La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) parece haberse impuesto con éxito en los discursos empresariales. Sobre este hecho existen pocas dudas. Como señalaba The Economist [1], de forma no demasiado efusiva, la RSC ha ganado la batalla de las ideas. Sin embargo, la confirmación de esta victoria en el terreno ideológico abre una serie de interrogantes […]
La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) parece haberse impuesto con éxito en los discursos empresariales. Sobre este hecho existen pocas dudas. Como señalaba The Economist [1], de forma no demasiado efusiva, la RSC ha ganado la batalla de las ideas. Sin embargo, la confirmación de esta victoria en el terreno ideológico abre una serie de interrogantes relativos a la delimitación del concepto RSC y acerca del alcance e implicaciones del mismo en la realidad de la práctica empresarial.
En el ámbito de las argumentaciones teóricas de entronque más ortodoxo, los posicionamientos varían dentro de un espectro que tiene como posiciones límite, por un lado, visiones de tipo instrumental, que consideran que la RSC únicamente debe ser aplicada cuando tiene impacto directo sobre la rentabilidad, y, por otro, enfoques de tipo normativo, que interpretan la RSC desde un punto de vista moral, es decir, como un imperativo de la práctica empresarial. Este tipo de desarrollos no son inocuos ni tienen un carácter anecdótico, sino que se trasladan a los discursos de críticos y defensores, así como de las propias empresas.
La controversia está, por tanto, abierta. En esencia, aquéllo sobre lo que nos preguntamos se circunscribe a un campo de discusión para nada novedoso en el ámbito de la RSC: ¿nos encontramos ante una renovación en los métodos empleados por los grupos empresariales para lograr viejos objetivos? O, por el contrario, ¿es factible una modificación sustancial en los mismos como resultado de la interiorización de las nuevas críticas formuladas por las sociedades donde éstas operan?
Trataremos de brindar cierta luz acerca de la potencial respuesta a estas cuestiones mediante el análisis de ciertos aspectos concretos vinculados con la RSC de diez transnacionales españolas.
Dotación de recursos: el caso de la acción social
Somos conscientes de que la noción de RSC no implica una relación de identidad con los programas relativos a acción social: existen múltiples dimensiones adicionales que implican desembolsos. Sin embargo, la ausencia de información estadística publicada por las propias compañías sobre recursos financieros destinados a los distintos ámbitos de RSC nos lleva a presentar el gasto en acción social como indicador aproximado del esfuerzo en materia de RSC (ver tabla 1 en la edición de Pueblos en papel o el PDF).
En términos de volumen, se observa cómo las partidas de gasto social representan un importe escasamente significativo dentro de las cuentas empresariales. El indicador considerado oscila entre el 0,05% (Repsol) y el 0,28% (BBVA). Sin embargo, el aspecto más relevante es el de su evolución temporal: de las diez empresas estudiadas, siete registraron una disminución en la intensidad en el gasto medido por este indicador. De los casos que registraron una evolución positiva, en dos de ellos se partía de niveles relativos por debajo del 0,10% (Acciona e Iberdrola).
Las dotaciones de recursos consignadas bajo el epígrafe acción social suponen, por tanto, volúmenes anecdóticos sobre el total de operaciones de las compañías analizadas. A pesar de que los discursos empresariales describen una responsabilidad que ha ido creciendo progresivamente respecto a cuestiones sociales y medioambientales, las partidas destinadas a acción social tienden a perder importancia relativa en la actividad de las empresas analizadas.
Grupos de interés y transparencia
En sus memorias sobre sostenibilidad, las empresas asumen, desde un punto de vista discursivo, compromisos exigentes con todos y cada uno de los grupos de interés y respecto a la sociedad en general. A modo de ejemplo, presentamos algunos fragmentos de los informes de sostenibilidad correspondientes al ejercicio 2008 de algunas de las compañías analizadas. El BBVA establece como elemento guía de su política el lema «trabajamos por un futuro mejor para las personas» y afirma que «quiere ser una empresa que escucha a sus grupos de interés y que integre de la mejor manera posible sus expectativas». [2] Iberdrola sustancia su visión en el siguiente objetivo «queremos ser la empresa preferida por nuestro compromiso con la creación de valor, la calidad de vida de las personas y el cuidado del medio ambiente». [3] Repsol manifiesta su compromiso de transformarse en «la empresa que tú quieres» lo que «significa que los valores de sostenibilidad, desarrollo social y respeto al medio ambiente deben formar parte sustancial de nuestros planes de crecimiento». [4] La visión de Telefónica está en sintonía con las anteriores y se explicita del siguiente modo: «queremos mejorar la vida de las personas, facilitar el desarrollo de los negocios y contribuir al desarrollo de las sociedades donde operamos». [5]
La estrategia de comunicación en materia de RSC de las empresas analizadas parece, por tanto, orientarse por el intento de transmitir una imagen basada en fuertes valores (prudencia, integridad, credibilidad, etc.), la creación de bienestar para el conjunto de la sociedad, el interés en dar respuesta adecuada a las demandas de los grupos de interés involucrados de algún modo en la dinámica de la empresa y en mostrarse como instituciones transparentes desde un punto de vista informativo.
En la práctica, sin embargo, las empresas tienden a omitir, en sus memorias de sostenibilidad, información importante para sus grupos de interés sobre asuntos conflictivos que hayan sido relevantes en medios de comunicación o que hayan ocasionado movilizaciones relevantes en alguno de los contextos donde opera la compañía.
Aún más extraño es el caso en el que se informa sobre problemáticas que no hayan sido objeto de escrutinio público. Si particularizamos el análisis por empresa, prácticamente en ningún caso se incorporan impactos negativos en los informes. A modo de ejemplo, el Santander y Endesa no hacen referencia alguna acerca de su posicionamiento en torno a la polémica construcción de cinco presas en Aysén (Chile), que implica el desplazamiento de considerables cantidades de población y un elevado impacto ambiental en zonas de alto valor ecológico.
En el caso de Iberdrola, no se recoge mención alguna acerca de las problemáticas ocurridas en las centrales nucleares de Ascó I y II durante 2008, ni explicita su posicionamiento en torno a este tipo de energía. Unión Fenosa no informa en las memorias correspondientes a los ejercicios 2007 y 2008 sobre los conflictos asociados con la provisión de servicio que efectúa en Nicaragua, hechos que llevaron a un enfrentamiento directo con el Gobierno nicaragüense. Repsol tampoco toma posición respecto a los efectos sobre las comunidades indígenas derivados de sus actuaciones, limitándose a enumerar políticas e iniciativas en esta materia.
En algunos pocos casos, por tanto, las empresas parecen entender el principio de transparencia de un modo reactivo: ofrecer explicaciones acerca de conflictos particulares una vez que éstos han saltado a la arena pública (como consecuencia de la actuación de terceras partes). En un mayor número de ocasiones, sin embargo, incluso cuando la problemática ha sido difundida suficientemente, las empresas optan por no ofrecer explicación.
Paraísos fiscales
Existe un amplio consenso acerca de los efectos negativos que sobre el conjunto de la economía mundial genera la existencia de paraísos fiscales, pero ¿cuáles son las principales consecuencias inducidas por los mismos?
En primer lugar, socavan seriamente las disponibilidades de recursos por parte de los Estados. Los centros financieros extraterritoriales (CFE) permiten a personas físicas y jurídicas acceder a amplias exenciones impositivas sin el establecimiento de requisitos de residencia asociados. Un efecto adicional, de difícil cuantificación, es el derivado de la competencia fiscal inducida por la existencia de paraísos fiscales y de la actividad que empresas y particulares desarrollan en los mismos. Además, la canalización de flujos hacia los CFE en condiciones fiscales privilegiadas impacta de forma relevante en la competitividad de las compañías transnacionales, perjudicando notablemente a aquellas empresas que por tamaño y recursos no son capaces de tejer una red de subordinadas que operen en paraísos fiscales. Adicionalmente, los paraísos fiscales han jugado un papel relevante en la inestable dinámica financiera internacional que ha cristalizado en la actual crisis económica.
La existencia de un sistema bancario paralelo exento de cualquier tipo de supervisión y de medidas reguladoras efectivas que capturan una parte relevante de los recursos financieros internacionales supone un riesgo permanente para la dinámica económica mundial. De igual modo, los paraísos fiscales y las mencionadas cláusulas de confidencialidad y secreto bancarios constituyen un marco idóneo para el blanqueo de dinero obtenido mediante actividades ilícitas. [6]
En la Tabla 2 (ver en la edición de Pueblos en papel o el PDF) se presenta información relativa a la presencia de diez multinacionales españolas en paraísos fiscales. Todas ellas mantenían alguna subsidiaria en CFE. Dos de cada tres empresas participadas desarrollaban sus actividades en el ámbito financiero, incluso cuando la empresa matriz realizaba su actividad principal en un sector distinto. Además, trece de las subsidiarias realizaban actividades de sociedades de cartera, lo que resulta consistente con la literatura existente sobre paraísos fiscales. [7]
Las compañías analizadas se esfuerzan por presentarse a sí mismas como organizaciones transparentes, con canales de comunicación abiertos y bidireccionales con un conjunto amplio de grupos de interés, y guiadas por una serie de valores y principios éticos coherentes con el objetivo de la mejora del bienestar social. Sin embargo, todas ellas cuentan con subsidiarias en CFE sin que en ningún caso expliquen suficientemente sus actividades en esos ámbitos.
Conclusiones
El estudio de los desembolsos realizados por las compañías en concepto de acción social indica el escaso peso que los mismos tienen sobre el conjunto de operaciones de la empresa y, lo que es aún más relevante, identifican una tendencia hacia la reducción de su importancia dentro de éstas a lo largo del tiempo. No parece el comportamiento esperable si, como se apunta frecuentemente, la RSC constituye un elemento estratégico en las políticas de las compañías.
Se ha analizado cómo las transnacionales tienden a reaccionar en materia de comunicación ante la existencia de conflictos relevantes. Dichas estrategias se plantean, en el mejor de los casos, con un marcado carácter defensivo, cuando no absolutamente opaco. Una interpretación de la RSC como elemento estratégico de la empresa implicaría un grado de transparencia considerablemente mayor.
Se ha visto cómo las transnacionales estudiadas operan en paraísos fiscales. La actuación en este tipo de contextos implica profundas consecuencias negativas en una multiplicidad de ámbitos. Esto supone una divergencia de calado entre los discursos mantenidos por las empresas y su actuación en la realidad, proyectando dudas significativas sobre la aplicación de prácticas informativas en consonancia con el principio de transparencia.
Todo ello nos permite apuntar hacia la existencia de una considerable brecha entre lo que las empresas dicen hacer en sus discursos y aquello que realmente hacen en la práctica. Indicios, por tanto, de una utilización fundamentalmente retórica de la RSC que parecen alejarnos de aquellas perspectivas que valoran ésta como una transformación fundamental en el core business de la empresa y que, por tanto, nos acercan a posicionamientos instrumentales.
Notas
[1] Crook, C. (2005). «The Good Company», The Economist, 22 de enero, vol. 374, n. 8.410, pp.3-5.
[2] BBVA (2009), Informe Anual 2008. Responsabilidad Corporativa, p. 8.
[3] Iberdrola (2009), Informe de sostenibilidad 2008, p. 30.
[4] Repsol (2009), Informe de responsabilidad social corporativa, p. 11.
[5] Telefónica (2009), Informe anual de responsabilidad corporativa Telefónica, S.A. 2008, p. 10.
[6] Unger, B. (2007). «Money Laundering, Tax Evasion, Capital Flight, Tax Havens, the Rule based and the Risk Based Approach: Keep it Simple», en Transnational Institute, Seminar on Money Laundering, Tax Evasion and Financial Regulation, Amsterdam 12-13 de junio de 2007.
[7] Desai et al. (2006). «The demand for tax haven operations», Journal of Public Economics, vol. 90, n.3, pp. 513-531.
David Gutiérrez Sobrao es investigador del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) – Paz con Dignidad y del Máster de Economía Internacional y Desarrollo de la Universidad Complutense de Madrid.
Fuente: http://www.revistapueblos.org/spip.php?article1955
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