Sr. Bru de Sala Si no me equivoco al resumir su artículo del pasado 29 de enero titulado «Jueces y violencia» (La Vanguardia), existe para usted un grave problema que las administraciones deberían abordar urgentemente: la seguridad. En este sentido, ETA, «los okupas» y los robos en urbanizaciones, serían diferentes frutos y manifestaciones de un […]
Sr. Bru de Sala
Si no me equivoco al resumir su artículo del pasado 29 de enero titulado «Jueces y violencia» (La Vanguardia), existe para usted un grave problema que las administraciones deberían abordar urgentemente: la seguridad. En este sentido, ETA, «los okupas» y los robos en urbanizaciones, serían diferentes frutos y manifestaciones de un exceso de tolerancia judicial. El chiste recuerda a la manera en que se cocinan y se interpretan las noticias en medios como la COPE o La Razón, con la diferencia de que aquí el autor es un catalanista ilustrado que, en este caso, no sufre por aproximarse al método y la escudella tradicional del cocidito madrileño.
Así, no se conforma con elaborar un problema a partir de tres retales de tan distinta naturaleza, sino que da un paso mas y dice lo siguiente: «es pasmosa la permisividad de las instancias judiciales con los delincuentes peligrosos. Por un lado, el movimiento okupa y el conglomerado extremista al que pertenece, que más bien parece contar con la protección que con la severidad judicial», y continua mas adelante «también en los asaltos a domicilios, parte de la culpa es de los políticos, que responsabilizan a la prensa de airear los casos, mientras se abstienen de un endurecimiento legal». Acotar en el mismo concepto de «delincuentes peligrosos» a la okupación y a los asaltantes a domicilios es mas que superfluo pero le sirve para justificar y yo diría que incluso incitar a un delito: «un número indeterminado de afectados exasperados se deciden por el peligroso camino de tomar la justicia por su cuenta y expulsar a los okupas mediante brigadas a sueldo».
Sr. Brú de Sala, la práctica del acoso inmobiliario, un recurso habitual y sistemático de un buen número de propietarios particulares y de inmobiliarias, es una forma de violencia que ataca directa y mayoritariamente a inquilinos bajo contrato de alquiler y que, no por casualidad, se produce allí donde existe un proceso o una operación urbanística de envergadura. El propio Conseller d’Habitatge, Francesc Baltasar, declaró hace menos de un año y nada mas jurar su cargo en el anterior Govern, que aproximadamente 10.000 personas pueden estar sufriendo mobbing en toda Catalunya. Los métodos mafiosos se utilizan contra las okupaciones por la misma razón que contra los arrendatarios: saltarse un proceso judicial con las debidas garantías y mantener e incrementar las expectativas de negocio proyectadas sobre el inmueble.
Los sabotajes, las amenazas, la instalación de vecinos hostiles, el abandono de la finca etc. son los hechos que precisamente se han beneficiado de una absoluta pasividad judicial rozando a veces lo escalofriante, como en esta resolución de la Audiencia Provincial de Barcelona el 21 de julio de 2004: «no cualquier actuación de un arrendador encaminada a dificultar al arrendatario el disfrute del bien arrendado puede incardinarse en un ilícito penal… aún cuando la Sra. Estefania tenga avanzada edad y la situación le genere preocupaciones y desasosiego no por ello se la puede calificar de intimidatoria». No son mejores otras sentencias formalmente condenatorias pero que establecen multas ridículas como 15 días multas a razón de 18 euros en el caso de la Calle Verdi 28 de Barcelona u otra del Juzgado de lo Penal 2 de Reus aplicando 6 meses de multa a 6 euros diarios.
De hecho, buena parte del clima que durante las últimas semanas ha intentado dibujar una determinada imagen, la del propietario indefenso frente a los okupas, está utilizando a estos como muñeco de trapo y coartada que justificaría las prácticas violentas y agresivas, al punto que a algún periódico barcelonés le ha faltado encartar con la edición del domingo la tarjeta de cualquiera de esas «brigadas» que no son otra cosa que individuos o equipos de macarras que cobran a cambio intimidar y coaccionar a los inquilinos.
En un sentido mas amplío, ese goteo mediático de brocha gorda, no está haciendo otra cosa que ocultar y desplazar del debate social y público la crisis total del derecho a la vivienda, que se ha perfilado como uno de los problemas mas graves para la mayoría de la población y que ha puesto en tela de juicio el comportamiento tanto de las administraciones como de los promotores. Los lobbys de propietarios han comenzado a hacer política sin mediaciones, intentando escribir un relato de la realidad del que desaparece la relación entre el desarrollismo urbanístico, la planificación municipal y la presión que ejerce hoy el mercado inmobiliario sobre la mayoría de la población de Barcelona.
Pero aunque la prensa quiera cambiar el decorado la tierra sigue girando sobre su propio eje. Le puedo hablar, por ejemplo, de Estefanía, 90 años, mas de 70 viviendo en la misma casa y que en los últimos meses, ante el temor de un futurible proceso judicial por desahucio, ha renunciado a los derechos de su contrato indefinido de renta antigua, recibiendo a cambio un piso de realojo de tan pequeñas dimensiones que no le permite tener un acompañante subvencionado, y al que finalmente ha renunciado para vivir con su hijo. María es una de diez vecinos, seis como ella que ceden sus derechos por miedo y presión, y otros cuatro a los que la LAU no les confiere derecho alguno tras casi 20 años de pago del alquiler y reformas financiadas de su bolsillo. La responsable y la beneficiaria de este proceso es Starline Management, una de las diez sociedades a nombre de Alicia Ferrin Pérez, y cuyo plan, tras derribar un conjunto de seis viviendas perfectamente conservadas, es la edificación de 11 adosados con un valor superior a los 600.000 euros.
Estos diez vecinos, no conforman un hecho aislado sino que le dan relieve a los 10 desahucios que se producen a diario en Barcelona según la Plataforma per l’Habitatge Digne. Una cifra que por sí misma da que pensar pero que no se acerca ni de lejos a la dimensión real del problema, teniendo en cuenta que no incluye procesos de expulsión como este, con apariencia legal, pero donde el factor decisivo es la presión inmobiliaria, la desprotección legal y material de los inquilinos y la libertad total de la propiedad.
Le contaré otra realidad. Los casos de acoso inmobiliario que desde hace mas o menos cinco años son el pan de cada día en el centro de Barcelona, fueron abriendo la puerta a nuevos vecinos, más jóvenes y a los que su poder adquisitivo aún les permitía pagar un sobreprecio vedado a la población histórica de Ciutat Vella. Pues bien, ya hoy, en calles como Nou de la Rambla, Banys Vells o en determinadas zonas de la Barceloneta, se detectan casos en que la finalización de los cinco años de contrato que establece la LAU se traducen en incrementos del alquiler de una medía de 300 euros, lo que supone una expulsión de facto de sus habitantes, transformados de privilegiados en deficitarios en lo que pasa un lustro.
Podría seguir contándole, desde diferentes puntos de vista, desde diferentes zonas y a partir tanto de cifras como de casos concretos, la verdad de un derecho social en vías de extinción y cuyos beneficiarios tienen nombres, apellidos y dirección social. Podemos dejar que hablen ellos mismos, por ejemplo, la Associació de Promotors de Barcelona (APCE), que ofrece esta receta para resolver la cuestión de la vivienda: «En tanto que mercancía, la vivienda es una cosa que se produce no para ser utilizada, sino para ser transmitida, para ser vendida, y, desde este punto de vista, no tiene nada que ver con las necesidades que pueda tener parte de la población» («La vivienda: ¿producto, mercancía o inversión», El Periodico, 30/01/2007). No lo digo yo sino Enric Reyna, que supongo que sabe usted bien a que se dedica y cuales son sus intereses, y que con idéntico desparpajo afirma lo siguiente: «A todas las administraciones -estatal, autonómica y local- les corresponde la difícil tarea de suavizar este serio y complejo problema del acceso a la vivienda. El sector inmobiliario continuará creciendo, aunque a menor ritmo del que lo ha hecho en los últimos años, tanto en volumen como en precios». Imposible ser más claro.
Sr. Bru de Sala, la consonancia entre su opinión y la línea editorial de su periódico -y de casi la mayoría de los medios catalanes-, creo que responde, a priori, a algo evidente: han cantado «firmes!» y usted ha sido el primero en apretar el mentón. Pero también a algo más profundo y que corresponde a las etapas por las que habitualmente pasa el péndulo del catalanismo progresista institucional, en el que incluyo desde ciertos sectores del PSC e IC-V hasta ERC. Ya en los años 20-30 la Esquerra Republicana de entonces -bastante más potable que la actual- pasó de un discurso netamente social y casi izquierdista a convertir, durante la república, cualquier conflicto en un problema policial, judicial o de orden público. Hoy, después de haber representado el contrapunto a la España aznarista y ciertamente cabizbajo tras el humillante proceso estatutario, el catalanismo sociológico y progresista carga hacía dentro y se dedica a convertir los conflictos que afectan a derechos sociales básicos, en problemas de seguridad.
Sr. Bru de Sala es significativo que haya que cruzar una línea tan fina para que usted comparta palabras y términos con Esperanza Aguirre
* Antón Corpas es miembro del Taller contra la Violencia Inmobiliaria y Urbanística y co-redactor de Masala y www.insurgente.org