La UE y la Pa política agraria común (PAC)

LA POLÍTICA AGRARIA COMÚN (PAC) DE LA UNIÓN EUROPEA

La Unión Europea utiliza como instrumento de la globalización de la agricultura y la alimentación, la Política Agraria Común (PAC)². La PAC es una de las pocas políticas de los Estados de la Unión Europea que, desde su inicio, ha tenido vocación de política común. De hecho cuenta con presupuesto comunitario desde 1962. Hasta la reforma de 1992, el presupuesto comunitario aportaba íntegramente los presupuestos públicos de la PAC³. Sin embargo, sus desarrollos y reformas han dirigido la política agraria hacia la producción para el mercado mundial, impulsando la desaparición de las pequeñas explotaciones tanto de la UE como de fuera de sus fronteras. No es, por tanto, una política distinta de la OMC, sino más bien la política agraria que toca en esta región del mundo, en el marco del mercado global de alimentos.

La PAC es una política agraria que favorece la producción para la exportación. Su estructura central, acordada en el Tratado de Roma (1957), no ha variado en lo esencial. A través de las Organizaciones Comunes de Mercado (OCMs)⁴, persigue favorecer a los productos agrarios europeos, tanto en el mercado interior de la UE, cada vez más amplio, como en los mercados mundiales. Este objetivo se favorece mediante la intervención de los estados y las instituciones europeas en los mercados para garantizar: a) un precio de intervención mínimo⁵, b) los derechos de aduana para proteger de la competencia a las mercancías propias en el mercado interior⁶ y c) las restituciones a la exportación⁷ para mejorar la competitividad de las mercancías propias en el mercado exterior. El resto de los mecanismos, sociales o ambientales, son puro maquillaje y no afectan a esta estructura central. El mercado único elimina las fronteras internas y obliga a una homogeneización de las condiciones de producción-distribución-consumo. Con cada adhesión, se busca una ampliación del mercado, obligando a la «modernización» de su producción agraria. La explotación agropecuaria que no da la talla, desaparece.

La PAC propicia un modelo contradictorio y antagónico de agricultura y ganadería empresarial y competitiva, aparentando que protege a agriculturas de tipo familiar, cada vez más marginales y residuales. Los principales objetivos y mecanismos de las políticas agrarias comunitarias no han variado en las sucesivas reformas⁸. Nunca ha abandonado las restituciones a la exportación, ni la protección en frontera. La bajada de los precios de intervención -iniciada en los años ochenta y asumida especialmente a partir de la agenda 2000 en cumplimiento de los acuerdos de la OMC-, las cuotas de producción⁹ y la compensación mediante ayudas directas¹⁰, tienen motivaciones distintas a «reducir las desigualdades de competencia entre los países del Norte y del Sur»¹¹.

Bajo el acicate de la competitividad, que obliga a un aumento constante de la productividad, estas medidas conminan a una lucha entre modelos de producción, a favor de las explotaciones más intensivas y mayores. Lo que se persigue -y consigue- es la desaparición de explotaciones, una mayor concentración en la producción y la propiedad, y una proletarización creciente de l@s pequeñ@s agricultor@s, en un proceso que primero les convierte en agricultor@s a tiempo parcial, y después en asalariad@s¹².

La proletarización y precarización se agudiza en los cultivos con mayor competencia en el mercado mundial (fresa en Huelva, tomate y pimiento en Almeria, brecol en Murcia…). Este proceso discurre en paralelo a la concentración y verticalización del sector agroalimentario en su sentido más amplio, desde la investigación biotecnológica hasta la distribución tanto en grandes superficies o en pequeñas, pero franquiciadas. Para aumentar sus beneficios las grandes multinacionales necesitan recortar los precios pagados a los agricultores convirtiéndolos en meros instrumentos del proceso de producción y distribución global de mercancías alimentarias. La competitividad entre agricultor@s, así como entre agricultor@s y consumidor@s, es su competitividad.

Las medidas destinadas a la protección social o ecológica del medio rural nunca han dejado de ser secundarias, cofinanciadas, voluntarias y con presupuesto limitado. Las Medidas de Acompañamiento, que debían haber sido centrales para dar un viraje a la situación agraria, siguen fracasando por diversos motivos. En el caso de la jubilación anticipada, se aplican criterios que castigan a las pequeñas explotaciones pues obligan a aumentar la dimensión económica (ampliar la superficie, el ganado, el capital, etc.) si los padres, al acogerse a la jubilación, desean ceder los derechos de explotación a sus hijos o hijas. La reforestación de tierras agrarias, concebida principalmente para retirar cultivos excedentarios, ha tenido éxito en cuanto a cantidad de árboles, pero no en lo que se refiere a protección de bosques o a ordenación del territorio (recuperar terrenos cuyo aprovechamiento agrícola es marginal) e hipoteca excesivamente los presupuestos hacia el futuro (compensación de rentas durante 20 años). Los beneficiarios son principalmente rentistas y la industria maderera y papelera. Por último, las medidas agroambientales han tenido distinto eco en los diversos estados miembros. La escasa voluntad política, la baja convicción entre l@s agricultor@s y la obligación de un compromiso presupuestario adicional por parte de cada Estado ha condicionado su puesta en práctica, implementándose sólo aquellas medidas que eran más populares (café para todos). Su complejidad, al tratarse de compaginar las prácticas agrarias con las necesidades de protección en cada zona y ante cada problema concreto, exige un diseño difícil al que no siempre se ha querido llegar. Se ha pretendido, en muchos casos, que sirvieran para compensar rentas. Y no para acompañar transformaciones necesarias de las prácticas más intensivas, proteger prácticas agroambientales tradicionales en desuso (por la competencia de costes), o incentivar a la agricultura ecológica¹³. Por último, están desvinculadas de cuestiones sociales y se perciben en función de la superficie, lo que redunda en los desequilibrios entre grandes y pequeñas explotaciones. Ahora vuelven a servir de maquillaje dentro del paquete de promoción del desarrollo rural, en el trasvase de fondos de las ayudas destinadas a la producción y apoyo a las rentas -penalizables por la OMC- a ayudas para proteger el medio ambiente, o desarrollar cultivos para biocombustibles o biomasa¹⁴. El desacoplamiento de las ayudas de la producción, maquilla y oculta todos los elementos que se han criticado a la PAC. Se introduce en 1992 con las ayudas directas como compensación a la bajada de los precios de intervención y cuyo cálculo se hace en base a rendimientos, vinculados a la productividad y competitividad de las explotaciones. Se consolidó en la Agenda 2000 al constituirse como mecanismo principal de compensación de rentas que se extiende poco a poco a todas las Organizaciones Comunes de Mercado (OCMs). En la reforma de 2003, adquiere una forma transfigurada y aparentemente autónoma de la producción, mediante una única ayuda por explotación que suma todas las ayudas directas y borra el rastro del cálculo de la prima. Se desfigura el origen de una asignación que premia a las explotaciones más grandes, más rentables y más intensivas en capital. Pero, si el apoyo se da por las dificultades para sobrevivir, en un contexto obligado por la OMC de importación de alimentos a bajo precio, es contradictorio ayudar más a quienes están mejor preparados para enfrentar el golpe. Por otro lado, incluso si se apoya en la misma proporción a todas las explotaciones, grandes y pequeñas, capitalizadas y descapitalizadas, el objetivo no confesado es impulsar la desaparición de las explotaciones de menor escala, lo que contribuye a acelerar el ciclo, siempre insuficiente, de la competitividad.

La lógica de la PAC desde su inicio, es la misma que la de la OMC: la modernización de la agricultura para el aumento de la productividad, anteponiéndolo a cualquier otra razón (social, ecológica, territorial, de seguridad alimentaria y de solidaridad). Al igual que la OMC, la UE pone en segundo plano las «preocupaciones no comerciales». La dinámica real consiste en el abaratamiento de costes mediante la precarización de las condiciones laborales y el abatimiento de derechos sociales y ciudadanos; creciente uso de fertilizantes y plaguicidas químicos, hormonas y antibióticos en los piensos y promoción de semillas y alimentos transgénicos, en un contexto de mayor contaminación y riesgos sobre la salud humana cada vez más documentados científicamente. Aunque el uso de abonos descendía en los noventa, ha vuelto a repuntar. El consumo anual de plaguicidas no para de crecer desde 1996¹⁵. Una vez que se haya fortalecido toda la normativa reguladora de autorización, control y etiquetado de los transgénicos, la UE estará en disposición de abrazar las ventajas de la tecnología y podrá abandonar su moratoria sobre los mismos. La ecocondicionalidad¹⁶, vinculada a los programas de las OCMs, se limita al cumplimiento de la normativa medioambiental, de seguridad laboral y alimentaria. No incorpora nuevos compromisos para revertir la dinámica de deterioro de las condiciones sociales, medioambientales y sobre la salud.

A pesar de las apariencias, la PAC no constituye una política social, sostenible, que defienda la seguridad alimentaria, que impulse un mundo rural vivo y que proteja un modelo de agricultura vinculado al territorio y cohesionado al interior de la UE, aunque mantenga aún una cierta distancia con países como EEUU que han aplicado un modelo de modernización mucho más agresivo¹⁷. Más bien, la Unión Europea utiliza la PAC como instrumento de la globalización para la liberalización del comercio de mercancías alimentarias. Sus reformas han secundado las políticas internacionales como si fuera una condición «inevitable», impulsando la desaparición de las pequeñas explotaciones familiares y comunitarias de dentro y fuera de la UE. Pese a su retórica, no es una política distinta de la que, para la agricultura, promueve la OMC. No propicia la soberanía y seguridad alimentarias de las sociedades europeas, sino la competitividad del Bloque capitalista de la UE frente al de EEUU.

¿Para qué libre comercio?

La falacia de las ventajas del libre comercio ¹⁸ se desmonta con sólo observar al interior de la UE, en un mercado único, los efectos de la competencia en condiciones de productividad desigual y especialmente, en las adhesiones de nuevos miembros. A España el ingreso en la UE le costó eliminar un millón de agricultores entre 1986 y 2002 (el 50% del total) y la sangría aún no ha terminado. La liberalización del comercio tampoco proporciona ventajas de seguridad alimentaria, ni desarrollo rural a los países pobres. Según un estudio del Fondo Monetario Internacional ¹⁹ , «la eliminación de las ayudas nacionales y de todos los derechos de aduana sobre la agricultura en general, favorecería a los grandes productores de los países desarrollados y a unos cuantos productores de algunos países en desarrollo más avanzados (fundamentalmente EEUU, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Brasil y Argentina) a expensas de una mayor inseguridad alimentaria, especialmente en las zonas rurales, de muchos países en desarrollo y desarrollados».

Liberalizar el comercio no ofrece seguridad alimentaria a los consumidores. El descenso de los precios de las materias primas agrarias en más del 50% desde 1960, no ha disminuido la deuda externa ni el hambre en los países empobrecidos. Por el contrario, han crecido la desnutrición y la mortalidad por enfermedades evitables, fruto de subordinar a la economía, el derecho a la salud y a una alimentación suficiente y de calidad ²⁰ . La solución que proporcionan, tanto la OMC como la UE, a los problemas que origina el mercado es mercado global, es decir, más mercado. Los intercambios comerciales de alimentos en los últimos 40 años han pasado del 7% al 10% de la producción mundial. Aunque se ha triplicado el volumen de comercio internacional y duplicado los flujos de la mayoría de las categorías de mercancías alimentarias, eso no implica que se importe lo que no se produce y se venda lo que se produce en exceso. En la práctica, este incremento supone un mismo tipo de productos atravesando las fronteras en ambas direcciones. ²¹ Posiblemente sean más baratos los importados que los propios, aunque no necesariamente. Pero es seguro que aumenta el coste de su transporte y la distancia recorrida, con el consiguiente incremento de consumo de combustibles, envases, embalajes, refrigeración y pérdida de la frescura y calidad nutritiva de los alimentos. ¿Alguien puede afirmar razonablemente que es más barato, sano y sostenible un producto que ha viajado 15.000 kms que uno procedente de la producción local?. Esta lógica obliga a la bajada continua de los precios pagados a los agricultores, con un aparente beneficio para los consumidores, mientras se alarga, concentra y verticaliza el sector agroalimentario, bajo el dominio de la distribución a gran escala que extorsiona a productor@s y consumidor@s. Los controles de calidad y trazabilidad en un intercambio de largas distancias se complican, encarecen, y convierten en un gesto formal. Sólo la gran distribución gana con el consumo global.

Considerar que haciendo más justas las reglas del comercio internacional y eliminando las subvenciones a la agricultura doméstica, se restablece el equilibrio y a partir de ahí, es posible que los productos del Sur puedan «competir» en los mercados del Norte, es quedarse en la superficie del problema, situándolo únicamente en el plano de la circulación y el comercio. La dependencia de los países poco desarrollados no se debe tanto a las subvenciones que reciben los agricultores de los países ricos como a un modelo de agricultura y alimentación industrializada y productivista, orientada a la exportación. Al pedir la eliminación de esas subvenciones, los países pobres no ponen en cuestión su participación en el mismo modelo alimentario que, si en los países ricos, es causante de la inseguridad alimentaria por la comida basura, en su propio país es causante de los monocultivos, el hambre, el subdesarrollo y la perpetua dependencia. Lo que podrán conseguir los países pobres y, especialmente, los llamados «emergentes» con este acuerdo es, tan sólo, que sus propios capitales puedan competir en los mercados internacionales desde una posición más favorable, a costa incluso, de la seguridad alimentaria de su propia población, de la expulsión del agro de sus propios campesinos y del hambre y la muerte de sus propios niñ@s, como ocurre en Argentina con el milagro de la soja transgénica²². Se restablecería una mejor competencia de los capitales y la guerra entre ellos no sería tan desfavorable para los países del Sur. Pero la participación de los países más débiles en los mercados es a costa de su producción tradicional, comercio local, recursos naturales y soberanía alimentaria.

El imperialismo ALTERGLOBALIZADOR de la Union europea y la INSEGURIDAD alimentaria

En el interior de la UE se producen crecientes desigualdades. La aparente convergencia económica es más nominal que real. La estabilidad de precios, «última ratio» de la construcción europea y base para la existencia del euro, ha volado por los aires con la crisis de acumulación del capital financiero global. El Banco Central Europeo, que debía vigilar la congruencia entre el valor de las mercancías producidas y el dinero en circulación, ha demostrado que sólo sabe controlar los precios en el terreno del trabajo humano y la protección social, imponiendo en nombre de la estabilidad monetaria y fiscal, políticas de precarización del empleo, privatización de empresas públicas y contención del gasto del estado en las partidas relacionadas con la salud, las pensiones, la educación, etc. En su aparente independencia de las instituciones políticas y europeas estatales, ha sido un mero instrumento de los grandes bancos, las multinacionales alimentarias e inmobiliarias que, sin límite alguno, han producido una inflación de precios, sin inflación de costes, durante los últimos 15 años. El modelo de globalización europeo tiene diferencias con el modelo de globalización de EEUU. Estas diferencias tienen que ver con las revoluciones obreras del siglo xx y la consolidación de una de ellas en la Unión Soviética durante 70 años, estableciendo un modelo de modernización alternativa al mercado. El agotamiento por razones externas e internas de las economías planificadas supuso, a partir de los años noventa, el libre desarrollo del capitalismo en su versión más pura: el capital financiero cada vez más grande y libre. El capitalismo europeo tiene la misma lógica que el capitalismo de EEUU sólo que en una etapa inferior de desarrollo debida a los condicionantes políticos y culturales, así como a su relación subordinada en lo estratégico y militar a los EEUU.

La alterglobalización es sólo la globalización capitalista al modo del gran capital financiero y transnacional europeo. Tras el pinchazo de mediados de los setenta, la modernización interna y la mundialización desaforada impuesta por las grandes empresas, está siendo víctima en la actualidad de sus propios excesos. El problema es la ausencia de una izquierda que, tras muchos años de complicidad con este modelo, carece de capacidad para organizar a las víctimas, ahora la mayoría de la población, en sus propios países. Con la resistencia del continente americano que está impidiendo a EEUU imponer su modelo de mercado común de Alaska a la Tierra de Fuego y con los estados y pueblos desobedientes en Oriente Medio y Asia Central, la fiesta del saqueo, la explotación y el genocidio llega a su fin. En el terreno alimentario vemos cómo las piadosas intenciones de la socialdemocracia y la iglesia, hegemónicas en los movimientos sociales, nos muestran que el hambre, lejos de reducirse, aumenta y que la explosión del cáncer, la obesidad y otras enfermedades alimentarias producidas por la comida globalizada desbordan los presupuestos la sanidad pública.

En resumen, los países del primer mundo estamos en vías de desarrollo hacia la inseguridad que nosotros mismos hemos creado imponiendo la globalización de los alimentos a la mayoría de la humanidad. Aumentan las diferencias entre los países principales y los secundarios dentro del primer mundo. Aumentan las diferencias entre los países ricos y los países dependientes. Aumentan las diferencias entre las capas sociales vinculadas a sectores económicos favorecidos por la dinámica globalizadora y la mayoría de la población, tanto en los países desarrollados como en los empobrecidos.

El núcleo de países ricos de la UE reducen progresivamente los mecanismos de solidaridad con los de nuevo ingreso tratándoles como el patio trasero de su mercado común. En la negociación con los 10 nuevos países miembros se limitó su derecho a percibir las ayudas directas. En el primer año (2004) percibieron el 25% de dichas ayudas, creciendo de forma progresiva. Sólo en el año 2013 alcanzarán igual respaldo que los demás miembros de la UE. Se retrasó el ingreso de los dos países con mayor sector rural y menor renta (Bulgaria y Rumania) hasta 2007. El objetivo era restringir el gasto presupuestario y la competencia al interior de una UE ampliada, así como garantizar la reconversión de la agricultura de los nuevos miembros (eliminación de explotaciones y de población activa agraria). Los daños colaterales han sido la emigración masiva de campesinos polacos y rumanos para trabajar en las condiciones que el mercado les ofrecía en los países europeos más desarrollados. Cientos de miles de ellos han sido la alternativa para las explotaciones hortofrutícolas de la UE que precisan de una oferta de trabajo flexible, barata y sumisa²³.

En el seno de la OMC, la Unión Europea y los EEUU protagonizan múltiples confrontaciones y luchas de intereses. Sin embargo, ambos tienen en común la defensa de la misma lógica social, el mercado es el mecanismo desde el que se regulan las relaciones sociales. Las políticas de producción de alimentos, protección a la salud y defensa del medioambiente en EEUU y Europa son diferentes. Pero sólo porque el contexto cultural y político es diferente y la lógica mercantil debe adaptarse al medio para garantizar su hegemonía. Ambos modelos se basan en la mejora de competitividad que obliga a un continuo crecimiento de la productividad y necesita la distribución a gran escala. Aparentemente, se abaratan los precios, pero sólo porque dichos precios no integran los costes sociales y ecológicos causados por la globalización de la agricultura y la alimentación. Cuando las multinacionales europeas, incluidas las españolas, operan en los países dependientes practican la misma brutalidad e inhumanidad que practican las multinacionales norteamericanas. ²⁴

PORQUE NO QUEREMOS TRANSGÉNICOS: COEXISTENCIA NO, NO Y NO.

NI PRODUCIDOS, NI IMPORTADOS, NI CONSUMIDOS. ¡PROHIBICIÓN!

MANIFESTACIÓN, 18 DE ABRIL DE 2009, ZARAGOZA

Para adherirse a la Campaña 17 de Abril, Día de las Luchas Campesinas, escribir a [email protected] o [email protected].

1 Fuente: Galindo, P. (Coord.) «Agroecología y Consumo responsable. Teoría y práctica.» Ed. Kehaceres. Madrid, 2006.

2 La explicación detallada de los mecanismos de la PAC y su evolución desde 1962 ilustraría aún más los argumentos que empleamos en este capítulo. Sin embargo, no es el objetivo aquí entrar en un análisis detallado.

3 Con la aparición de las medidas complementarias, se inaugura una cofinanciación que discrimina entre regiones. Las regiones con un PIB per cápita inferior al 75% de la media comunitaria tienen derecho a un 75% de contribución del presupuesto comunitario, mientras que el resto recibe el 50%. Aunque aparentemente es un mecanismo de compensación territorial, se ha convertido en lo contrario, dado que los Estados con mayor PIB están en mejores condiciones de financiar estas medidas (de carácter voluntario), gastando mayor presupuesto comunitario, aunque tenga una tasa inferior de financiación.

4 La PAC se articula a través de las Organizaciones Comunes de Mercado (OCMs) en las que se estructuran los sectores productivos agrícolas y ganaderos. En un principio las OCMs se constituyen básicamente para cereales, leche y carne (las denominadas producciones continentales). Actualmente regulan el 90% de las producciones y sus mecanismos se han hecho más complejos. Hay un conjunto de medidas complementarias, que no se aplican en el seno de las OCMs, sino a las explotaciones susceptibles de acogerse en cada caso.

5 Los precios de intervención son precios de compra pública. Este mecanismo permite sostener la renta de l@s productor@s si el precio cae por exceso de oferta (buena cosecha, aumento de productividad) o por entrada de productos a bajo precio. Si baja dicho precio, las explotaciones mayores y más intensificadas son las que más ayudas reciben. Poco a poco se han ido introduciendo otros mecanismos como la financiación de almacenamiento privado (ayudas para aplazar la venta a la espera de mejores precios), que favorecen más a las explotaciones mayores, dado que se trata de un riesgo que no siempre garantiza un mejor momento de precios, aventura en la que las explotaciones pequeñas no siempre pueden asumir. Este mecanismo ha ido reduciéndose en las sucesivas reformas, aunque, no ha desaparecido por completo. En la última reforma, denominada «chequeo de la PAC» acordada en noviembre de 2008, se mantiene en arroz, cebada, trigo, leche en polvo y mantequilla.

6 Los aranceles en frontera para la entrada de productos agrícolas procedentes de países terceros, han sido rebajados, en las sucesivas rondas de la OMC, pero no eliminados. Además, su función no desaparece sino que se refuerza mediante las medidas de control sanitario en fronteras. Es decir, impedir la entrada en el mercado de productos que compiten en precio con los locales. Aparentemente las medidas de control sanitario puede aplicarlas cualquier estado miembro de la OMC. En la práctica sólo los grandes como EEUU y la UE, tienen medios legales, técnicos y administrativos para rechazar productos procedentes de otros países cuyos tratamientos fitosanitarios son más tóxicos porque las multinacionales han tolerado su prohibición aquí pero no allí.

7 Las restituciones a la exportación son subvenciones destinadas a los operadores que venden en el mercado internacional -básicamente multinacionales- mediante «compensaciones» por unos «precios mundiales» más bajos que en el mercado interior. Estas subvenciones tienen la culpa de que los precios internacionales sean inferiores a los precios de producción de los países donde van destinadas las mercancías alimentarias. A su vez, los aranceles reducen la competencia de los productos procedentes del mercado exterior. Ninguna de estas medidas beneficia a las pequeñas producciones familiares de los países de origen o destino de los productos.

8 Siempre coincidiendo con necesidades de agenda internacional y vinculadas a las evoluciones de la OMC: reforma de 1992, agenda 2000, reforma de 2003 y «chequeo de la PAC» en 2008. La Unión Europea abordó una nueva reforma de la PAC, supuestamente adaptándose a los dictados de la OMC bajo la batuta de EEUU. El escenario que caracterizó a la tercera reforma de la PAC aprobada en junio de 2003, lo configuran, al menos, la ampliación de 15 a 25 países miembros, el cumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (Cumbre de Ámsterdam, 1997) para posibilitar la moneda única y las rondas de negociaciones de la OMC. El recientemente aprobado chequeo de la PAC (nov’08) se realiza en un contexto de crisis económica que agudiza las crisis alimentaria, ecológica, energética y social.

9 Las «cuotas de producción», junto con las «subvenciones al almacenamiento privado» (una modalidad de control del mercado mejor aceptada por la OMC), son mecanismos destinados a frenar la caída de los precios al interior de la UE pero, sobretodo, a reducir los gastos públicos. En el primer caso, se trata de poner límite al volumen producido que no a la forma de producción. Este mecanismo no se corresponde con la demanda de consumo, sino que beneficia a los países miembros más antiguos que extienden su mercado sobre los nuevos. Favorece la intensificación y el aumento de la productividad, convirtiéndose en un mecanismo perverso de eliminación de las explotaciones que no «dan la talla». En el segundo caso, se trata de un mecanismo de seguridad que sólo beneficia a explotaciones de cierto nivel de negocio ante caídas del precio internacional por exceso de oferta o bien, como ocurre ahora, por contracción del consumo ante la crisis económica y la pérdida de poder adquisitivo de la población (por ejemplo en el aceite de oliva). Sirve para retener producción almacenada, reduciendo de forma artificial la oferta para propiciar un repunte de los precios, vendiendo en un mejor momento.

10 Las ayudas directas se implantaron en 1992 ante el nacimiento de la OMC, para comenzar a desvincular las subvenciones de la producción. Son un mecanismo de compensación parcial de rentas ante la obligación de adaptarse a los precios del mercado mundial y a los porcentajes obligatorios de entrada de productos agrícolas.

11 El denominado «chequeo de la PAC» profundiza, aunque menos de lo propuesto inicialmente, en la reforma de 2003. Desacoplamiento total de las ayudas a la producción en ayudas directas en las OCMs aún no reformadas (para 2010: olivar, herbáceos, trigo duro y lúpulo; para 2012: frutos secos, forrajes desecados, vacuno de carne, arroz, semillas y fécula de patata; opcional a partir de 2012: ovino, caprino y vaca nodriza). Amplía el recorte de las ayudas directas (5% en la reforma de 2003) ya sin la careta de la modulación social (10% a los preceptores de más de 5000 euros, en España el 23%, y 14% a los preceptores de más de 300.000 euros, en España el 0,02%). Por último, continúa el desplazamiento de presupuesto agrario a medidas de desarrollo rural, evitando, en todo momento, transferir fondos de unos países a otros para que los principales perceptores de fondos no bloqueen la reforma. En este último acuerdo se permite que un estado se reserve los fondos comunitarios presupuestados pero no gastados en un año para el siguiente y se acepta que los estados transfieran ayudas de un sector a otro con mayores dificultades.

12 El tamaño medio de explotación agraria en la UE son 18 hectáreas frente a 200 ha en EEUU. El valor monetario de la producción siendo semejante, se produce en más de 7 millones de explotaciones en la UE, frente a 2 millones en EEUU. El horizonte es reducir las diferencias de productividad con EEUU antes de abrir las fronteras. Continúan las ayudas a la exportación para los que operan en el mercado internacional pero la reducción de los precios de intervención, logrará la expulsión de las explotaciones que no puedan resistir tales recortes ni con ayudas directas.

13 La retórica de fomento de la agricultura ecológica, sin poner freno a la agricultura industrial y sin oponerse a la distribución global, favorece la entrada en el sector ecológico de los grandes operadores y la degradación de los principios agroecológicos (producción de temporada, con tecnologías apropiadas, a escala sostenible, para el consumo local, fomentando el empleo en zonas rurales, la reducción de la contaminación de suelos, aguas y cadena alimentaria, así como la reconversión de la agricultura industrializada y globalizada).

14 La promoción de cultivos energéticos tienen la doble función de transformar subvenciones penalizables por la OMC (remolacha, girasol) en aceptables por la OMC y, al mismo tiempo, servir para cumplir los objetivos de incrementar el porcentaje de producción de energías renovables, en cumplimiento de los compromisos de Kioto. Otra cosa es que no descienda en valores absolutos el consumo de energía total y en particular la derivada del petróleo o que, como apuntan desde el ISIS (Instituto de Investigación Científica Independiente del Reino Unido), no sea la conversión energética de cultivos para biocombustibles o biomasa y sólo proporcione la coartada para una neocolonización de las tierras cultivables o de selva tropical de los países del Sur, aumentando con ello su inseguridad y dependencia alimentaria.

15 Agencia Europea del Medio Ambiente. Environmental Assesment Report nº 6, 1999

16 Es un intento de corregir la escasa presencia de condicionantes medioambientales y sociales en las subvenciones de la PAC. Se introdujo en la Agenda 2000, pero dejando a cada Estado su aplicación. Ahora se exige de forma obligatoria. Al tratarse tan sólo de cumplir la legalidad vigente, se convierte en un mero mecanismo de penalización, por incumplimiento de la legislación, en el caso de que el Estado miembro articule medios para hacer un seguimiento a las explotaciones que reciben ayudas. También está fomentando la transmutación de los negocios de las multinacionales agroquímicas, que por un lado «promocionan» la agricultura integrada para adaptarse a la ecocondicionalidad, y por otro presionan para que los productos agrotóxicos autorizados no se prohíban hasta que tengan un sustituto que mantenga tanto su negocio como la dependencia de los agricultores de las tecnologías agroquímicobiológicas patentadas por ellas.

17 «Con la excepción del sector de alimentación al por menor, los agricultores europeos no han alcanzado el nivel extremo de la concentración corporativa de los agricultores en Norteamérica (EEUU y Canadá)». Documentación sobre tal afirmación se encuentra en el Boletín de National Farmers Unión, Canadá, Junio de 2003. Vol 54.

18 Tim Lang y Collin Hines : «El nuevo proteccionismo». Ed. Ariel. Barcelona, 1996

19 FMI. World Economic Outlook, septiembre de 2002. «¿Cómo afectan a los países en desarrollo las políticas agrarias de los países industrializados». Citado en informe MEMO/03 de la Comisión Europea (13 de febrero de 2003).

20 Peter Rosset y otros : «World Hunger: 12 Myths». 2ª Ed. Grove Press. New York, 1998

21 Caroline Lucas, «Stopping the great food swarm». MEP. Green Party of England and Wales. Marzo de 2001. Citado en Amigos de la Tierra «Hacer sostenible a nuestra agricultura: una necesidad impostergable. Libro Blanco de la Agricultura y el Desarrollo Rural.

22 W. Pengue «Producción agro-exportadora e (in)seguridad alimentaria. El caso de la soja en Argentina» en Biodiversidad en América Latina

23 Para mayor detalle sobre condiciones de trabajo y de vida de los inmigrantes rumanos y polacos, Nicholas Bell «Viaje al país de los hombres invisibles. Europa organiza la clandestinidad». Le Monde Diplomatique edición española, abril de 2003.

24 Ver, de P. Galindo, La Política Agraria Común (PAC) proteccionismo globalizador, pag 154- 160 en el Capítulo «Globalización de la agricultura y la alimentación.» En VV.AA. «El movimiento antiglobalización en su laberinto: entre la nube de mosquitos y la izquierda parlamentaria». La Catarata-CAES. Madrid, 2003