La infradotación crónica del sistema por la baja aportación del Gobierno, acentuada tras los recortes de 2012, impide que más de 300.000 dependientes reconocidos reciban las ayudas.
Más de 40.000 dependientes fallecieron el año pasado en España sin haber recibido las prestaciones a las que tenían derecho, y otros 21.000 han muerto en lo que va de 2017. De mantenerse ese ritmo, el sistema marcará un estremecedor registro de 200.000 muertos en lista de espera en seis años: 125.914 entre 2012 y 2015, a los que se suman los 40.647 reconocidos el año pasado (más de cien diarios) por el Ministerio de Servicios Sociales que dirige Dolors Montserrat y al que se añadirían los 36.000 de 2017 a los que apuntan las previsiones de la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales.
«Ante esto no sabemos ya que decir. Un 35% de quienes están en lista de espera fallecen. Se trata de personas muy vulnerables, que no tienen más de cuatro años de esperanza de vida y que se ven obligados a esperar más de dos», señala el presidente de la asociación, José Manuel Ramírez, que acusa al Gobierno de «dejar morir el sistema» de la dependencia.
De hecho, el número de dependientes severos y grandes dependientes desatendidos, los clasificados en los grados 2 y 3, que no han recibido sus prestaciones ha aumentado este año por primera vez desde 2012. Lo ha hecho en 1.481 personas, lo que eleva el volumen a 120.925, mientras las «prestaciones asociadas a beneficiarios fallecidos» ascendían a 137.826 al cierre de 2016.
Esos 120.925 dependientes suponen el 38% de los 314.700 en lista de espera existentes al cierre del mes de julio, cifra global que se ha reducido notablemente en los últimos años (cayó de 249.700 a 193.800 solo entre julio de 2016 y el mismo mes de 2017), principalmente por la agilización del sistema por los gobiernos autonómicos surgidos de las elecciones de 2015, año en el que comenzaron a ser reconocidos los dependientes de grado 1.
Colapso financiero crónico
El sistema de la dependencia sufre desde su implementación en 2007 una situación cercana al colapso financiero por el crónico incumplimiento de su parte por el Gobierno central, agravado por los recortes de 2012, que obliga a las comunidades autónomas a realizar un esfuerzo extraordinario que ronda los 4.000 millones de euros en los últimos seis años.
La aportación del 50% que marca la ley se quedó el año pasado en un 17,4% por parte del Estado (un tercio de lo comprometido) por un 82,4% de las autonomías. Entre otros motivos, por el recorte de más de un 30% que el Gobierno aplicó en 2012 al llamado «nivel mínimo», por el que cada año aporta a las comunidades 1 531,6 euros por dependiente de grado, 994,08 por los severos y 2.134,32 por los grandes dependientes.
El pacto de investidura entre PP y C’s contemplaba en su medida 57 un aumento de 440 millones en la dotación estatal al comprometerse a que «se recuperarán los recursos anteriores a 2012 dedicados al Sistema Nacional de Dependencia». Sin embargo, esa aportación se quedó en cien en los Presupuestos del Estado. Sin embargo, la congelación del «nivel mínimo» impedía gastarlos.
Un decreto para desbloquear fondos
El proyecto de decreto que prepara el Ministerio de Sanidad para desbloquear esos fondos prevé elevar, con carácter retroactivo al 1 de enero, algo más de diez euros la aportación para el grado 1, menos de tres para el 2 y apenas 17 para el 3. Eso aumentará la partida efectivamente destinada a financiar el sistema de dependencia un 8,9%, aunque no permitirá atender a más de un 4% de la lista de espera, según las estimaciones de los directores de servicios sociales, que reclaman duplicar con creces la aportación de la Administración central.
En cualquier caso, y una vez movilizados esos fondos, «seguirán quedando 300.000 dependientes sin atender», explica Ramírez, que anota que «la atención a los de grupo 1 se está haciendo con prestaciones low cost» y que «sin esa subida quedarían más de cien millones en los Presupuestos, y eso sería algo vergonzoso».
Prestaciones ‘low cost’ y esperas inasumibles
«El Gobierno, que pide cumplir la ley en el caso del independentismo, también ha de cumplir la ley de la Dependencia», indica Ramírez, para quien «si no, son tan insumisos como los independentistas».
«Nos tememos que el sistema no remontará y que todo seguirá paralizado tal y como muestran los datos de gestión anuales: avance de las prestaciones ‘low cost’ y decenas de miles de dependientes con grados III y II esperando más allá de lo que pueden tanto ellos como sus familiares», sostienen los directores en un comunicado.
Los recortes de 2012 , que incluyeron la expulsión del sistema de más de 160.000 cuidadores no profesionales tras suprimir el Gobierno central su aportación a la Seguridad Social, ha elevado los costes para las comunidades autónomas, algunas de las cuales, como Aragón, proponen subvencionar hasta el 60% de esas cantidades.