El Sindicato de Inquilinas de Málaga alerta de la situación de vulnerabilidad que sufre la ciudadanía por la especulación y la falta de protección de su derecho a una vivienda digna
El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Málaga presenta los principales resultados de su informe El derecho a la vivienda en Málaga: un derecho fundamental a la intemperie, en el que muestra las principales vulnerabilidades que sufren las vecinas de Málaga que quieren alquilar. La presentación de los resultados tuvo lugar en la sede de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía.
Una de las portavoces del colectivo, Ruth de Frutos, explica que frente a la necesidad de visibilizar la situación de vulnerabilidad que sufren las arrendatarias en la ciudad, un grupo de inquilinas y personas afines han comenzado a analizar el estado de la vivienda en Málaga: «estamos muy preocupadas por el aumento de los alquileres y el cambio que está sufriendo la ciudad en los últimos años. El parque de atracciones que se está promoviendo desde algunas instancias está afectando directamente al modelo de vida sostenible que queremos seguir viviendo las familias que vivimos en Málaga».
El boom del alquiler en Málaga y sus efectos para la ciudadanía
La renta media bruta anual por hogar de Málaga es una de las más bajas de España y sus niveles de desempleo, a pesar de la mejoría de las últimas cifras, es muy superior a la media nacional. Sin embargo, los alquileres han subido notablemente en los últimos años.
Curro Machuca, portavoz del Sindicato de Inquilinas ha explicado que «el precio de los alquileres se incrementó en la ciudad malagueña un 15,4 %2 entre los años 2016 y 2017. En mayo de 2017, tras meses de crecimiento, el alquiler medio mensual de un piso de 100 m² en la capital de la Costa del Sol se situaba en los 803 euros. Esto equivale, sin incluir otros gastos como el pago de fianzas y de suministros básicos, a 9.536 € anuales, es decir, el 39,26 % de la renta bruta de un hogar medio».
«El alquiler vacacional y el mercado turístico son una de las razones por las que Málaga, con 1.393 euros de media, se sitúa como la cuarta provincia donde el precio del alquiler es más alto en España, por detrás de Islas Baleares (1.522 €), Madrid (1.549 €) y Barcelona (1.603 €)» continúa el portavoz.
Las familias malagueñas se ven obligadas a abandonar sus hogares, cambiar de casa y construir de cero todas sus rutinas por el aumento de la especulación con un derecho fundamental y la falta de protección de las autoridades públicas.
El turismo masivo, unido a los nuevos métodos para el alquiler furtivo mediante pisos turísticos ilegales o alegales, ha generado que la ciudadanía malagueña se vea obligada a huir de centros en los que vivían tradicionalmente, generando un efecto en cascada en otros barrios.
«Frente a las viviendas con fines turísticos (VFT) registradas en la Junta de Andalucía, existe un gran número de VFT sin regular, por lo que son consideradas ilegales. Este mercado, así como también el de las VFT legales, se ha visto favorecido por el surgimiento de plataformas digitales que agilizan el negocio», expone Machuca mientras enseña los gráficos en una presentación.
Curro Machuca explica que «no existen cifras exactas de cuantas VFT se ofertan en internet, pero se han contabilizado 5.262 anuncios en la capital malagueña solo en la plataforma online AirBnB8, según los datos analizados en mayo de 2018 por la consultora independiente Inside AirBnB. Estas más de 5.000 viviendas con fines turísticos no han parado de crecer en la capital malagueña en los últimos meses y contrasta con las 2.600 VFT registradas en la Junta, lo que genera un impacto perjudicial en el acceso a las viviendas asequibles en la ciudad».
El caso de plataformas digitales como AirBnB demuestra que, a diferencia de la visión ampliamente extendida, son principalmente grandes propietarios los que alquilan viviendas completas por largas temporadas a turistas, la mayoría extranjeros, lo que impide a las vecinas y vecinos competir con unos precios que exceden sus posibilidades.
De ellos, las personas vulnerables son las más agredidas por esta situación. Familias monoparentales, unidades familiares con menores o personas ancianas a su cargo y jóvenes no pueden asumir el aumento de los precios.
Los desahucios, la forma más abrupta de atentar contra las inquilinas
En Málaga se produjeron 1.078 lanzamientos12 durante 2017, según el último informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre los Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales, publicado en marzo de este año. Del total de los lanzamientos judiciales, 566 correspondieron al impago de alquileres, lo que supone el 52,5 %. «Esta tendencia demuestra que los desahucios por impago de alquiler ya han superado a los desahucios por impago de hipotecas«, según afirma el portavoz del Sindicato de Inquilinas.
La Ley de Arrendamientos Urbanos, el centro del huracán
La Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y sus sucesivas modificaciones ha supuesto una merma de los derechos de las personas arrendatarias, que pueden ser expulsadas de sus residencias solo con ser avisadas con un mes de antelación. Ello rompe todas las posibilidades de construcción de futuro a medio y largo plazo, generando aún más precariedad en las esperanzas de vida de las vecinas.
Frente a todos estos abusos, un grupo de arrendatarias de Málaga ha creado un Sindicato de Inquilinas e Inquilinos, al igual que otras ciudades como Madrid y Barcelona, con el objetivo de visivilizar el problema, asistir y proteger los intereses de las personas que viven o quieren vivir de alquiler y demandar las siguientes necesidades básicas.
Simona Frabotta, otra de las portavoces del Sindicato de Inquilinas enuncia las principales demandas del colectivo:
1. Contratos más largos. Reivindicamos la derogación/modificación de la Ley de Arrendamiento Urbanos (LAU) para cambiarla por una que establezca contratos de arrendamiento estables de seis años, cuando la persona propietaria sea particular, y de doce años, cuando se trate de grandes propietarias, renovables automáticamente si no hay una necesidad familiar por parte de la parte arrendadora.
2. Precios accesibles para la ciudadanía. Demandamos la creación de un índice de precios de alquiler, de forma consensuada entre las distintas partes interesadas, vinculado al coste de la vida.
3. Regulación de los honorarios que reciben los intermediarios. Los honorarios deben ser abonados por quienes contratan los servicios, con carácter general la persona propietaria.
4. Fin de los privilegios fiscales a las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria (SOCIMI). Este tipo de sociedad inmobiliaria no paga el impuesto de sociedades por los beneficios obtenidos por las rentas de los alquileres. Una ventaja que ningún otro tipo de empresa o persona física disfruta.
5. Paralización de los desahucios sin alternativa habitacional y obligación de realojo por las administraciones.
6. Movilización de viviendas vacías y creación de un parque de VPO para los colectivos vulnerables.
7. Regulación del mercado de viviendas turísticas. Exigimos la moratoria de las licencias de apartamentos turísticos hasta el consenso de un nuevo marco legal garantista con los derechos de la ciudadanía local. Y el incremento de los recursos destinados a la inspección y sanción de los alquileres turísticos ilegales.
Por último, Adrián Broncano, otro de los portavoces del Sindicato de Inquilinas visibiliza la importancia de la formación de este grupo de afectadas por la subida de los alquileres y el acompañamiento legal que se está haciendo de los casos que llegan a todas las reuniones de este grupo que nace con un claro compromiso con los derechos a la vivienda.