Según ha podido verificar la Plataforma Salvemos Cabana a partir del reciente proyecto de investigación autorizado a Grupo M-FM 2001 S.L. y de acuerdo a los datos del Censo Mineiro de Galicia corroborados por el catastro del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, varias decenas de concesiones en distintos momentos de tramitación se reparten por […]
Según ha podido verificar la Plataforma Salvemos Cabana a partir del reciente proyecto de investigación autorizado a Grupo M-FM 2001 S.L. y de acuerdo a los datos del Censo Mineiro de Galicia corroborados por el catastro del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, varias decenas de concesiones en distintos momentos de tramitación se reparten por todo el territorio gallego.
Exceptuando las solicitudes de permisos en la zona de arenas auríferas del Miño, en el que empresas como Áridos do Mendo, en el municipio de Salvaterra, retiran por técnicas de decantación de minerales densos una media de 0,8 gramos de oro por tonelada sin la utilización de reactivos tóxicos, en la práctica totalidad de las concesiones el mineral se encuentra contenido en roca, lo que de resultar viables los yacimientos, implicaría el uso de procesos de flotación y lixiviación, lo que conllevaría la generación de inmensas cantidades de residuos y la utilización de cianuro de sodio durante esta última fase.
La autorización de una planta de cianuración en cualquier rincón de Galicia podría tener efectos devastadores a nivel ambiental
Actualmente, el mayor riesgo sería la autorización de un complejo de lixiviación como el que contemplaba el proyecto de Corcoesto, más teniendo en cuenta que en todo el noroeste peninsular sólo existe la de Orovalle Minerals S.L., filial de la transnacional minera canadiense Orvana, que está utilizando como balsa la antigua corta a cielo abierto de la mina de oro de la localidad asturiana de Belmonte de Miranda, y en la que parece altamente improbable que se autorice el depósito permanente de residuos contaminantes de fuera del Principado, tanto por el elevado número de concesiones a las que aspira la compañía en territorio asturiano, como por el escándalo generado hace diez años, en el que la empresa Río Narcea Gold Mines, anterior propietaria del complejo, cianuró mineral importado desde la localidad groenlandesa de Nalunaq, tal y como denunció en su momento la Coordinadora Ecologista de Asturias.
En este sentido, se hace necesario recordar que en la documentación en consulta pública de la solicitud del permiso de investigación Julia-2, la propia Mineira de Corcoesto S.L. / Edgewater reconoció su interés en obtener «todos los derechos mineros disponible » en yacimientos «que por su reducido tamaño sólo podrían ser económicamente explotados en el caso de poder beneficiarse de una planta de tratamiento ya en funcionamiento y próxima», lo que confirma que de haberse aprobado finalmente el proyecto las balsas de residuos de Corcoesto, unidas en una superficie que alcanzaba los 650.000 m², hubieran albergado residuos tóxicos procedentes de distintos puntos del territorio gallego.
La presión llega también desde el sur
Por otra parte en la provincia se León se contemplan también una veintena de iniciativas de investigación aurífera por parte de distintas compañías, entre la que destaca el «Andiñuela Gold Project» desarrollado aún de manera incipiente por la canadiense Auropean Ventures Inc. sobre una superficie de 58 km², y que la propia empresa relaciona a nivel geológico con los proyectos mineros de El Valle/Carlés y Salave en Asturias y el de Corcoesto en Galicia, jactándose de que el Gobierno de España subvenciona incluso las actividades de exploración y confirmando la necesidad urgente de la derogación de la vigente normativa preconstitucional de minas y el establecimiento de una legislación acorde a los tiempos que prime el respeto al medio ambiente y las comunidades.
La Ley del Suelo de Galicia, una nueva amenaza
En medio de este contexto netamente favorable a los proyectos auríferos, la nueva Ley 2/2016 añade, además, un factor de preocupación porque en su disposición final cuarta introduce una modificación de la Ley 3/2008, de ordenación de la minería, haciendo que todas las figuras de planeamiento urbanístico o territorial con incidencia en materia de minas tengan que someterse a partir de ahora «de manera vinculante» a los dictados de la Consellería de Economía e Industria, consumando de facto la imposición del mazo extractivo sobre otros sectores predominantes en tierras gallegas como el agrícola o el ganadero.
La minería del oro no es la solución a la política industrial gallega, es el problema
Finalmente, hay que lamentar la permanente apuesta del Gobierno autonómico del PP por el neoextractivismo, ya sea utilizando en beneficio de su ideario ideológico el Plan Sectorial de Actividades Extractivas, transformando a su conveniencia el Plan Director de la Red Natura 2000 o firmando convenios con la patronal minera bajo la sombra falaz de eufemismos como los de «minería responsable» o «minería sostenible».
No en vano, la explotación de oro asturiana que fue puesta de ejemplo por parte de Edgewater de impecable práctica minera para ilustrar su pretendido proyecto de Corcoesto, El Valle-Boinás, en el concejo asturiano de Belmonte de Miranda y operada por Orovalle Minerals S.L. -antes denominada Kinbauri España S.L.U.-, fue denunciada en 2015 por la Fiscalía por presunto delito ambiental, concluyendo de las diligencias practicadas que el río Cauxa, a su paso por la zona de influencia de las instalaciones mineras, soporta la emisión de una serie de vertidos de sustancias catalogadas como peligrosas por su elevada toxicidad. Cabe preguntarse si ese es el futuro que Alberto Núñez Feijóo y su Ejecutivo desean para el territorio gallego y sus habitantes.