La revolución cubana se ha caracterizado, desde que se hizo poder -e incluso antes-, por su pragmatismo hasta el límite de principios éticos muy firmes. Nadie duda que esa capacidad de corregir errores y tendencias negativas sin por ello perder la ruta fundamental haya tenido mucho que ver con la supervivencia del proyecto cubano de […]
La revolución cubana se ha caracterizado, desde que se hizo poder -e incluso antes-, por su pragmatismo hasta el límite de principios éticos muy firmes. Nadie duda que esa capacidad de corregir errores y tendencias negativas sin por ello perder la ruta fundamental haya tenido mucho que ver con la supervivencia del proyecto cubano de revolución social, sometido a pruebas muy complejas, en medio de los mayores peligros, durante medio siglo.
Es sabido que las economías de mercado recurren siempre a la centralización para enmendar sus deficiencias, en tanto que las economías centralizadas deben tomar elementos del mercado para hacer lo propio en sus sistemas cuando se requieren ajustes.
Esa dicotomía ha servido en la economía política tanto para la crítica del capitalismo por su ciega dependencia del mercado, como del socialismo por ignorar la empecinada vigencia de éste.
Por estos días, bajo la batuta del nuevo presidente Raúl Castro, Cuba ha emprendido una reforma agroalimentaria que admite comparación, por su trascendencia económica y social, con las reformas agrarias de los primeros años de proceso revolucionario.
Uno de los más significativos cambios ha sido la entrega de tierras ociosas en usufructo a tenor del Decreto-Ley 259, que beneficia a entidades estatales, organizaciones cooperativas y a cualquier persona natural cubana físicamente apta para el trabajo agrícola.
Tras la promulgación de este decreto, llamado a revertir la tendencia al decrecimiento del área de tierra cultivada en la Isla, que entre 1998 y 2007 fue de un 33 por ciento, se convocó a los campesinos a través de sus organizaciones de base a presentar sus requisitos de maquinaria, piezas de repuesto, sistemas de irrigación, arados, molinos de viento y demás insumos para hacer el mejor uso posible de la tierra.
Poco antes había tenido lugar un reordenamiento del sector, encaminado a llevar la toma de decisiones lo más cerca posible de las plantaciones, eliminando muchos eslabones intermediarios. Las delegaciones municipales del Ministerio de la Agricultura asumieron muchas funciones que eran desempeñadas a nivel central o en las cabeceras provinciales, entre ellas las de dar atención a los campesinos privados y los organizados en cooperativas.
También se habían fijado incrementos a los precios que pagan las empresas estatales de acopio, que adquieren entre el 70 y el 80 % de las cosechas de los campesinos privados, quienes, a su vez, venden en mercado público el resto de sus productos. Las granjas estatales y cooperativas de campesinos tendrán iguales beneficios.
No han faltado quienes objetan el lugar que la medida concede a la propiedad privada dentro de un proyecto socialista teóricamente identificado con la propiedad social y que por ello debía asignar un espacio menor a la propiedad individual y la producción mercantil. Las motivaciones basadas o relacionadas con la necesidad de garantizar la supervivencia del proceso revolucionario han constituido argumento convincente en favor de la medida, que efectivamente toma en préstamo elementos de la economía mercantil para ponerlos al servicio del urgente propósito socialista.
Hace más de 15 años, el General Raúl Castro, quien ocupaba el cargo de Ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, había advertido que, a los efectos de la seguridad nacional y de la continuidad de la revolución, la alimentación popular es tan importante como los armamentos con que cuente el país para su defensa – y a veces más importante aún.
Investido Jefe de Estado al pasar a retiro por prescripción de los médicos el líder de la revolución, Fidel Castro, desde su nueva responsabilidad Raúl ha insistido en la necesidad de garantizar la alimentación del país como objetivo prioritario para la seguridad de la nación, ahora en medio de una situación mundial que agrega argumentos, severidad y urgencia a la cuestión.
La reforma agroalimentaria (con matices de revolución dentro de la revolución) apenas comienza. Un objetivo inmediato será reducir la sangría por concepto de la importación de alimentos, que en 2007 costó al país 1,600 millones de dólares y en 2008 crecerá un 20% para alcanzar los 1,900 millones por la compra de la misma cantidad de toneladas de alimentos importada en el año 2007. A tal fin, se trabaja en el perfeccionamiento de la comercialización y el acopio, con medidas que incluyen la venta por calidad del producto a fin de incrementar la disponibilidad de comestibles para sustituir importaciones.
Para esta nueva prueba de resistencia, Cuba aprovechará las experiencias derivadas de los esfuerzos desarrollados por la Isla tras el derrumbe de la Unión Soviética y el campo socialista europeo, que dejó al país prácticamente sin socios comerciales dispuestos a enfrentar el criminal bloqueo de orientación genocida impuesto por el gobierno estadounidense virtualmente desde el triunfo de la revolución en enero de 1959 y legislado en 1962.
La ventaja para Cuba en esta etapa de su enfrentamiento con Estados Unidos está en que, aunque son fuerzas de la derecha extrema las que gobiernan en la superpotencia, el contexto en el mundo es ahora diferente y es el imperio el que está más aislado.