La empresa minera londinense «Monterrico Metals» sentó su presencia en los andes del norte del Perú atraída por los minerales que contienen las entrañas del subsuelo fronterizo. Para poder operar montó una razón social subsidiaria, Majaz, y con el mismo escrúpulo con que la que operan las mafias, es decir ninguno, diseñó una estrategia para […]
La empresa minera londinense «Monterrico Metals» sentó su presencia en los andes del norte del Perú atraída por los minerales que contienen las entrañas del subsuelo fronterizo. Para poder operar montó una razón social subsidiaria, Majaz, y con el mismo escrúpulo con que la que operan las mafias, es decir ninguno, diseñó una estrategia para sacar adelante sus planes.
Habían previsto todo: violar las leyes, desconocer el derecho ancestral de las comunidades andinas sobre la posesión de las tierras, saltar a garrocha los estudios técnicos de impacto ambiental, coimear a las autoridades de un poder político corrupto, desatar campañas a favor del mito de la inversión minera para el «desarrollo», etc.
Sin embargo, en sus cálculos pro activos no estaba prevista en absoluto la tenaz resistencia de la población. Cuando se dieron cuenta que sus negociados corrían un serio riesgo, sacaron de la manga un plan de contingencia y empezaron a desarrollar una de las campañas más perversas de las que se hayan dado en el Perú de los últimos años contra sectores de la iglesia, gobiernos locales, comunidades, organizaciones sociales autónomas y partidos políticos de izquierda.
Para ello contaron con el generoso aporte de ex funcionarios del Ministerio del Interior, como José Arrieta Matos, ex «periodista» que suele vender sus servicios al mejor postor, y de un elemento de vasto prontuario policial como Miguel Ríos Sáenz, alias «Chito» Ríos, ex mando del desaparecido comando paramilitar «Rodrigo Franco», que fue vinculado a la APRA durante su gobierno en Perú entre 1985-1990.
Esto se acaba de demostrar de manera contundente a través de una investigación periodística realizada por el diario La República, que pone en evidencia lo que ya era un secreto a voces.
La campaña puesta en marcha desde las instancias de gobierno fue tomada por los medios de comunicación televisivos, en particular en «Panorama» de Panamericana Televisión (Canal 5), donde se suele ser complaciente, un domingo sí y el siguiente también, con el poder de turno y duro hasta el ridículo con los sectores críticos.
El actual propietario de Canal 5 es Genero Delgado Parker, broad caster peruano que aparece en una cinta de vídeo con Vladimiro Montesinos, poniéndose de acuerdo sobre favores mutuos, y que siguiendo esa línea de conducta, protagonizó con Fernando Olivera, socio del actual presidente Alejandro Toledo, un diálogo donde los asuntos de gobierno son materia de negocio y transacciones no precisamente transparentes.
Medios de esa calaña han pretendido descalificar la lucha legítima de los pueblos que persisten en su demanda para que se corrija un legicidio, pues, la autorización de exploración es absolutamente ilegal, ello en la medida que se atenta contra la actual Constitución, que señala en su artículo 71, que a partir de la línea de frontera hasta 50 kilómetros territorio adentro, está prohibido ceder u otorgar, bajo cualquier forma, espacios y zonas territoriales a empresas
extranjeras.
Pues bien. Majaz opera en Río Blanco, distrito de Carmen de la Frontera, Provincia de Huancabamba, colindante con el Ecuador. Para poder favorecerla, el desacreditado presidente Alejandro Toledo, firmó el 23 de mayo del 2003, el D.S. Nº 022 – 2003, que otorgaba a las empresas mencionadas 20 derechos mineros ubicados en zona fronteriza y en tierras agrícolas.
Esto, más la defensa de sus páramos y sus ríos es lo que motivó la protesta de la población. Ahora que la verdad se abrió paso queda claro que no fue el pueblo, ni sus organizaciones ni sus dirigentes los que hicieron terrorismo; por el contrario fueron víctimas de él por operadores como Arrieta y «Chito» Ríos. Resarcir el pueblo de esta infamia es respetar la ley y su voluntad, así como reparar civilmente a las familias afectadas.
La investigación de La República es tan contundente que hasta los propios funcionarios de empresas mineras como la Newmont Sudamérica, Carlos Santa Cruz, quien además es vicepresidente de la Sociedad Nacional de Minería, han lamentado que se tuviera que emprender una campaña de desprestigio contra miembros de la Iglesia. Y con un sentido común mínimo agrega que estas maniobras desprestigian al sector.
No sólo ello, se demuestra también que en sociedades sujetas a los parámetros neoliberales, la corrupción es un estilo de gobierno y que los planes policíacos digitados suelen reemplazar las acciones de inteligencia-espionaje con operetas que sirven para forzar un nexo entre las luchas de los pueblos con el terrorismo y el narcotráfico.
Pero, en todos los casos, y aun cuando la mentira abrume temporalmente, más temprano que tarde, la verdad prevalece.