Durante las pasadas semanas la UE ha estado inmersa en una intensa actividad negociadora, por un lado para salvar a la banca y por otro para salvar el clima. Ecologistas en Acción repasa los acuerdos a los que se ha llegado en ambos campos para mostrar donde están las prioridades de la Unión. La pasada […]
Durante las pasadas semanas la UE ha estado inmersa en una intensa actividad negociadora, por un lado para salvar a la banca y por otro para salvar el clima. Ecologistas en Acción repasa los acuerdos a los que se ha llegado en ambos campos para mostrar donde están las prioridades de la Unión.
La pasada cumbre del Consejo Europeo escenificó nuevamente, según Ecologistas en Acción, que los/as distintos/as jefes/as de estado de la Unión tienen como objetivo salvaguardar los intereses de sus grandes capitales, frente a los de la población y no digamos ya los del resto de seres vivos.
El plantón de David Cameron, primer ministro británico, se explica desde una perspectiva de defensa de los intereses del capital financiero británico, los de la City. Por eso exigió varias salvaguardias para entrar en el acuerdo, la más importante de todas, la anulación de la normativa según la cual las operaciones financieras en euros tengan que llevarse a cabo en los mercados continentales. Eso haría que la City dejase de recibir más de la mitad de esas operaciones. En el otro lado de la moneda se situarían los gobiernos francés y alemán, que impulsaron esa normativa en beneficio propio, es decir, de la bolsa de París y de Fráncfort.
Los acuerdos a los que llegan el resto de países de la UE en la Cumbre del jueves-viernes realmente no son nuevos respecto a pactos anteriores. Todos ellos tienen un objetivo claro: conseguir que los estados tengan la mayor solvencia posible para rescatar a la banca europea, fuertemente endeudada. El problema de la deuda europea no es un problema público, sino fundamentalmente privado y, más en concreto, relacionado con los créditos al ladrillo. Por eso los acuerdos buscan un equilibrio presupuestario obligado por la Constitución (o equivalente); sanciones automáticas si el déficit público supera el 3%; control por parte de la UE de los presupuestos de los estados miembros; y una mayor agilidad y potencia de fuego para el futuro fondo de rescate europeo (MEDE) dotado hasta ahora con 500.000 euros, eso sí, con capacidad de veto sobre él por parte de Alemania, Francia (e Italia). Además también se movilizan nuevos fondos vía el FMI (200.000 millones de euros) para rescates.
Sobre la mesa está la discusión de la creación de más «bancos malos» que pasen a manos del estado o reciban ayudas de él. A grosso modo hay dos posibles vías. Una es que el estado se quede con los activos tóxicos (sobre todo suelo) a precio de mercado, es decir, mucho más barato del precio al que lo adquirió el banco, y luego lo intente vender a lo largo de las siguientes décadas. Eso sí, esto implicaría un rescate público bancario, pues dejaría descapitalizada la banca. La segunda opción que se discute es la compra de los activos a los precios a los que la banca los adquirió. En cualquier caso lo que terminaría ocurriendo es el desvío de dinero público para enjuagar las pérdidas, después de inmensas ganancias en la burbuja inmobiliaria.
Pero estas no son las únicas medidas pensadas en la banca que han emergido de los estamentos de poder de la Unión en los últimos días. El jueves pasado, el Banco Central Europeo (BCE) rebajó aun más los tipos de interés, situándolos en el 1%. Solo los bancos, según la normativa del BCE, pueden pedirle dinero. Los estados tienen que conseguir su financiación en los mercados financieros o pidiéndole prestado dinero a los bancos, obviamente a un tipo de interés mayor, que para el caso del Estado español está alrededor del 6%.
Los acuerdos del BCE no terminaron ahí, sino que amplió el periodo de devolución de los préstamos a la banca hasta 3 años (hasta ahora el máximo eran 13 meses) y se rebajó la calidad de los avales que tienen que depositar los bancos para acceder a esta financiación. Ya valen incluso préstamos a PYMES.
Y ahí no terminan las buenas noticias para la banca de las últimas semanas. El 1 de diciembre la Comisión Europea decidió prorrogar el régimen que facilita la concesión de ayudas públicas a la banca por parte de los Gobiernos.
Que la banca europea tiene problemas no es ningún secreto. Y que los rescates son y se pretende que sigan siendo públicos tampoco. El jueves pasado la Autoridad Bancaria Europea (EBA) publicó cuanto capital tendrán que captar los principales bancos (los sistémicos) del viejo continente para llegar al 9% de capital principal (core capital) exigido antes de junio. Serán 114.685 millones de euros. Y la banca que tendrá que hacer más esfuerzos será, por este orden, la griega, la española y la italiana, situando en una posición más competitiva a los bancos centroeuropeos, como ya expresó anteriormente Ecologistas en Acción.
Pero en realidad las cifras son mucho más abultadas. La deuda pública española es en la actualidad de unos 650.000 millones de euros. El Banco de España dice que la «exposición potencialmente problemática» al ladrillo de la banca española es de 176.000 millones de euros. La deuda de las empresas españolas asciende a unos 1.300.000 millones. Desde el inicio de la crisis, la banca europea ya ha recibido 1.600.000 millones en ayudas públicas, el 13% del PIB.
Ante todo este baile de cifras multimillonarias y ayudas, Ecologistas en Acción se pregunta: ¿cómo extrañarse de que en la Cumbre del Clima de Durban la UE no haya sido capaz de asumir la responsabilidad de ser el segundo responsable histórico del calentamiento global? Es evidente que no le quedaban ni esfuerzos ni recursos económicos para ello. Como expresa la organización ecologista, de Durban no sale ningún acuerdo de reducción de emisiones, tampoco la «prorroga» del Protocolo de Kioto para un puñado de países es legalmente vinculante, ni siquiera hay un compromiso firme de llegar a un acuerdo en ningún momento. Lo que sí se cierra son nuevos mercados con la introducción de la captura y almacenamiento de carbono (CAC) como mecanismo de desarrollo limpio (MDL) y, por lo tanto, fuente de nuevos créditos de carbono negociables en las bolsas europeas.
A nivel de financiación, las arcas de la UE se han quedado secas con tanta ayuda a la banca. De este modo, lo que hay sobre la mesa para después del 2020 (que está por ver si se materializa) son 100.000 millones de dólares (a comparar con los 1.600.000 millones de euros ya dados en ayudas a la banca en la UE) que deben ser aportados entre todos los estados responsables del calentamiento global para adaptación en los países periféricos. Eso sí, un fondo que será, para más inri, controlado por el Banco Mundial.
Fuente: http://www.ecologistasenaccion.org/article21934.html