Vera Sacristán Adinolfi (Barcelona, 1958) es profesora de matemáticas de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC); su especialidad es la geometría computacional. Fue vicerrectora de Personal de la UPC (2002-2006) y miembro del grupo de trabajo sobre Personal Docente e Investigador de la Comisión Académica Sectorial de las Universidades Españolas, organismo de la Conferencia de […]
Vera Sacristán Adinolfi (Barcelona, 1958) es profesora de matemáticas de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC); su especialidad es la geometría computacional. Fue vicerrectora de Personal de la UPC (2002-2006) y miembro del grupo de trabajo sobre Personal Docente e Investigador de la Comisión Académica Sectorial de las Universidades Españolas, organismo de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas. Ha publicado diversos artículos e informes sobre política universitaria y ha coordinado un libro sobre el mismo tema. Se encuentra entre las personas que fundaron el Observatorio del Sistema Universitario (OSU), un organismo que tiene por objetivo el análisis documentado y crítico para la mejora del sistema universitario en España, y actualmente es su presidenta.
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Nos habíamos quedado en este punto. España, afirma usted, se sitúa como el sexto país de la UE (de un total de 28) que gasta una proporción más pequeña de su riqueza en sus universidades (el 1,08% de su PIB). Sólo Eslovenia, Eslovaquia, Italia, Hungría y Luxemburgo gastan una proporción de su PIB inferior. ¿No sorprenden también esas cifras en el caso de Italia y Luxemburgo? ¿Siempre ha sido así o la situación se ha acentuado-complicado en los últimos años?
No lo digo yo, lo dice la OCDE. El caso de Luxemburgo es atípico, pues dedica mucho dinero a su universidad. Lo que ocurre es que su PIB es tan alto que esa gran cantidad que dedica resulta ser una proporción pequeña de su inmenso PIB. Por eso muchas veces no se tiene en cuenta Luxemburgo en este tipo de estudios, ya que distorsiona las medias de la OCDE. El caso de Italia, en cambio, es preocupante: hace ya años que infra financia sus universidades.
Dos comparaciones, por arriba y por abajo. ¿Qué porcentaje de su PIB dedica Alemania a la financiación de sus universidades públicas? ¿Se ha incrementado o disminuido en este último período? Le pregunto lo mismo para el caso de Portugal.
Por lo que se refiere al total de gasto de las universidades, España gastó en 2014 el 1,08% de su PIB, Alemania el 1,23% y Portugal el 1,36%. Cinco años antes, en 2009, los porcentajes eran 1,11% en España y 1,16% en Alemania. La OCDE no ofrece datos de Portugal para 2009.
En cuanto a la financiación pública, los últimos datos de que disponemos los acaba de suministrar el Public Funding Observatory de la European University Association. Corresponden a 2016 e indican que la financiación pública universitaria en Alemania representa el 0,96% de su PIB, y ha estado subiendo año tras año de forma sostenida, sin interrupciones. En Portugal es el 0,38% y, tras un descenso notable en el período 2010-2013, también está subiendo cada año desde entonces. En España el porcentaje es el 0,65% y lleva cayendo desde 2009 salvo por un repunte de 1 punto porcentual entre 2014 y 2015.
¿Su estudio da pistas sobre la excelencia de la calidad de la enseñanza en una universidad u otra? Podría decirse, aunque no lo diga yo, que las familias catalanas o valencianas pagan más tasas porque la enseñanza que reciben es de mejor calidad.
En nuestro estudio no hemos analizado esta cuestión. Sin embargo, a este respecto caben algunas observaciones básicas. En primer lugar, que los ingresos constituyen, probablemente, el elemento más relevante a la hora de configurar una universidad de calidad, puesto que de ellos dependen los medios materiales y humanos con los que cuenta la universidad para llevar va cabo su tarea docente e investigadora. Pero no son el único, puesto que la organización de la universidad y la selección de su personal docente e investigador también juegan un papel importante. En todo caso, el papel que jueguen los ingresos en la calidad de una universidad depende del total de los ingresos y no de qué parte de éstos sea aportada por sus estudiantes en forma de tasas y precios de matrícula.
A día de hoy (o, mejor dicho, en la última fecha de la que existen datos públicos disponibles, que es 2015) las universidades mejor dotadas económicamente están en La Rioja (10.000 € de ingresos totales por estudiante), Cantabria (9.954 € por estudiante) y el País Vasco (9.934 € por estudiante). Las comunidades en las que los estudiantes pagan más en promedio (destacadamente, Cataluña y la Comunidad de Madrid, seguidas de la Comunidad Valenciana, Castilla y León y Aragón) no se cuentan entre las de mayores ingresos totales por estudiante.
Tras su investigación, tras los resultados obtenidos, ¿cree usted que las luchas que se han llevado a cabo estos últimos, por parte de estudiantes y profesores, han sido útiles? ¿Se ha conseguido algo? ¿Qué si su respuesta fuera positiva?
Claro que sí. Cada vez que en España habido una protesta universitaria en los últimos años, las autoridades han reaccionado modificando sus planes iniciales.
¿Recuerda los encierros de estudiantes de 2008? Algunos duraron meses, como el de la Universidad Complutense o el de la Universidad de Barcelona. Unos acabaron pacíficamente, otros no, y esto último es lo único que se suele recordar. Sin embargo, al finalizar el curso ocurrieron dos cosas muy novedosas. Por un lado, el Ministerio de Educación puso en marcha las llamadas «becas salario». A pesar de que su dotación fue escasa, era la primera vez que un gobierno reconocía que quien estudia debe ser compensado por ello. Por otro lado, aquel año la Comisión de Política Universitaria, en la que participan todos los consejeros autonómicos con competencias sobre universidades junto con el ministerio, acordó no subir los precios de matrícula por encima del IPC. Es el único año, de una larga serie, en que esto ocurrió.
Y ¿qué pasó cuando, en 2013, los estudiantes de Cataluña empezaron a protestar cuando descubrieron que los precios de matrícula de las ingenierías habían subido, a pesar de que el gobierno de la Generalitat había afirmado que todos los precios estaban congelados? El Parlament se hizo eco de su protesta y el Govern tuvo que rectificar (aunque lo cierto es que no modificó los precios, sino que introdujo una nueva modalidad de disminución de precios que denomina «beca equitat»).
A base de protestas, la Comunidad de Madrid ha acabado bajando los precios de las matrículas universitarias (lleva ya dos años haciéndolo), Cataluña ha incrementado su sistema de disminución de precios y Andalucía ha puesto en marcha un sistema de bonificación del 99% del precio de los créditos aprobados en primera matrícula.
Son victorias muy modestas que, sin embargo, indican dos cosas: que las movilizaciones obtienen resultados y que, hasta ahora, la correlación de fuerzas no ha sido suficientemente favorable a los defensores de una universidad pública gratuita y mejor financiada.
¿Me corrige si me equivoco? ¿Las denominadas «clases medias» han hecho un importante esfuerzo en el período estudiado para que sus jóvenes pudieran seguir cursar carreras universitarias (especialmente en comunidades como Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana)?
Los estudiantes universitarios y sus familias han hecho un esfuerzo económico muy considerable. En un estudio que hicimos hace unos años ya, calculamos el precio de una carrera completa, teniendo en cuenta el porcentaje medio de créditos que los estudiantes repiten en cada carrera (no hay que olvidar que las matrículas se encarecen todavía más conforme se repiten asignaturas), el precio de la emisión del título universitario al finalizar los estudios,… en fin, teniendo en cuenta todo lo que en promedio, llega a pagar un estudiante a su paso por la universidad. En Cataluña, descubrimos que alguna carrera había casi cuadruplicado su precio, y una gran mayoría lo había más que duplicado entre el curso 2007-08 y el 2013-14.
Parece razonable pensar que, en algunos casos, jóvenes de origen obrero no han accedido a carreras universitarias y se han decantado por ciclos formativos de grado superior por razones no académicas. ¿Sabemos en cuántos casos?
Desde 1960, el crecimiento de la universidad española ha sido exponencial: hasta los años 90, el número de estudiantes casi se duplicaba cada década. El máximo se alcanzó el curso 1999-2000, con casi 1.600.000 estudiantes. A mediados los años 80 del pasado siglo, justo tras la aprobación de la primera ley universitaria de la democracia, la tasa de escolarización universitaria de los jóvenes de entre 18 y 24 años de edad era del 19%. El curso pasado fue del 47,6%. Hemos asistido, pues, a un proceso enorme de democratización del acceso a la universidad.
Sin embargo, en el año 2010, ya antes del importante aumento de los precios de matrícula de 2012, el acceso a la universidad estaba social y económicamente muy sesgado. Los hijos de los trabajadores manuales constituían el 26,9% de los estudiantes universitarios, mientras que los trabajadores manuales constituían el 47,8% de los varones de entre 40 y 60 años (esto es, de los padres potenciales de estudiantes universitarios). En el otro extremo, los hijos de profesionales eran el 25,2% del estudiantado universitario, mientras que los profesionales tan sólo conformaban el 11,9% de la población masculina de entre 40 y 60 años.
Cabe suponer que el incremento substancial de los precios de matrícula no habrán ayudado a equilibrar los datos anteriores, pero no dispongo de datos actualizados.
En el apartado de conclusiones, señala usted hablando de 2009: «La financiación pública por estudiante varió entre los 5.406€ de Extremadura y los 10.301€ del País Vasco. En relación con el PIB, destacaron de nuevo la Com. Valenciana (1,08%) y Andalucía (1,01%). El valor más bajo se dio en Illes Balears (0,31%), seguida de Navarra (0,34%)». ¿Cómo pueden explicarse estas enormes desigualdades? ¡Casi el doble en el caso de Extremadura y el País Vasco!
Precisamente, en el informe analizamos los ingresos de cada tipo no sólo en su totalidad, sino también por estudiante y como porcentaje del PIB, con el objetivo de entender si las diferencias tienen que ver con el tamaño de las universidades en cada comunidad autónoma o con su riqueza. Lo que constatamos es que la financiación pública es muy distinta por CCAA también cuando se analizan los importes por estudiante (el País Vasco casi duplica a Extremadura) o como porcentaje del PIB (la Comunidad Valenciana más que triplica a Baleares). Semejantes desproporciones se explican, en parte, por motivos de riqueza relativa y, en parte, por las decisiones políticas de priorización de los distintos gobiernos autonómicos.
¿Vivimos en un país justo, que no puede hacer más de lo que hace, en estos asuntos de la financiación pública de las universidades y de las aportaciones de las tasas familiares?
La comparación con el resto de países Europeos indica que en España se podría hacer mucho más. Recomiendo consultar los datos que anualmente publica la Comisión Europea sobre precios universitarios y ayudas al estudio. Las veces que los hemos analizado desde el Observatorio del Sistema Universitario hemos constatado no sólo que España está evolucionando hacia precios muy altos en comparación con el resto de Europa, sino que, además, el sistema de ayudas al estudio en forma de becas es débil y el resto de ayudas que se dan en Europa son aquí inexistentes (becas salario, desgravaciones fiscales, subsidios, alojamiento subvencionado, comedores subvencionados, tarifas especiales o gratuidad del transporte público).
¿Prolongará su estudio? ¿Veremos publicado un informe sobre fuentes de financiación en el período 2016-2020 pongamos por caso? ¿Está estudiando otras cuestiones?
Es muy difícil prever ahora lo que estaremos analizando dentro de cinco años. Nuestros planes de trabajo actuales se centran en tres temas: la equidad en el acceso a los estudios universitarios, la proliferación de estudios de grado y la situación de las universidades privadas en España. De todos modos, solemos ir adaptando los planes a medida que observamos que se producen novedades en el ámbito universitario, con el objetivo de ofrecer datos sobre los temas más candentes.
Voy finalizando. Como usted sabe, una parte muy sustantiva del profesorado de las universidades españolas, los profesores no titulares, están en una situación precaria o muy precaria. Sus condiciones laborales son duras y el trabajo intenso. ¿No es posible una política universitaria que les tenga más en cuenta? ¿Quiénes han tomado las decisiones que han conducido, que siguen conduciendo a su proletarización? ¿Su situación no le recuerda a los antiguos PNN,s?
La precarización de las plantillas de profesorado en las universidades españolas es una evidencia: los contratos temporales y los contratos a tiempo parcial llevan, desde hace ya años, una trayectoria ascendente. Ello es el resultado de varios factores. Por una parte, el gobierno de España ha impuesto tasas de reposición nulas o muy bajas durante varios años. Aún hoy, es ilegal que las universidades repongan las bajas y jubilaciones de los años pasados. Por otra parte, los gobiernos de algunas comunidades autónomas han añadido ulteriores restricciones y, en todo caso, han reducido la financiación de las universidades. De hecho, algunas universidades incluso han despedido profesorado, bajo la forma de no renovación de contratos. En estas circunstancias, muchas universidades han optado por contratar de la forma más barata posible, que en la universidad es a tiempo parcial.
En un informe que publicamos hace poco más de un año, en el que analizábamos la evolución de las plantillas de profesorado en las universidades públicas catalanas, se encuentran muchos más detalles sobre los cambios ocurridos en este aspecto. Una de las cosas que destacábamos en él, además de la cuestión de la precarización de las condiciones de trabajo, es la falta de renovación generacional. Durante casi una década, las universidades españolas no han podido contratar profesorado joven, en fase de tesis doctoral o en fase postdoctoral, con el que alimentar y renovar sus grupos de investigación y su actividad docente. La pérdida de toda una cohorte de personas bien formadas para nuestras universidades puede acarrear consecuencias graves para la calidad de la universidad en un futuro cada vez más próximo.
En todo caso, para revertir esta situación se requieren dos cosas: voluntad política y financiación.
¿Quiere añadir algo más? ¿Algo que quiera destacar?
A diferencia de otras crisis, las medidas adoptadas en el marco de esta última han inducido cambios que no parecen reversibles a corto plazo. Nuestras universidades públicas se encuentran infrafinanciadas. Tanto la reducción de la financiación pública como el incremento de los precios de matrícula han sido substanciales, produciendo un cambio en la estructura de los ingresos de las universidades públicas españolas.
Todo ello, claro está, no es bueno para el estudiantado ni para el personal de la universidad. Pero, sobre todo, no es bueno para la sociedad española y su futuro, porque un país que quiera ser avanzado cultural, social y económicamente necesita una universidad de calidad, de cuya docencia pueda beneficiarse quien tenga la capacidad y la motivación para hacerlo y cuya investigación contribuya al aumento de la productividad, el bienestar y la sostenibilidad. Al conjunto de la sociedad le conviene tomar conciencia de las graves consecuencias de la situación actual de sus universidades y movilizarse para enderezarla.
Remarco esto último que ha señalado. Muchas gracias.
Fuente: El Viejo Topo, n.º 363, abril de 2018.
Nota de edición:
Primera parte de esta entrevista: Entrevista a Vera Sacristán sobre el informe: «¿Quién financia la universidad?» (I). «La disminución de la financiación pública de las universidades ha sido muy fuerte en España, entre 2009 y 2015 un 27,7 % en términos reales» http://www.rebelion.org/noticia.php?id=241632
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