En el libro «Autogestión y anarcosindicalismo en la España revolucionaria» (Traficantes de Sueños, 2006), el historiador Frank Mintz afirma que 1,8 millones de personas participaron en las colectividades durante la guerra de 1936 (758.000 colectivistas en la agricultura y algo más de un millón en la industria). «La autogestión fue el puntal de la economía […]
En el libro «Autogestión y anarcosindicalismo en la España revolucionaria» (Traficantes de Sueños, 2006), el historiador Frank Mintz afirma que 1,8 millones de personas participaron en las colectividades durante la guerra de 1936 (758.000 colectivistas en la agricultura y algo más de un millón en la industria). «La autogestión fue el puntal de la economía y un símbolo revolucionario, a pesar de los pesares desde el principio hasta el final de la guerra, que ganaron los anti-autogestionarios (con etiqueta franquista y los variopintos saboteadores, con el PC y los soviéticos a la cabeza», concluye. En Barcelona se unificaron las principales compañías de transporte -por ejemplo de ferrocarriles- tras el golpe del 18 de julio; los obreros resolvían los problemas de contabilidad, horarios y necesidades de la producción, pero también se constituyeron retiros de vejez y actividades culturales (en más de la mitad de los colectivos se firmaba con huellas dactilares, lo que evidencia las altas tasas de analfabetismo). En la capital catalana la CNT y también la UGT abrieron naves y espacios en adecuadas condiciones de higiene, para terminar con los «talleres de mala muerte». En Aragón, añade el anarcosindicalista francés, era frecuente el caso en el que la medicina resultaba gratuita y el médico vivía en la colectividad agrícola.
La CGT València organiza entre el 12 y el 16 de diciembre las XVIII Jornades Llibertàries, dirigidas a la reflexión y el debate sobre el 80 aniversario de la revolución libertaria en el estado español. Una de las manifestaciones de la nueva época fue el Consejo Levantino Unificado de la Exportación Agrícola (CLUEA), creado en octubre de 1936 y en el que se integraban la CNT y la UGT, sindicatos que defendían las colectivizaciones. La nueva institución se encargó de la producción y exportación de cítricos en el País Valenciano, y destacó por el acierto en su organización (área financiera, de transporte, propaganda, estadística…). El CLUEA contó con extensiones en los municipios, los CLUEF (Consejo Local Unificado de Exportación de Frutos). Profesor de Geografía e Historia en el Instituto «La Serranía» de Villar del Arzobispo (Valencia) y actualmente embarcado en una tesina sobre el CLUEA, Miguel Navarré resalta que el Consejo no sólo estableció controles de calidad para los agrios que se exportaban y se encargó de gestionar los medios de transporte, sino que también habilitó agregados comerciales que cerraban negocios en el extranjero. La relación llegó a ser conflictiva: el Decreto que debía regular el Consejo no se aprobó, pero éste continuó desarrollando su actividad. Así ocurrió durante la campaña de la recolección de la fruta de 1936-1937.
Todo ello sucedía en un contexto internacional de crisis del sector citrícola en los años 30, después que se generalizaran las políticas proteccionistas tras el crack del 29. En noviembre de 1936 el Gobierno de la República se encontraba ya en Valencia, y tenía claro el objetivo en un contexto de guerra: la exportación de productos y la obtención de divisas. «El ejecutivo republicano tenía un control sobre los ingresos que el CLUEA obtenía de las exportaciones; una parte de las divisas se destinaban al pago de salarios en las colectividades», recuerda Navarré. Algunas características del Consejo impulsado por los sindicatos anarquistas y socialistas pueden observarse en sus revistas y publicaciones; en los textos se defienden las políticas de «buenas prácticas», los controles de calidad de la fruta y la difusión del tipo de maquinaria utilizada en otros países. Se trata, así, de poner en práctica el ideal anarquista de que la educación libera al individuo.
Pero las dificultades no fueron pocas. A los escasos recursos financieros, se sumó el boicot a los productos (valencianos y del CLUEA) por parte de los antiguos propietarios huidos al exterior, la menor llegada de barcos de otros territorios en un contexto de guerra y las dificultades para el transporte por caminos y carreteras. Miguel Navarré agrega otros factores de peso, como el boicot alemán y la posición ambigua de Francia. Otras veces las trabas vinieron del frente interior: «El Ministro de Agricultura Vicente Uribe, del PCE, y el gobierno republicano defendían -frente a las colectividades- la pequeña propiedad individual; trataron de imponerse a los comités». En algunos casos, inspecciones ordenadas por la CNT detectaron que los CLUEF no disponían de un registro contable o que, al margen de la matriz, el CLUEA, vendían la fruta más barata al extranjero. Con todo, resalta el historiador, que ha investigado las colectivizaciones en la comarca valenciana del Camp del Túria, «el CLUEA realizó una labor esencial, sobre todos los cuadros técnicos de la CNT y la UGT que lo dirigían». La empresa en la que se embarcaron se resume en tres principios: dignificar el trabajo en el campo, la obtención de divisas para la modernización agraria y unos salarios dignos. Además, en muchas de las comunas se garantizó la educación y contaban con sus médicos. Y a los campesinos mayores, se les garantizaba el sustento con lo que producía la colectividad.
La primera sesión de las jornadas de la CGT lleva por título «Utopía vivida. La revolución social de 1936», pero el profesor de Història Contemporània de la Universitat de València, Ricard Camil Torres, matiza que ciertamente en 1936 y 1937 se produjeron «actos revolucionarios» en el estado español; ahora bien, «ello no significa que viera la luz una sociedad distinta». De hecho, no se produjo un cambio de la estructura estatal ni del aparato institucional establecido, aunque sí que hubo ámbitos «autónomos» que funcionaron al margen del poder político. «No podemos hablar de una Revolución», insiste. Además, «no en todos los territorios se desarrollaron las colectividades». Un ejemplo de que no se produjo esta transformación «radical» de la sociedad, argumenta el historiador, que acaba de publicar el libro «La Guerra Civil (1936-1939)» en la editorial La Xara, es que el ejército de la República se encargó de la destrucción de las colectividades en territorios como Aragón. «Tampoco el Consejo de Aragón aguantó el primer envite que le planteó el Estado republicano: la militarización de las milicias». O la entrada de la CNT en el gobierno de la República, con cuatro ministerios, el cuatro de noviembre de 1936: Juan García Oliver (Justicia), Federica Montseny (Sanidad), Juan Peiró (Industria) y Juan López (Comercio).
Otra prueba de que no se produjo la gran mutación institucional es que la consigna «Uníos Hermanos Proletarios», exhibida en octubre de 1934 en Asturias por la CNT, la UGT y el resto de organizaciones obreras, defendía -a partir de una coalición de clase- un Estado republicano, explica Ricard Camil Torres. «El grito es el de siempre, ‘¡Viva la República!’, porque saben que el fascismo avanza en Europa y Hitler se anexiona Austria», añade. Refuerza esta idea de la «no revolución» el hecho de que en 1936 saliera a la calle el «pueblo español», en sentido lato y heterogéneo, es decir, todo el elemento popular que se oponía al golpe militar. Incluso en ciudades como Barcelona, aunque el pueblo manifestara su oposición en la calle y se opusiera al ejército, «lo que declinó la balanza fue que la Guardia Civil, dirigida por el coronel Escobar, no se adhiriera al golpe».
En cuanto a Madrid, «se produjo un reparto de armas entre el pueblo, sin que estuviera dirigido por organizaciones obreras ni militares». En Valencia se asaltan los cuarteles, y las clases populares provocan el colapso de la ciudad. «En Valencia sí que hay un comité o Gobierno obrero desde el 19 de julio, pero se separa de las instituciones, no las ocupa». Ricard Camil Torres recuerda las palabras de dirigente anarcosindicalista, Francisco Ascaso, en que manifestaba su poco interés en dirigir institución alguna. Pero todo ello no es incompatible con una proliferación de acciones revolucionarias: el 22 de julio de 1936 la CNT y la UGT alcanzan un acuerdo en Valencia para la convocatoria de una huelga general, y se constituye un comité ejecutivo popular; las fotografías de la Unión Naval de Levante muestran a milicianos sin distinción por jerarquías; las columnas de milicianos sofrenaron el golpe fascista en Aragón; se extendieron las colectivizaciones por el territorio, se desplegó el poder miliciano antifiascista en Cataluña, el País Valenciano o los Consejos en Aragón y Asturias. «Son ejemplos de hechos revolucionarios», remata el historiador. También el autobús que cubría la ruta Valencia-Cullera: «Viajamos sin leyes».
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