Desde hace unas semanas, la universidad está en entredicho a causa del escándalo del rector-plagiador de la Rey Juan Carlos de Madrid. Hasta nueve plagios de otros tantos textos de diversos profesores han sido ya demostrados sin que el aludido haya dimitido todavía. Que alguien que desprecie tan olímpicamente la mínima ética profesional y personal […]
Desde hace unas semanas, la universidad está en entredicho a causa del escándalo del rector-plagiador de la Rey Juan Carlos de Madrid. Hasta nueve plagios de otros tantos textos de diversos profesores han sido ya demostrados sin que el aludido haya dimitido todavía. Que alguien que desprecie tan olímpicamente la mínima ética profesional y personal haya llegado a rector, y se empeñe en seguir siéndolo -o, al menos a llegar hasta las próximas elecciones al rectorado, con el objetivo más que probable de manejarlas desde su sillón y dejar sentado en este a algún heredero-, es un reflejo de las miserias que sin duda existen en nuestro sistema universitario: clientelismo, burocratización, alto grado de impunidad, intercambio de favores entre lobbies…
El plagio es, sin duda, uno de los más graves delitos de un profesor universitario. Y la posibilidad de plagios repetidos muestra que los mecanismos de control son inadecuados o que la corrupción de quienes son los responsables de hacerlos funcionar es muy alta. Y el caso del ahora famoso rector no es único. ¿Cómo cambiar esta situación inaceptable? Algunos, como el señor Garitano (economista en la London School y actual responsable de ese área del partido Ciudadanos), se han apresurado a descalificar globalmente la autonomía universitaria, haciéndola culpable del desafuero y proponiendo una intervención directa de «la sociedad» en el nombramiento de rectores. Según ellos, un rector no tendría que ser elegido por los miembros de la comunidad universitaria sino por un órgano externo a ésta, que lo controlaría en lugar de hacerlo el claustro. Se afirma, sin más, que ello evitaría abusos como el que estamos comentando, como si la corrupción fuera una lacra exclusiva de las universidades y como si lo que llaman «la sociedad» no fuera realmente un conjunto de instituciones y organizaciones del Sistema cada una de ellas con sus propias lacras.
El escándalo del rector-plagiador está sirviendo estos días para ocultar uno de los mayores atentados contra las universidades públicas: el reforzamiento de los criterios mercantilistas para el avance del profesorado en su carrera universitaria. Hace ya más de una década, se cambió el denostado sistema de oposiciones por otro consistente en que una agencia evaluara los méritos de cada profesor. Un sistema que, con apariencia de objetividad, se ha mostrado aún menos transparente y más arbitrario que el anterior, en el que no es preciso demostrar nada sobre la capacidad de docencia, girando casi todo en torno a las publicaciones. Pero no al contenido de éstas -como cualquiera con un mínimo de sentido podría pensar- sino al lugar donde se hayan publicado. Ahora, la agencia ha dado una vuelta de tuerca más a esos criterios haciéndolos casi imposibles de cumplir a menos que se abandone prácticamente la dedicación a la docencia y todo se centre en conseguir publicar en revistas «de prestigio», en su gran mayoría anglosajonas. Publicar un libro apenas si se valora y también es negativo publicar artículos en revistas científicas de la propia universidad en que se trabaje o incluso del propio país. La machacona insistencia en la «internacionalización», el «impacto» y la «excelencia» esconde la realidad (increíble para cualquiera pero asumido por muchos en nuestras universidades) de que lo que se valora es dónde y cuánto se publica y no el contenido de lo que se publica. Por lo cual tenemos a cantidad de profesores dedicados a entrar en las redes académicas adecuadas para situar textos donde conviene, en lugar de volcarse en la investigación de cuestiones científica y/o socialmente relevantes y a desarrollar la docencia de forma que logren entusiasmar al alumnado. La perversión del utilitarismo ha llegado a convertir nuestras universidades en academias a las que se va solamente (alumnos y profesores) a las horas de clase y, todo lo más, de tutorías. Aquello de la «comunidad de docentes y discentes», de ágora de debate, de conciencia crítica de la sociedad, ha sido borrado de los objetivos y son premiados aquellos profesores que invierten todo su tiempo en hacer currículo, es decir, en conseguir publicar donde sea más rentable para su carrera personal.
Si a esta perversión se unen la descualificación de los títulos (los cinco años de las antiguas licenciaturas corresponden hoy a un grado, o incluso a un grado «doble», y un máster), la escasa financiación y las deudas de las administraciones públicas (en esto, también Andalucía se lleva la palma), la inestabilidad de gran parte del profesorado, las subidas de tasas y el dirigismo de la investigación hacia intereses privados, tenemos un panorama altamente preocupante en el que la existencia de plagiadores, aunque totalmente inaceptable, no deja de ser sino un síntoma más de un mal mucho más profundo.
Isidoro Moreno. Catedrático Emérito de Antropología
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