Con el fin de ejemplificar el papel del Estado este trabajo intenta tocar ampliamente dos conceptos que forman parte de la naturaleza misma del Estado: justicia y violencia. El primero se supone que sirve para ser protegidos por el Estado; el segundo se utiliza para ejercerla contra los enemigos de ese Estado. Es claro que […]
Con el fin de ejemplificar el papel del Estado este trabajo intenta tocar ampliamente dos conceptos que forman parte de la naturaleza misma del Estado: justicia y violencia. El primero se supone que sirve para ser protegidos por el Estado; el segundo se utiliza para ejercerla contra los enemigos de ese Estado. Es claro que ésta es una visión simplista y unidimensional, pero sirve como punto central de este trabajo que trata sobre la peligrosa manipulación de ambos conceptos. La justicia, cuando la hay, demora tanto que sirve de poco a los millares de habitantes de las poblaciones marginadas que se ven desplazadas, desposeídas y atacadas por esa ogra que llamamos «progreso». La violencia es la negación de la justicia y se presenta como una entidad en sí misma.
Durante un mes recorrí Chhattisgarh, me reuní con la gente, con organizaciones estatales y populares, para investigar sobre la violencia del Estado contra las mujeres. Llegué a la conclusión que es una parte del vasto archipiélago de la explotación, de la negación de los derechos a la propiedad de la tierra, a la no aplicación de las leyes que supuestamente benefician a las personas. Y todo ello adquiere una mayor dimensión cuando me topé con la detención arbitraria de cualquier persona que es sospechosa para el Estado (1). El empleo judicial de la violencia es un papel que ha asumido el Estado. Veamos unos casos.
Ledha es una mujer adivasi del distrito de Sarguja. Estaba casada con Ramesh Nageshila, un conocido miembro del partido maoísta. Dado que según la ley la identidad de la mujer está íntimamente ligada a la de su marido, Ledha también fue acusada de naxalita y encarcelada bajo la acusación de haber participado en un ataque en el que murieron 3 miembros de los CRPF (2). Estaba embarazada. Gracias al esfuerzo de su abogado, se le concedió permiso para dar a luz fuera de la cárcel, pero tras el parto fue encarcelada de nuevo. Un año y medio después Ledha fue absuelta y puesta en libertad. La policía la ofreció dinero y trabajo a cambio de la rendición de su marido. Ledha convenció a su marido para que se entregara, lo que hizo. Sin embargo, en el mismo momento de la entrega la policía mató a Ramesh ante sus ojos. A Ledha la amenazaron si revelaba lo sucedido. Los periódicos «informaron» del hecho como la muerte de un maoísta en un combate en Shankergarh. Ledha no se atrevió a hablar, volvió a su pueblo y allí descubrió que la policía la estaba buscando. Se entregó y fue violada por SP Kalluri delante de sus padres y de su hijo. Al día siguiente, Ledha fue violada por Dheeraj Jaiswal y otros cuatro policías. El caso llegó al Tribunal Superior de Chhattisgarh, pero Ledha retiró la denuncia cuando sus padres fueron torturados por la policía.
Meena Xalxo era una joven menor de edad a quien acusaron de ser naxalita. Fue detenida, violada y asesinada por la policía del distrito de Balrampur. Pese a que la autopsia confirmó la violación de la menor, los medios de comunicación no informaron de ello. Ni una línea. La familia llevó el caso a la justicia, pero retiró la denuncia cuando el Estado ofreció a su hermano un puesto de trabajo en una escuela pública.
En la aldea de Koyabekur, los policías especiales antiguerrilla entraron en la madrugada del 14 de septiembre de 2012 y se llevaron a tres hombres. Cuando las mujeres intentaron bloquear la salida de los policías, arremetieron contra ellas destrozándoles la cara con patadas. Uno de los policías introdujo un objeto punzante en el oído de una de las mujeres, una mujer de 60 años. Como en el caso de Meena, ningún medio informó del hecho. Y ni hablar de una investigación judicial.
Esta actitud complaciente hacia la violencia del Estado es justo lo contrario de la democracia.
La violencia de género y de casta se ha manifestado a través de las desigualdades en la sociedad y sus estructuras desde tiempos inmemoriales. Estamos en un Estado patriarcal que no sólo saquea al país de sus recursos, sino también la dignidad y los derechos de sus mujeres. La vulnerabilidad de las mujeres y los niños en las «zonas de conflicto» es un tema popular, pero cuando es el Estado quien perpetra la violencia desaparece todo el interés. Hay un abismo entre los derechos, la justicia y la libertad. El Estado no puede ser considerado como una entidad política abstracta y no se puede hablar de separación de poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, ni tampoco de medios de comunicación «libres».
El caso de Ledha indica de forma clara qué representa para un maoísta su entrega a la policía, representa qué supone para una mujer ser detenida por la policía, representa cómo manipulan los medios. Lo mismo en el caso de Meena. Ambas son dalit, una manifestación estructural de la injusticia histórica contra los dalit que se ve reforzada cuando se frena la investigación judicial. La justicia está al servicio del Estado y del uso, por el Estado, de la violencia a través de sus diferentes armas y maquinarias.
El peligro no está sólo en el uso generalizado de la violencia, sino en la impunidad que ofrece a los autores debido a su estrecha relación con el Estado. Los crímenes cometidos por los miles de soldados y policías desplegados en Chhattisgarh son solo una gota en el inmenso océano de crímenes cometidos contra las mujeres por los hombres de uniforme, especialmente en los lugares «conflictivos».
Notas de la traductora:
(1) Chhattisgarh es el estado de la India donde es más fuerte la guerrilla maoísta.
(2) Cuerpos de Reserva de la Policía Federal, paramilitares.
Mrinalini Paul es trabajadora sanitaria en Bengala Occidental.
Fuente: http://www.nodo50.org/ceprid/spip.php?article1731
Traducido por María Valdés