En la Plaça de l’Ajuntament de Algemesí, municipio de 27.000 habitantes en la comarca valenciana de La Ribera, se concentraron cerca de 300 personas el 21 de enero en defensa de los labradores y el sector citrícola. En uno de los polígonos industriales se ubica una cooperativa agrícola centenaria -la COPAL-, la mayor del estado […]
En la Plaça de l’Ajuntament de Algemesí, municipio de 27.000 habitantes en la comarca valenciana de La Ribera, se concentraron cerca de 300 personas el 21 de enero en defensa de los labradores y el sector citrícola. En uno de los polígonos industriales se ubica una cooperativa agrícola centenaria -la COPAL-, la mayor del estado español en cítricos (clementinas, mandarinas, naranjas y satsumas), según su página Web. La pancarta de uno de los congregados resumía las reivindicaciones y centró la atención de las cámaras: «Unió Europea-Sudáfrica. Torneu-nos la dignitat». Una pequeña propietaria y socia de la cooperativa, I. V. Ll., de 76 años, cuenta que la naranja «cada año da menos dinero y esta campaña se añaden los efectos del granizo».
La Plataforma per la Dignitat del Llaurador convocó a la misma hora la concentración en 65 municipios del País Valenciano y la provincia de Tarragona; 2.000 personas se manifestaron en Burriana, según fuentes municipales. Surgida en 2017 en el municipio de Nules (Castellón) tras la celebración del XIII Congrés de Citricultura de La Plana, la plataforma agrupa asociaciones como la Unió de Llauradors i Ramaders y la Federación Provincial de Agricultores y Ganaderos de Castellón (FEPAC-ASAJA), cooperativas (Grup Intercoop de les Cooperatives Agrícoles de la província de Castelló) y ayuntamientos, entre otros actores. El manifiesto comenzaba de modo rotundo: «La citricultura en general está atravesando la peor campaña de las últimas décadas».
En Algemesí y otros términos municipales los efectos se hacen visibles en los campos, con toneladas de naranjas, satsumas y clementinas en los árboles -sin recoger-, o por tierra. El pasado 18 de diciembre la plataforma convocó concentraciones que fueron seguidas en 30 municipios, principalmente de la provincia de Castellón. En septiembre de 2017 representantes del movimiento se desplazaron a Bruselas, donde reivindicaron ante los eurodiputados un mayor control de las importaciones de terceros países y entregaron 13.400 firmas. El pasado 24 de enero, también desde la capital comunitaria, calificaron de «indignante» la posición de la Comisión Europea, tras la celebración del debate parlamentario sobre la crisis de la citricultura.
A primeros de diciembre, la Unió de Llauradors hizo público un estudio que puso números a la crisis: unas pérdidas de más de 130 millones de euros en la primera parte de la campaña, de las que el 65% -cerca de 85 millones de euros- obedece a la «presencia masiva» de la fruta de otros países -por ejemplo Sudáfrica- en los supermercados de la Unión Europea. La caída en el precio de los cítricos del País Valenciano es, según el estudio, del 23% respecto a la campaña del año anterior. Los efectos de las lluvias constituyen otro factor importante de pérdidas. En ese contexto, el manifiesto de la plataforma exige -en el primer punto- la modificación del Acuerdo de Asociación Económica entre la UE y seis países de la Comunidad para el Desarrollo del África Meridional (Sudáfrica, Lesoto, Namibia, Botsuana, Mozambique y Suazilandia), que entró en vigor en octubre de 2016 y, entre otros apartados, rebajó la protección arancelaria a la entrada de cítricos sudafricanos en la Unión Europea.
Tras la rúbrica del acuerdo comercial, informó la Unió de Llauradors en noviembre de 2018, las ventas al exterior de cítricos sudafricanos aumentaron el 10% en el caso de las naranjas y el 11% en las mandarinas; en cuanto a los precios alcanzados por las exportaciones de este país, las naranjas pasaron de 0,39 a 0,58 euros/kilogramo en la última campaña y las mandarinas de 0,67 a 0,91 euros/kilogramo. Holanda, Reino Unido, Portugal e Italia constituyen los puntos principales de entrada en la UE; la Unió de Llauradors i Ramaders criticó en octubre de 2017 que supermercados y grandes superficies del País Valenciano tuvieran los expositores «repletos» de naranjas procedentes de Sudáfrica, y demostró la afirmación con fotografías de los estands de Carrefour, Consum y Lidl. En el País Valenciano hay oferta suficiente, declaró el secretario general de la organización profesional agraria, Carles Peris; se daba la circunstancia que los empresarios (citrícolas) sudafricanos habían acordado en esas fechas paralizar sus exportaciones a la UE, tras detectar la enfermedad de la Mancha Negra (Citrus Black spot) en los cultivos de su país. Los controles ante las plagas en cítricos importados es, de hecho, una de las demandas de la plataforma.
El pasado 12 de octubre Peris denunció que los supermercados europeos estaban ofreciendo mandarinas tardías de Argentina, Chile y Sudáfrica en lugar de las frescas del estado español; «se recolectaron a unos 8.000 kilómetros de distancia, sufrieron un largo trayecto en las cámaras de los buques y fueron tratadas para ampliar su vida comercial, sin que probablemente el consumidor europeo sea consciente de ello». Este mes de enero la Unió comprobó que la cadena DIA ofrecía naranjas a granel de origen sudafricano, con los distintivos de la variedad -Valencia Late- y el precio de 0,69 euros/kilogramo. La mencionada organización informó a la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios (AVACU) que hasta 50 sustancias activas de herbicidas e insecticidas -prohibidas para los agricultores de la UE- pueden ser utilizados para el cultivo de naranjas en Sudáfrica, con el consiguiente riesgo para la seguridad alimentaria.
Hasta que se logre renegociar el Acuerdo de Asociación Económica, la Plataforma per la Dignitat del Llaurador demanda una cláusula de salvaguardia, tal como ha aprobado esta semana la Comisión Europea respecto a las importaciones de arroz proveniente de Camboya y Myanmar; la medida ha supuesto, en el caso del cereal, la reintroducción de aranceles durante tres años. Asimismo los labradores reivindican la «reciprocidad» entre las producciones de la UE y de terceros países en el uso de productos fitosanitarios, obligaciones laborales, condiciones ambientales y de seguridad alimentaria. En las movilizaciones piden, además, una ayuda directa para los labradores afectados por la crisis (consideran «insuficiente» la medida de los cupos abiertos por el Ministerio de Agricultura para poder retirar del mercado hasta 50.000 toneladas de cítricos, anunciada por el ministerio el 20 de diciembre).
Otro punto de la tabla reivindicativa es que se garanticen los derechos de los agricultores ante las grandes cadenas de distribución (por ejemplo en los porcentajes sobre el precio final que paga el consumidor) y prohibir la «venta a pérdidas» a costa de los productores (en marzo de 2017, la Unió de Llauradors i Ramaders denunció ante la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) del Ministerio de Agricultura una oferta en los supermercados DIA de cuatro kilogramos de naranjas valencianas por 1,99 euros, sin que se concretara el precio anterior al descuento; otra de las denuncias, en 2016, señaló a la firma Alcampo por los precios -«extremadamente bajos»- de las naranjas a 0’40 euros/kilogramo y de las mandarinas a 0,59 euros/kilogramo durante la campaña del «Black Friday»).
¿Cuál es la relevancia del sector citrícola en el País Valenciano? El informe de la Generalitat «Para crecer en un mundo global» (julio 2018) destaca que España concentró en 2017 el 25% de las naranjas exportadas, seguido de Sudáfrica (15%), Estados Unidos (12%) y Egipto (11%). El País Valenciano produce cerca del 65% de los cítricos del estado español y exporta en torno al 75%. La producción de cítricos en el País Valenciano representó -en las estimaciones de la campaña 2016-2017- el 55% del total español (3,9 millones de toneladas entre las tres provincias), seguido de Andalucía (29%), Murcia (12%) y Cataluña (2%). El análisis de la Conselleria de Agricultura sobre la renta agraria apunta que mientras la producción de cítricos se incrementó un 4,2% en 2018 respecto a 2017, los precios aumentaron el 0,9% en el mismo periodo. Asimismo, la Encuesta sobre Superficies y Rendimientos de Cultivo de la Generalitat (2017) señala que, de las 642.198 hectáreas de tierras de cultivo en el País Valenciano, los cítricos (158.859 hectáreas) y los frutales no cítricos (153.750) concentran el 50%.
Pero las reivindicaciones de los labradores no agotan la problemática de la citricultura. La CGT-Castelló denuncia la «vulneración sistemática del convenio colectivo», lo que implica «la precariedad de las trabajadoras del campo y la explotación irracional del medio ambiente»; el sindicato defiende el fomento del autocultivo y las cooperativas de consumo en apoyo de las pequeñas explotaciones. En el contexto de las negociaciones del convenio citrícola, Comisiones Obreras y UGT convocaron el 5 de diciembre una movilización en Valencia; planteaban la necesidad de una «ofensiva» frente a la «actual precariedad, sobreuso de las ETT y la explotación en ocasiones en términos ‘esclavista'». En mayo de 2016 el periódico Levante-EMV informó de un primer balance de la campaña de la Generalitat 2015-2016 contra las contrataciones ilegales en la recolección de cítricos; el diario se hizo eco de multas, tras la actuación de la inspección de trabajo, a 19 empresas citrícolas y ETT por la contratación irregular de 10.000 trabajadores, a los que se les pagaba un sueldo muy inferior al establecido en el convenio. El periódico La Directa informa, este mes de enero, de otro frente en el sector de la naranja: la entrada de los fondos de inversión.
Fuente de la imagen: Ajuntament de Borriana
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