El relato dominante de la Transición, masivamente reproducido por los medios de comunicación, es el de las elites políticas que dominaron el periodo. El discurso hegemónico subraya el éxito de la «reforma» política. Una «hoja de ruta» diseñada por el rey y Suárez, con el apoyo de un sector «reformista» de la dictadura, para introducir […]
El relato dominante de la Transición, masivamente reproducido por los medios de comunicación, es el de las elites políticas que dominaron el periodo. El discurso hegemónico subraya el éxito de la «reforma» política. Una «hoja de ruta» diseñada por el rey y Suárez, con el apoyo de un sector «reformista» de la dictadura, para introducir cambios «de la ley a la ley a través de la ley» (en expresión de Torcuato Fernández-Miranda) que condujeran a la democracia. Sin rupturas y con los marcos legales procedentes del antiguo régimen. Hay, incluso, quien va más lejos en el análisis, e interpreta algunas reformas de los años 60 como un anticipo de los cambios posteriores.
Ante el relato oficial se abren dos vías de cuestionamiento principales, ha señalado el profesor de Historia de Contemporánea de la Universitat de València, Julián Sanz, en un acto organizado por el Seminari Crític de Ciències Socials en Valencia. La primera línea de crítica viene de la historiografía, con autores como Ferran Gallego y otros, que han puesto en cuestión el «mito» de la Transición y que se pusiera el énfasis en las élites, sobre todo que estos grupos dirigentes tuvieran en mente un proceso democratizador. «Lo que pretendían realmente era una reforma dentro de la dictadura; no se quería romper con las bases políticas del régimen, ni la soberanía popular ni unas elecciones libres. No tenían una voluntad democratizadora», afirma Julián Sanz.
El razonamiento sirve para la clase política procedente de la dictadura, pero también para la patronal o para Estados Unidos. No se pretendía realmente un proceso democratizador. Las élites plantearon una «democracia otorgada» que ninguneaba al movimiento obrero, vecinal, estudiantil, de mujeres o cristianos de base, es decir, la oposición antifranquista. Historiadores como Carme Molinero resaltan precisamente este movimiento social, que creó cada vez más dificultades a la dictadura hasta hacerla inviable e insostenible después de Franco. En resumen, los logros y avances democratizadores (la «reconstrucción de la razón democrática», en palabras de Vázquez Montalbán) serían básicamente una herencia de la lucha antifranquista.
Ahora bien, la gran cuestión. Si son el movimiento obrero y los movimientos sociales quienes impulsan los cambios, ¿por qué no se producen los cambios en esa dirección? Julián Sanz subraya la complejidad del proceso. Según el historiador Pere Ysàs, la primera condición para la Transición fue la grave crisis de la dictadura, provocada en buena medida por el antifranquismo, ya que con su movilización ponía en un brete al régimen. «En diciembre de 1975-enero de 1976, la clase política franquista piensa aún en hacer cambios dentro de la legalidad de la dictadura», señala Julián Sanz. Pero 1976 es crucial. En la primera mitad de ese año se producen protestas, huelgas y manifestaciones de manera masiva. Se agudiza la crisis de la dictadura y la división entre el «búnker» (que pretende una mayor represión) y otros sectores del franquismo, que apuestan por una mayor «apertura» (sin que esto signifique mayor democracia). Esta división provoca la caída del primer gobierno de la monarquía (Arias Navarro).
Concluye el historiador Ferran Gallego que la «apertura» del proceso de transición fue provocada por el antifranquismo. Según este análisis, las reformas y los cambios del gobierno de Suárez no se hubieran producido sin el empuje de las movilizaciones populares. Pero la oposición no tuvo fuerza suficiente para la «ruptura» ni para propulsar un proceso constituyente. Finalmente, los «reformistas» del franquismo ampliaron la «reforma» más allá de los límites que tenían pensados. Y se anotaron éxitos como la aprobación de la Ley de Reforma Política. «Es cierto que Suárez hablaba de democracia pero de un modo muy laxo y que podía estirarse a conveniencia; también el franquismo se refería a la democracia orgánica», remata Julián Sanz.
En el año 1977 se disuelve el Tribunal de Orden Público franquista, las estructuras del partido y sindicato únicos, se legaliza el PCE y en junio se celebran elecciones (que después se convirtieron en constituyentes). En un principio, el gobierno pensaba continuar con el marco legislativo básico del franquismo (despojado de algunos elementos), pero sin elaborar una nueva constitución. Anota Julián Sanz que UCD pensaba que ganaría por mayoría absoluta las primeras elecciones (junio de 1977), lo que finalmente no ocurrió. Al final del proceso, se pasa de la idea de «apertura» a la de «cambio» de régimen. Y se elabora la noción de «consenso», posterior a lo que habitualmente se piensa. De hecho, el consenso tenía mucho que ver con la correlación de fuerzas existentes. «Se hizo de la necesidad virtud», remata el profesor de Historia Contemporánea de la Universitat de València.
La Constitución de 1978 tuvo limitaciones muy claras por la correlación de fuerzas, por los partidos que la forjaron, y también por el «ruido de sables» de la época. De ahí el rol otorgado en el texto constitucional al ejército como garante de la unidad de la patria; el papel asignado a la iglesia y a la monarquía o la no inclusión del derecho de autodeterminación. Ejemplos, en todo caso, de déficit democrático. El contexto es muy importante para explicar lo que ocurrió, asegura Julián Sanz, ya que, por ejemplo, la constitución portuguesa se refería a la construcción del socialismo como objetivo, «aunque se aprobara en un contexto de reflujo de la Revolución de los Claveles».
En los años 80 se produce una gran desmovilización popular, que comienza con el consenso constitucional y los Pactos de la Moncloa. Partidos como el PSOE asumen plenamente la idea de «modernización» y «europeización»; se inicia el proceso de desindustrialización y se mantiene el peso de la represión (a finales de los 70 eran muy evidentes los vínculos policiales con el «búnker» franquista y la extrema derecha, que han pervivido muchos años. De hecho, no se han modificado, remata el historiador). Tampoco se ha destacado en el estado español el rol de la violencia de la extrema derecha, seguramente muy similar a la desarrollada en Italia durante los «años de plomo».
Una segunda línea de crítica responde a los discursos de la izquierda en relación con la Transición, que ha sufrido cambios significativos especialmente en los últimos cinco años. Se ha forjado un «contradiscurso» que rechaza por completo la Transición, apunta Julián Sanz. Pero «esto acepta algunas claves del relato dominante, por ejemplo, acepta la idea de una democracia otorgada por el franquismo; y esto lo achaca a la traición de los dirigentes de los partidos de izquierda». «Esto es muy cómodo para asignar culpables, pero no entiende los equilibrios de fuerzas del momento ni el papel de las movilizaciones antifranquistas para forzar cambios», añade el historiador. Atribuye en buena medida este análisis al contexto sociopolítico y económico de los últimos años: las frustraciones generadas por la crisis económica y de Régimen o los límites al derecho de autodeterminación, entre otros.
La falta de Memoria Histórica representa uno de los grandes déficits de la democracia española. A partir de 1982 se echa el freno, «de manera muy significativa»; de hecho, hasta finales de los 90 del siglo pasado el PSOE y el PCE se olvidan del trabajo de recuperación. Por un lado, existe la impunidad de los crímenes de la dictadura, que no se juzgan y se aceptan con normalidad. Además, se olvida la II República y la lucha antifranquista durante la guerra civil (otros dos gravísimos déficits). Sin embargo, Julián Sanz no comparte las tesis de Juan Carlos Monedero formuladas en «La Transición contada a nuestros padres», que atribuyen las carencias democráticas actuales a que el antifranquismo no constituyera el elemento legitimador de la incipiente democracia. Según el profesor de Historia Contemporánea de la Universitat de València, «si comparamos la realidad española con la italiana o portuguesa, que cuentan con un origen diferente, se verá que compartimos muchos problemas».
En la época, recuerda el historiador, la izquierda mayoritaria hizo el diagnóstico de que no se podían tensar demasiado las cosas. Una minoría dentro de la izquierda defendía la «ruptura». «Respaldó la Constitución el PCE, pero también organizaciones como el Partido del Trabajo de España (PTE) o la Organización Revolucionaria de Trabajadores (ORT); fuera de los ámbitos nacionalistas, se opusieron a la Constitución de 1978 la Liga Comunista Revolucionaria (LCR), el Partido Comunista de España (Marxista-Leninista) y el POUM»; «¿estaban equivocados todos los actores políticos?», se pregunta el historiador. «Hay cosas que a lo mejor en la Transición eran casi imposibles, pero se hubieran podido hacer mejor en los años 80 y 90», añade. «Realmente, la gran oposición al texto constitucional la representaron una parte de Alianza Popular, la extrema derecha y el «búnker» franquista». «Una mayoría de la población apostaba por un cambio tranquilo, y por eso acabó votando a UCD y al PSOE».
También tuvo su influencia el contexto internacional. «Estados Unidos permanecía muy pendiente de lo que ocurría en España, pero tampoco ejerció una presión determinante sobre los sectores reformistas del Régimen». En los cambios tuvo un peso esencial la oposición del sindicalismo (sobre todo Comisiones Obreras) y el mundo laboral con los procesos de huelgas y protestas. «Esto es lo que más preocupaba a la patronal, y se lo hacía llegar al gobierno». Las luchas en la fábrica era lo que más inquietaba a la dictadura. De hecho, había nacido para someterlas.
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