Recomiendo:
0

La activista saharaui comenzó este domingo una huelga de hambre indefinida

La retención de Aminettou Haidar en Lanzarote evidencia la complicidad de España en la represión marroquí contra activistas saharauis

Fuentes: Rebelión

Aminettou Haidar, retenida contra su voluntad en el aeropuerto de Lanzarote desde el pasado sábado, comenzó este domingo una huelga de hambre indefinida, que mantendrá hasta que la dejen regresar a su país, el Sáhara Occidental. Haidar llegó a la isla canaria procedente del aeropuerto de El Aaiún donde permaneció también retenida durante 24 horas […]

Aminettou Haidar, retenida contra su voluntad en el aeropuerto de Lanzarote desde el pasado sábado, comenzó este domingo una huelga de hambre indefinida, que mantendrá hasta que la dejen regresar a su país, el Sáhara Occidental. Haidar llegó a la isla canaria procedente del aeropuerto de El Aaiún donde permaneció también retenida durante 24 horas por decisión de las autoridades ocupantes de ese territorio.

Según ha trascendido a distintos medios de comunicación alternativos, la policía marroquí adujo que Aminettou se había negado a rellenar el formulario de entrada al país, entendiendo como negativa el hecho de que la activista de Derechos Humanos pusiera Sáhara Occidental (y no Marruecos) en la casilla destinada a especificar su nacionalidad.

A partir de ese momento, las autoridades alauitas le requisaron su pasaporte oficial (marroquí) y la embarcaron en un avión con destino a Lanzarote donde la policía le permitió la entrada de Haidar argumentando que tenía tarjeta de residente.

Las declaraciones hechas por el Ministro de Exteriores del Gobierno español no dejan de ser sorprendentes pues según Miguel Ángel Moratinos «lo que ha hecho España ha sido facilitar la entrada en Lanzarote de Haidar», obviando el hecho de que la activista saharaui en ningún momento manifestó que quisiera entrar en territorio español, sino más bien lo contrario. Así, Aminettou Haidar no sólo no quiso desembarcar del avión que la había traído a Lanzarote, sino que una vez y fue obligada a hacerlo, intentó comprar un billete de vuelta, opción que le fue negada con varias excusas por la compañía aérea acreditada en la terminal de Guacimeta.

Compromisos y violaciones de Derecho

A este respecto conviene resaltar varias cuestiones sacadas de la página del Ministerio del Interior del Gobierno de España:

– En primer lugar, la tarjeta de residencia no exime de la presentación del pasaporte; en concreto se establece que sus «titulares están obligados a llevar consigo dicho documento, así como a exhibirlo cuando fueran requeridos por la Autoridad o sus agentes sin perjuicio de acreditar su identidad a través de su pasaporte o documento análogo en vigor» (1).

– La tarjeta de residencia no es un documento de viaje y la normativa española requiere que «el extranjero que pretenda entrar en España  deberá hacerlo por los puestos habilitados al efecto, hallarse provisto del pasaporte o documento de viaje que acredite su identidad (2).

Asimismo, se especifica que el extranjero que solicite entrada en territorio español «deberá presentar los documentos que se determinen reglamentariamente que justifiquen el objeto y condiciones de estancia, y acreditar medios de vida suficientes para el tiempo que pretenda permanecer en España, o estar en condiciones de obtener legalmente dichos medios» (3).

¿No resulta contradictorio que a Aminettou no se le aplique esta normativa y que, lejos de hacerlo, se ignore lo establecido en ella? Aminettou no sólo no ha pedido entrar en España, sino que la policía del aeropuerto lanzaroteño la ha obligado a permanecer allí contra su voluntad.

Existe sin embargo, pero no se ha reconocido por parte de ninguno de los Ministerios implicados una exención de la ley:

– «Se podrá autorizar la entrada en España de los extranjeros que no reúnan los requisitos establecidos en los párrafos anteriores  cuando existan razones excepcionales  de índole humanitaria, interés público o cumplimiento de compromisos adquiridos por España». (4)

Por tanto y dado que no se trata de una razón humanitaria ni de interés público, lo único que explica que la activista saharaui esté retenida en Lanzarote es que, con ello, el Estado Español está cumpliendo acuerdos con Marruecos y, de paso, como afirmaba hoy mismo la jurista canaria Inés Miranda, «siendo cómplice de la violación del Derecho Internacional Humanitario, del Derecho a la reagrupación familiar (5), y de los Derechos Fundamentales y Humanos de Aminettou Haidar y del pueblo saharui. Y siéndolo también del aumento de la represión, permanente pero recrudecida en las últimas fchas, que sufren los activistas saharauis, partidarios de la autodeterminación y la independencia del Sáhara Occidental» (6).

El próximo vuelo a El Aaiún desde el aeropuerto lanzaroteño de Gauacimeta está previsto para mañana o máximo para el jueves de esta semana. La activista de Derechos Humanos, Aminettou Haidar volverá a requerir a las autoridades españolas «que me dejen volver a mi tierra, con mi familia y con mi pueblo».

Mientras tanto seguirá sin ingerir alimentos y siendo desalojada de la terminal aeroportuaria cada noche de doce a seis de la mañana.

M.L. González, es periodista, miembro de la Plataforma Canaria de Solidaridad con los Pueblos.

Notas.

(1) http://www.mir.es/SGACAVT/extranje/regimen_general/exttarjeta/obligaciones.html

(2) http://www.mir.es/SGACAVT/extranje/regimen_general/entrada/requisitos_entrada.html

(3) Idem

(4) Idem

(5) Establecido en la Directiva 2003/86/CE del Consejo de Europa, que es reflejo de lo recogido en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, por tanto, de obligado cumplimiento para los Estados miembros de la Unión.

(6) Siete activistas, defensores de Derechos Humanos, entre los que se encuentran los históricos Brahim Dahan y Ali Salem Tamek, fueron encarcelados por Marruecos a mediados de octubre cuando regresaron a Casablanca de un viaje a los campamentos de refugiados de Tindouf. El tribunal militar encargado de juzgar a los saharauis podría condenarlos a muerte.