«La sanidad penitenciaria está al borde del colapso». Silvia Fernández, secretaria general de la sección sindical de FSC-CCOO en Instituciones Penitenciarias, es tajante. Calcula que más del 55% de las plazas de médico de prisión quedan vacantes, un 10% de enfermería y un 25% de auxiliares. Durante la crisis de la covid-19, asegura que la situación no ha mejorado. Advierte que algunos centros se han quedado sin médicos, a pesar de que el Ministerio del Interior sacó a concurso plazas para las que incluso no se pedía el MIR.
El último hecho que ha indignado a CCOO en esta materia han sido las oposiciones de enfermería. Hay 97 plazas vacantes, pero tras el segundo examen y pendiente de un tercero, solo quedan 52 opositores. Por tanto, un numero sustancial volverá a quedarse sin cubrir. Los problemas del sistema sanitario en prisión, según Fernández, son muchos. Solo se reponen los fallecimientos y las jubilaciones, las condiciones laborales que se les ofrecen a los médicos son peores que en otros destinos de la seguridad social y sienten que su trabajo «está poco reconocido». Cuarto poder ha contactado con Instituciones Penitenciarias para contrastar estos datos, pero no ha recibido respuesta.
No es el único sindicato que se ha quejado de la precariedad, en junio de 2019, la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) alertaba de «un desfase cada vez mayor entre la demanda de atención que precisan los más de 51.000 reclusos que hay en las cárceles españolas y el número de médicos». ¿Pero cuántos facultativos hay para atender a esta población? En una respuesta parlamentaria del Gobierno fechada en septiembre de 2020, el Ejecutivo aseguraba que se contaba con 323 efectivos, «a los que se sumarán 42 plazas para facultativos médicos». Cuatro años antes había 343 médicos, 20 médicos más. En la respuesta parlamentaria, el Ministerio del Interior aseguraba que se tiene «previsto incrementar en más del 70% la plantilla del Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria».
Sin embargo, CCOO cuenta a octubre de 2020 con otros datos. Apuntan a que habría unos 280 médicos, con la contratación de médicos interinos sin MIR que hubo durante el estado de alarma pandemia. Además, hay unos 517 enfermeros. De nuevo, cuartopoder no ha recibido respuesta oficial sobre esta cuestión.
Los internos con enfermedades
Sin embargo, los médicos y enfermeras de la cárcel se enfrentan cada día a una realidad muy concreta. La salud de los internos tiene condiciones particulares. Maribel Valiente, del Área de Cárceles de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), apunta a varios factores. El primero, las condiciones de partida. «Los condicionantes sociales afectan a la salud y la cárcel es una buena muestra de ello«, asegura sobre la representación de personas sin recursos entre los presos.
El segundo, la propia naturaleza de la prisión, en la que los condenados viven alejados de sus seres queridos, en centros con «escasa ventilación» y juntos. Además, Valiente recuerda que en la cárcel hay muchas personas con enfermedades infecciosas o crónicas y mayores de 65 con patologías graves.
El encierro, como muchos españoles ya saben, pone a prueba la salud mental: «El encierro favorece el insomnio, la ansiedad y el consumo de psicofármacos», explica.
Médicos dependientes de Interior
De hecho, el gasto farmacéutico es uno de los escollos que ve Fernández para que Interior se resista a transferir las competencias a las comunidades autónomas, que es algo que las dos mujeres consultadas reivindican. «Necesitan mucha medicación», explica la sindicalista sobre los internos. «Interior quiere transferir a coste 0 y las comunidades autónomas eso no lo asumen, ahora lo están desmantelando», opina. Mejorar las retribuciones y mejorar plantillas son otras de sus exigencias.
La Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud 2003 ya preveía transferir a las comunidades autónomas los servicios sanitarios dependientes de Instituciones penitenciarias, pero en 2020, Catalunya y Euskadi son las únicas donde se ha llevado a cabo.
Valiente también cree que desvincular a los médicos de Interior tendría otros efectos, como tener una comunicación «más fluida» entre servicios médicos de la comunidad autónoma. Además, cree que con el sistema actual, a la hora de registrar partes de lesiones que puedan derivar en denuncias, a los médicos se les puede generar «conflictos de intereses», ya que son funcionarios del Ministerio del Interior.
El covid-19 en el confinamiento permanente
Mientras la mayoría de la población sufría la reclusión impuesta por las restricciones pandémicas en sus casas, Fernández asegura que aquellos que viven permanentemente recluidos en cárceles lo hacían en algunos centros sin médicos. «Ahora están sin psiquiatras en Alicante», ejemplifica la delegada de CCOO.
Según datos oficiales de Instituciones Penitenciarias, del 14 de marzo a l21 de junio fallecieron por covid 4 trabajadores y 2 internos y se registraron 278 y 85 positivos respectivamente. En la segunda ola, del 21 de junio a este 25 de noviembre, solo ha habido un interno fallecido, pero los contagios se han multiplicado, ascendiendo a 814 positivos en trabajadores y 608 en presos. La institución le asegura a los sindicatos que la causa es la realización de más test que afloran más asintomáticos.
Además, según el estado de los centros, se mantienen algunas restricciones en algunos, como la suspensión de las comunicaciones íntimas o familiares. Según asegura Instituciones Penitenciarias, para paliar las restricciones, se ha aumentado el número de llamadas telefónicas a las que tienen derecho los internos y se ha potenciado el sistema de vídeollamadas.
Fuente: https://www.cuartopoder.es/salud/2020/12/02/la-sanidad-penitenciaria-esta-al-borde-del-colapso/