiencia de las medidas frente a la catástrofe ecológica. Las y los manifestantes lanzaron un tinte biodegradable a base de remolacha (fácilmente limpiable) en la escalinata de acceso al Congreso, con el fin de visibilizar el crimen contra la naturaleza que nuestra civilización está perpetrando. Como consecuencia de dichas protestas, la Fiscalía ha solicitado un año y nueve meses de prisión para 15 de estas personas.
Ante la bochornosa injusticia de esta acusación, escribimos este manifiesto para mostrar nuestro apoyo a las y los acusadas/os, pero también para denunciar la creciente criminalización y persecución a las/los militantes ecologistas en todo el mundo. Por ello, declaramos lo siguiente:
- El líquido arrojado en las escaleras del Congreso era totalmente inocuo para la integridad del patrimonio histórico. Se eligió precisamente para no producir ningún daño de esa naturaleza.
- Aun en el caso de que aquel tinte hubiera producido menoscabo del patrimonio, es hipócrita castigar la producción de unas pocas manchas, cuando nuestro modo de vida está cometiendo crímenes atroces contra los ecosistemas de la Tierra, todo lo cual está condenando a la extinción a cientos de miles de especies, incluida quizá la humana.
- Los crímenes verdaderamente sangrantes y denunciables son aquellos en los que incurren a diario nuestras instituciones políticas y económicas, que incumplen sin escrúpulos los acuerdos internacionales en materia de emisiones contaminantes y protección de la biodiversidad. He ahí otra flagrante hipocresía.
- La reacción ante las manifestaciones de Rebelión Científica y otros colectivos ecologistas, ejemplificadas en la acusación de la Fiscalía, es muestra de una violencia institucional absolutamente desproporcionada. ¡Un año y nueves meses de cárcel por participar en una manifestación pacífica! Deberíamos escandalizarnos ante tamaña arbitrariedad.
- Esa violencia institucional es un ejemplo más de una deriva cada vez más acentuada en los últimos años, consistente en criminalizar la protesta social. Es un fenómeno global que en España ha encontrado respaldo jurídico en la conocida como “ley mordaza”, y que paulatinamente está socavando la democracia y las libertades públicas.
- La criminalización de la protesta se está cebando, cada vez con más fuerza, con los grupos ecologistas. En su Memoria de 2023, la Fiscalía General del Estado incluyó al “ecologismo radical” dentro del apartado de terrorismo. Aunque posteriormente rectificó, es un síntoma de un ambiente criminalizador que nos subleva y que denunciamos con rotundidad.
- La virulencia de la reacción contra el ecologismo es una muestra de que las instituciones se resisten a tomar las medidas necesarias para atajar la crisis ecológica que nos asedia. Y, sin embargo, son medidas urgentes que, de no adoptarse, producirán millones de víctimas y cancelarán la posibilidad de un futuro digno (o quizá de cualquier futuro a secas) para nosotras, nuestras hijas y nuestras nietas.
- Reafirmamos, por tanto, la pertinencia de la protesta que ahora se quiere criminalizar, y la necesidad de persistir en acciones de este tipo. Apoyamos a las y los manifestantes y a las 15 personas acusadas por la Fiscalía, y exhortamos a que se retiren todos los cargos: son ridículos e injustos. El derecho debe emplearse para hacer valer la justicia, no para castigar a quienes la exigen.
Puedes firmar este manifiesto aquí.
FIRMANTES
Luis Lloredo Alix (Universidad Autónoma de Madrid)
Adrián Almazán (Universidad Carlos III de Madrid)
Yayo Herrero (Foro de Transiciones Ecosociales)
María Eugenia Rodríguez Palop (Diputada en el Parlamento Europeo)
Carmen Madorrán (Universidad Autónoma de Madrid)
Carlos Lema Añón (Universidad Carlos III de Madrid)
Marco Aparicio (Universitat de Girona)
Jaime Pastor (Viento Sur)
César Rendueles (Consejo Superior de Investigaciones Científicas)
Miguel Urbán (Diputado en el Parlamento Europeo)
Manuel Garí (Viento Sur)
Teresa Vicente (Universidad de Murcia)
Rafael Sanz (Universidad Nacional de Educación a Distancia)
Susana Borràs (Universitat Rovira i Virgili)
Silvina Ribotta (Universidad Carlos III de Madrid)
Observatori DESCA (Derechos Sociales y Justicia Ecológica)
Cátedra Unesco de Desarrollo Humano Sostenible (Universitat de Girona)
Antonio Aretxabala Díez (Universidad de Zaragoza)
Remedios Zafra (Consejo Superior de Investigaciones Científicas)
Jaime Vindel (Consejo Superior de Investigaciones Científicas)
Carmen Velayos Castelo (Universidad de Salamanca)
Giacomo D’Alisa (Universitat Autònoma de Barcelona)
Alicia Valero (Universidad de Zaragoza)
Luis González Reyes (Cooperativa GARUA)
Marta Tafalla (Universitat Autònoma de Barcelona)
Montserrat Escartín (Universitat de Girona)
Antonio Casado (Euskal Herriko Uniberstsitatea)
Antonio Turiel (Consejo Superior de Investigaciones Científicas)
María José Guerra Palmero (Universidad de La Laguna)
Isabel Balza (Universidad de Jaén)
Francisco Garrido Peña (Universidad de Jaén/ Universidad Pablo de Olavide)
Antonio Diéguez (Universidad de Málaga)
Javier de Lucas (Universitat de Valencia)
Antonio Campillo (Universidad de Murcia)