El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) condenó la pasada semana al gobierno español por no aplicar la norma de ayuda a inmigrantes víctimas de tráfico de personas para fines sexuales. El plazo estipulado para los cambios en la ley venció el 6 de agosto de 2006. La ley española actual prevé, en […]
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) condenó la pasada semana al gobierno español por no aplicar la norma de ayuda a inmigrantes víctimas de tráfico de personas para fines sexuales. El plazo estipulado para los cambios en la ley venció el 6 de agosto de 2006.
La ley española actual prevé, en relación con el tráfico de personas para fines sexuales, solamente castigo a los traficantes, sin hacer mención de los derechos de las víctimas de tráfico de seres humanos.
El TUE exigió al estado español el cumplimiento de las obligaciones que el país tiene en virtud de la directiva comunitaria 2004/81/CE, aprobado por el Consejo Europeo en 29/4/2004. La directiva garantiza la expedición de permiso temporario de residencia a extranjeros (as) víctimas de tráfico de personas.
La determinación de asistencia a las víctimas de tráfico de personas es parte del Protocolo de Palermo, del cual el gobierno español es signatario. El protocolo fue aprobado en 2000 por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
La alteración en la ley española es también una exigencia antigua de las entidades españolas y brasileras que trabajan contra el tráfico de personas establecido entre los dos países.
En abril, una mesa redonda reunió, en España, a entidades civiles españolas y brasileras para discutir el tráfico de personas, que de modo general, coloca al país latinoamericano como lugar de origen y al europeo como destino de cientos de víctimas de tráfico de personas.
«España tiene un problema serio, porque ratificó el Protocolo de Palermo, pero no alteró sus leyes. Se esfuerza, elaboró un plan [de combate al tráfico], pero sin la ley no tiene como aplicarlo», evalúa Jaqueline Leite, que participó de la mesa redonda en España y es coordinadora del Centro Humanitario de Apoyo a la Mujer (Chame), grupo brasilero que actúa en el área y que tiene su sede en Salvador (BA).
La principal conclusión a la que el grupo llegó durante el encuentro de abril es que tanto el gobierno español como el brasilero necesitan adoptar leyes que prevean asistencia a las víctimas de tráfico de seres humanos. Brasil tampoco cumple las exigencias del protocolo, aunque sea signatario del documento.
«No podemos asegurar nada [en relación con los derechos de las víctimas], porque Brasil todavía no tiene una ley que garantice los derechos de las víctimas y entonces no tiene como proporcionar una atención ideal a las personas que retornan al país, víctimas del tráfico», opina Jaqueline.
La mesa redonda fue organizada por la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención de la Mujer Prostituida (Apramp), entidad española. El objetivo del encuentro fue elaborar programas de atención integral e implementar una colaboración práctica, estructurada y efectiva entre organizaciones de países de origen y destino de víctimas de tráfico.
En diciembre del año pasado, Apramp y Chame ejecutan el proyecto «Mecanismos de Comunicación e intervención en países de origen y España en materia de prostitución forzada y tráfico de personas para fines de explotación», financiado por la Agencia Española de Cooperación con el Desarrollo. Las entidades participantes del mecanismo de cooperación son organizaciones miembros de la Red Española contra el Tráfico de Personas y de la GAATW- Brasil (Alianza Global contra el Tráfico de Personas).