Todos estaremos comentando el lunes los resultados de las elecciones andaluzas. Un símbolo de la importancia de los procesos electorales que marcan el cambio en términos políticos en este país. Pero la focalización de este importante hecho participativo no debe hacernos descuidar la atención hacia procesos de movilización en marcha que hacen posible la desautorización […]
Todos estaremos comentando el lunes los resultados de las elecciones andaluzas. Un símbolo de la importancia de los procesos electorales que marcan el cambio en términos políticos en este país. Pero la focalización de este importante hecho participativo no debe hacernos descuidar la atención hacia procesos de movilización en marcha que hacen posible la desautorización ciudadana de la opción política del PP y que tienen un significado político y participativo muy relevante. El 24 de marzo, martes, está convocada una huelga general en las Universidades españolas. La han convocado todos los sindicatos representados en la mesa sectorial de universidades para todo el personal que presta en ella sus servicios, PAS o PDI. Por su parte, han convocado asimismo huelga todas las organizaciones representativas de los estudiantes y los sindicatos de estudiantes. El motivo es rechazar el modelo universitario que quiere imponer el Decreto del Ministro Wert que modifica la distribución de los estudios de grado y de master.
El Decreto Wert, RD 43/2015, más conocido por las cifras 3+2, que modifica y reduce los estudios de Grado hasta el momento situados en 4 años, ampliando y liberalizando los 2 años de Master, ha sido rechazado por la Conferencia de Rectores (CRUE), que ha decidido que no puede poner en práctica el Decreto al menos hasta el 2016, después de evaluar los resultados de la implantación de los nuevos planes de estudio dictados al socaire de lo que se conoce como Plan Bolonia y que tiene que cerrar su acreditación y monitorización a lo largo de todo este año. Como el lector podrá imaginarse, el Ministerio no ha abierto ninguna negociación con los distintos sectores de la comunidad educativa, desde los sindicatos hasta los estudiantes. Es una decisión autocrática que ha ignorado tanto a las autoridades académicas como a las fuerzas representativas de los distintos sectores universitarios y que se quiere imponer con la fuerza autoritaria de un poder público en sus últimas horas, a contrarreloj.
La causa de esta prisa y de este golpe autoritario se puede vislumbrar al analizar las consecuencias que la norma va a acarrear. Ya el Ministro había indicado desde hace tiempo que la Universidad española no funcionaba, que los resultados de la misma no eran proporcionados a la ingente inversión que había recibido. No se sabe cuáles son los datos que ha manejado el Ministro, porque lo cierto es que en 2009 en España se destinó un 1,77% del gasto público en Enseñanza Superior, mientras que la media en la Unión Europea fue de 9,2%. Las partidas peor paradas han sido las destinadas a becas y ayudas a los estudiantes, resultando en España un 0,11% del PIB, mientras que la media en los países de la OCDE ascendió al 0,31%. Como es público y notorio, a partir de 2010, los presupuestos de las distintas Universidades públicas se han reducido sensiblemente, han pasado de 10.118 millones en el 2010 a 8.594 en el 2014 destacando la asfixia financiera padecida por alguna Universidad pública como la Universidad de Castilla-La Mancha, que entre 2010 y 2014 ha visto decrecer su presupuesto en 56.480.059 euros, pasando de 244.086.591 a 187.606.532 euros, es decir una reducción del 23,14%. Otras universidades han acompañado a la UCLM en esta carrera de recortes: Murcia, Cantabria, las Universidades Catalanas, la Universidad del Pais Vasco, las universidades públicas de Madrid. Todas ellas con recortes entre el 21,8 y el 16,2 %.
En cómputo global, las reducciones presupuestarias del conjunto de Universidades públicas han descendido en el período un 15,06%. Además a partir de la llegada al poder del Partido Popular se ha producido un descenso de las partida provenientes del poder público (Comunidades Autónomas, principalmente) y un paralelo incremento de las partidas privadas como consecuencia del incremento de las tasas y precios públicos universitarios. Mientras que el capítulo de transferencias corrientes se ha reducido un 19,38%, los ingresos por tasas se han incrementado en un 20,82%.
Esta es la Universidad que ha dejado el Partido Popular en el gobierno. Ahora con el Decreto 3+2 se prosigue, de un lado, el encarecimiento de las tasas y precios universitarios. Aunque los datos cambian entre universidades, es interesante señalar cómo incluso en las que se han situado en las posiciones más bajas en cuanto al incremento de las tasas, como la UCLM, el resultado es desolador. En la UCLM, entre 2010 y 2015 el precio del crédito de grado en primera matrícula se ha incrementado en un 26,75% y el de máster en un 47,45%. A ello se une la alteración, siempre con criterios excluyentes y restrictivos, del sistema de becas, para las que por otra parte cada vez se presupuesta menos dinero. Eso ha conducido a una pérdida de más de cuarenta y cinco mil estudiantes en las universidades públicas, que sin embargo no ha sucedido en las universidades privadas, que han incrementado en 5.000. El gasto público por alumno ha descendido en el 2015 en 1.279 €, un 16,5%.
Este es otro de los objetivos de la norma. Privatizar la franja del master, considerarlo un título profesionalizante decisivo, y encomendarlo a su determinación por el mercado, estableciendo una amplia gama de especializaciones cuyo común denominador sea la concurrencia medida en términos de precio de la enseñanza. En esta carrera, las universidades privadas tienen un interés predominante, para poder desplazar el grueso de sus enseñanzas hacia la franja del +2 con un incremento exponencial de las tasas para los grupos favorecidos. Con ello se da un impulso decisivo a la privatización de la enseñanza universitaria, hasta el momento todavía muy marginal en relación con lo que sucede con la enseñanza privada concertada en las fases no universitarias.
Para los sindicatos, la conclusión es clara y terminante, tal como la ha resumido Alfonso Gil, secretario general de la F.E. de CC.OO. de Castilla la Mancha: «El resultado del Decreto será menos financiación de las universidades, pérdida de empleo del PDI y del PAS y mayor deterioro de las condiciones laborales, más privatización, ya que junto con el proyecto de RD de creación de centros y universidades facilitará que las universidades privadas accedan a una parte mayor del pastel de la educación superior y pérdida de equidad, configurando un modelo de universidad más clasista y menos democrática».
Por otra parte, hay dos normas más en marcha que culminan este desaguisado. El primero, un Real Decreto de creación de centros y universidades que flexibiliza y desregula la creación de universidades para facilitar que prosperen las privadas y que éstas no tengan trabas legales – calidad de la enseñanza, número mínimo de doctores, infraestructuras académicas, etc – eliminando muchos requisitos mínimos fijados por la ley y rebajando la exigencia de los que quedan. El segundo, otro Real Decreto por el que se modifica la acreditación del PDI funcionario disminuyendo la ya de por si limitada «objetividad, transparencia e imparcialidad» del sistema actual, minusvalorando la actividad docente frente a la investigación. Según lo que afirman los sindicatos del sector, el nuevo régimen legal «suprime un marco común general -cada comisión tendría sus propios criterios- y comportaría valoraciones poco o nada homogéneas», de tal manera que el propósito general sería el de endurecer los requisitos para la acreditación con el fin de tener menos profesores acreditados, como efectivamente se manifiesta en las instrucciones informales que se están dando en las respectivas comisiones de acreditación.
Una pésima coyuntura para la Universidad frente a la que la comunidad universitaria muestra profundas resistencias. Estudiantes, PAS y PDI se han manifestado claramente por este rechazo. Los rectores y las autoridades académicas están asimismo muy incómodos por la actuación del Ministerio y comprenden la necesidad de los distintos sectores de la comunidad universitaria en expresar su protesta.
La huelga del día 24 es el primero de los actos que se deben ir poniendo en marcha para detener estos últimos movimientos destructivos del que posiblemente sea el peor y más nocivo equipo ministerial desde los tiempos del franquismo. Y la ciudadanía debe estar informada sobre esta tendencia acelerada a la degradación de la Universidad pública y de calidad que constituye el leit motiv de las políticas del Ministerio.
Antonio Baylos, Catedrático de Derecho del Trabajo. Universidad de Castilla La Mancha