El territorio del reino de España dispone de una larga tradición en defensa del laicismo. Esto es así por varias razones, pero una de ellas es por la existencia de una iglesia católica especialmente potente, reaccionaria y nefasta en nuestra historia y en nuestro presente.
Lo que significa laicismo no debería suponer ninguna ambigüedad.
«Un
sistema político caracterizado por la exclusión de la influencia y
control eclesiástico» (Diccionario Merriam Webster).
«La
doctrina según la cual la moralidad debe basarse únicamente en el
bienestar de la humanidad en la vida presente, con exclusión de
todas las consideraciones derivadas de la creencia en Dios o en un
estado futuro» (Diccionario Oxford).
«La
creencia de que la religión no debería estar implicada en las
actividades políticas y sociales habituales de un país»
(Diccionario Cambridge).
«La laicidad implica la
separación de las organizaciones religiosas y estatales. El orden
político se basa en la única soberanía del pueblo de los
ciudadanos y el Estado -que no reconoce ni paga ninguna religión- no
regula el funcionamiento interno de las organizaciones religiosas. De
esta separación se deduce la neutralidad del Estado, las autoridades
locales y los servicios públicos, no de sus usuarios. La República
laica impone así la igualdad de los ciudadanos en la administración
y el servicio público, sean cuales sean sus convicciones o
creencias” (De una página
de la república francesa).
Son definiciones y aclaraciones
suficientemente nítidas para cualquier persona que intelectualmente
pretenda luz y no oscuridad. Ahora bien, algunas polémicas están
mezcladas de enredos como «laicismo positivo o laicismo
negativo” o “laicismo agresivo y laicismo sano o tranquilo».
Creo que todo esto es pura palabrería. Como distinguir entre
religiones fundamentalistas y no fundamentalistas. O entre religiones
dogmáticas y no dogmáticas: entendiendo dogmatismo por su acepción
de mantenimiento de las ideas como verdades indudables sin la menor
evidencia empírica. ¿Hay alguna religión que no sea dogmática en
un sentido preciso: que esté dispuesta a discutir sus ideas
fundamentales a la luz de la razón y de la evidencia empírica? No
conozco a ninguna.
Pero me gustaría centrarme en esta
breve intervención en un punto que forma parte de la definición de
laicismo: «Ninguna religión debe tener un tratamiento superior
a otras por parte del Estado. Y que, como instituciones privadas que
son, las iglesias no deben recibir en ningún caso y para nada
recursos del Estado».
Vivimos en un Estado donde este
principio laico está pisado de forma continuada, en realidad se
trata de una violación permanente.
Pondré la cuestión
de una manera que puede mostrarlo de forma hasta divertida. Se debe a
un artículo de hace más de 15 años que he leído estos días para
preparar esta intervención.
Se trataba de un supuesto
grupo de docentes que estaba preocupado por el nivel de la enseñanza
en el reino de España. Y proponían:
«Queremos
llegar a un acuerdo con las autoridades eclesiásticas para que nos
cedan un diez por ciento del tiempo de las misas con el fin de que
profesores especialistas en las distintas disciplinas puedan llegar
más fácilmente a los creyentes mediante breves intervenciones
didácticas.
Estamos estudiando cuál sería el momento
idóneo para insertar en las misas contenidos científicos y
culturales, tal vez inmediatamente después de la consagración o
justo antes del padre nuestro.
Está claro que algunos feligreses podrían, con razón, objetar que ellos no tienen porqué aumentar sus conocimientos ni su cultura, ya que acuden a misa con el sólo fin de orar y escuchar la palabra de Dios.
Para solucionar este problema, y aunque pudiera parecer inconstitucional, a la entrada a la iglesia les haríamos rellenar un formulario para que manifestaran su preferencia por la religión o la cultura.
(…)
Los
obispos nos han adelantado que no habría problema en computar el
tiempo de cualquiera de estas actividades como tiempo equiparable al
dedicado a escuchar la palabra de Dios, a la oración, a la
contemplación, la penitencia o a la caridad y en ningún caso podrá
discriminarse el acceso a la salvación eterna a los fieles en razón
de sus preferencias religiosas o educativas.
Tampoco han puesto la más mínima objeción a la aparente contradicción derivada de que el contenido de las misas esté basado en la fe y las creencias, en contraste con la naturaleza científica y académica de los contenidos que habitualmente impartimos en las aulas.
En un primer momento, las clases se impartirían sólo durante las misas obligatorias de los domingos y fiestas de guardar, para más adelante extenderse a otros actos religiosos de asistencia no obligatoria como bautizos, bodas, comuniones, funerales, ejercicios espirituales, ordenaciones sacerdotales e incluso ceremonias de canonización o beatificación.
Pero, ¿de dónde saldría el dinero para pagar al profesorado que trabaje los domingos? Sin duda alguna de los donativos que los fieles depositan en los cepillos, del porcentaje de impuestos destinados al sostenimiento de la Iglesia Católica o, en general, de los presupuestos de la Iglesia.
Para garantizar la calidad de las enseñanzas impartidas, nuestra asociación gestionaría directamente el dinero aportado por la Iglesia y con él contrataría a profesores de sólida formación pedagógica y científica que se encargarían de impartir las clases durante las misas.
Naturalmente, dado el carácter eminentemente laico de las clases, no dudaríamos en despedir fulminantemente a aquellos profesores que no mantuvieran una coherencia laica entre su vida profesional y personal haciendo cosas como casarse por la iglesia, acudir a misa semanalmente o participar en cualquier tipo de actos religiosos.»
¿Da risa? Esta es exactamente la
situación que, permutando adecuadamente los términos, hace desde
muchos años la Iglesia católica en las escuelas públicas. Los
profesores y profesoras de religión los pagan todos los
contribuyentes, pero son elegidos y autorizados por los obispos
católicos; la vida que deben llevar es acorde con los principios de
esta iglesia y no con los derechos democráticos reconocidos
(homosexuales, divorciados y divorciadas… son apartados de sus
puestos de trabajo). Hoy en el reino de España casi el 28% de la
enseñanza es concertada. La pública representa el 67,5%, lo que
representa más de 13 puntos por debajo de la media europea. La
Iglesia controla más del 60% de los centros concertados. Una
vergüenza de la realidad de un estado supuestamente
aconfesional.
La escuela concertada es sólo una parte,
importante sin duda, de esta vergüenza. No sé si el más importante
de la injerencia de la iglesia en la vida pública y de su
mantenimiento por parte del Estado. No hay manera de que la iglesia
explique sus cuentas, no hay manera de que explique en qué se gasta
el dinero público, no hay manera de conocer la menor transparencia
en sus actividades comerciales y económicas. Y se le permite. Como
al rey Borbón y a la casa real. Es la primera interesada que cuanta
más opacidad haya mejor. Números tenemos, porque hay organizaciones
que intentan hacer evidente la barbaridad que significa la cantidad
de caudales públicos para uso privado. La iglesia es una asociación
privada, que debería incumbir a sus fieles y solamente a ellos, no a
los que pagamos siendo ateos o de cualquier otra religión para su
mantenimiento. Que crean lo que quieran, en Dios o en la tetera
orbitante de Russell. Pero que paguemos sus creencias todas las
personas que debemos declarar el IRPF no es en absoluto racional ni,
por supuesto, propio de un Estado que fuera laico.
En 1972, un almirante franquista
católico fanático y que ETA hizo volar por los aires un año
después, Carrero Blanco, declaró al diario Pueblo: «Desde
1939 el Estado ha gastado unos 300.000 millones de pesetas en
construcción de templos , seminarios, centros de caridad y de
enseñanza, sostenimiento del culto, etc.» ¡300.000 millones de
pesetas! Era una cantidad impresionante, si nos situamos en el poder
adquisitivo de la época referida. Pero son cálculos lejanos. Mucho
más recientemente, una asociación (Europa
laica) que lleva años denunciando los privilegios de la
iglesia, hizo público un estudio del 2016 según el cual el estado
aporta 11.000 millones de euros en la iglesia. El estudio estaba
basado a partir de datos de organismos oficiales: «A lo largo
del año 2015 el Estado (central, autonómico y local) cedió a la
iglesia católica oficial, de manera directa o por la vía de dejar
de ingresar impuestos, una cifra superior a los 11.000 millones de
euros, lo que supone más del 1% del PIB». Ese cálculo incluye
las exenciones fiscales como en el caso del IBI valoradas en 3.000
millones al año; 4.600 millones para pagar a los 35.000 profesores
de religión y los conciertos con los centros religiosos; 3.200
millones para dispensarios, hospitales y centros de salud, y otros
500 millones para la conservación del patrimonio artístico
propiedad de la Iglesia, entre otros.
¿Cómo es posible?
IRPF (que lo pagamos todos, no sólo los que ponen la casilla),
propiedades inmobiliarias inmensas que no pagan IBI (que incluye
pisos, parkings, incluso alquilados a terceros), propiedad del 70%
del suelo habitable de Toledo, Ávila, Burgos y Santiago y de
porcentajes muy considerables en más de 8.000 municipios del reino,
obras de arte, medios de comunicación… Todos lo pagamos porque la
iglesia no paga. Recordemos la política de la iglesia: cuando menor
sea el Estado, más justificada está en su intervención. Cuando
menos política social, más Cáritas; cuando más pobreza, más
negocio de la caridad.
Los jueces siempre fallan a favor de
la iglesia católica. Siempre. Sólo hay que ver las sentencias del
Tribunal Constitucional a las denuncias de ayuntamientos que se
atreven a plantar cara al expolio por un poco de dignidad y de
decencia. Siempre al lado de la iglesia. Y la parcialidad es
vergonzosa. Como la filiación de muchos de sus miembros hace difícil
que sea de otra forma. Un ejemplo, sólo uno de los cientos que se
podrían poner. Es sobre la educación separada por sexos. Nos
situamos en abril de 2018, hace poco más de dos años. No sólo el
Tribunal manifestó que la segregación es respetuosa y no causa
discriminación, sino que los centros deben recibir fondos «del
sistema de financiación pública en condiciones de igualdad».
Habitual, ellos ponen el adoctrinamiento y la ciudadanía paga los
impuestos. Uno de los firmantes de la sentencia judicial era Andrés
Ollero miembro del Opus y diputado del PP durante 5
legislaturas. No hubo objeciones a su imparcialidad (sic). ¿Se
acuerdan cuando el magistrado Pablo Pérez Tremps fue apartado del
Tribunal en las deliberaciones sobre el Estatuto de Cataluña por
haber participado en un informe encargado por la Generalitat para la
redacción del texto? Un ejemplo solamente. Parece ser que el señor
Ollero era imparcial o que su pertenencia al Opus era un
dato insignificante.
He mencionado las casillas del IRPF.
Corresponde a un partido que a veces dice ser laico (sic) una de las
mayores concesiones a la depredadora iglesia católica realizadas
después del franquismo. Efectivamente, fue un Gobierno del PSOE, el
de Zapatero, en 2006 que subió al 0,7% la aportación del IRPF a la
iglesia. Un supuesto laico, el señor Zapatero, que subió el 33% la
aportación vía IRPF de dinero público a la iglesia católica. Como
explica Ángel Munárriz en Iglesia, SA el PSOE es más
laico cuando está en la oposición. Más laico y más tantas cosas
cuando está en la oposición… Como también se dice en este mismo
libro, tanto con PP como con PSOE “el Estado no confesional ha
acabado siendo al Estado laico lo que el Estado de las autonomías al
federal: una aproximación, un remedo, una imitación sin
sustancia».
Se trata de no marcar ninguna casilla.
Pero marquemos la que marquemos, pagamos todos a la iglesia. Supongo
que no hace falta explicarlo mucho, ni hace falta ser hacendista. Del
total de los impuestos de IRPF recibidos, una parte va a la iglesia
en función del número de crucecitas. En vez de dedicarse a otras
cosas van a la iglesia. Yo pago a pesar de ser un ateo militante a la
iglesia. Y usted y el otro, cualquier declarante del IRPF. Una
posibilidad diferente: la alemana. Otra mejor es la laica: ni un euro
público a la iglesia. Que se la paguen los fieles, como toda
asociación privada. Están en su derecho pagar por sus creencias,
pero no tienen ninguno a un solo euro de los 11.000 millones que
chupan anualmente. Cuanta menos clientela tienen, más dependen del
Estado. Y este Estado se lo da.
Termino con un
recordatorio a Antoni Domènech, un laico sin concesiones. Al fin y
al cabo, esta mesa se organizó en homenaje a este gigante del
pensamiento republicano-socialista. Y lo haré recordando un
fragmento de discurso de uno de los políticos españoles que más en
consideración tenía, Manuel Azaña. Parte de esta consideración
era por su castellano maravilloso. Este discurso de Manuel Azaña es
del año 1930 y gustaba especialmente a Toni y por eso lo quiso
publicar
en Sin Permiso:
«No temáis que os llamen sectarios. Yo lo soy. Tengo la soberbia de ser, a mi modo, ardientemente sectario, y en un país como éste, enseñado a huir de la verdad, a transigir con la injusticia, a refrenar el libro examen y a soportar la opresión, ¡qué mejor sectarismo que el de seguir la secta de la verdad, de la justicia y del progreso social!»
Y más adelante:
«No
nos bastará barrer de un escobazo el infecto clericalismo del
Estado, ni acabar con la demagogia frailuna que a los liberales
moderados de hace un siglo ya les parecía repugnante.»
Joaquín Maurín, otro de los políticos muy queridos por Toni, escribió casi en los mismos momentos:
“España necesita llevar a cabo todavía su revolución democrática, es decir, la abolición definitiva de la monarquía, el exterminio del poder de la Iglesia, el reparto de la tierra, la liberación de las nacionalidades, la emancipación política y moral de la mujer, la destrucción del armatoste secular del Estado semifeudal”.1
90
años después de haber sido dichas estas palabras de Azaña y
Maurín, podemos decir con mucha evidencia que estamos todavía en un
estado de facto confesional, que la alianza
monarquía-iglesia-ejército sigue imperando con mucho vigor. Y que
los gobiernos UCD-PSOE-PP habidos hasta ahora a lo largo de más de
40 años, siguen dando todo tipo de privilegios a la iglesia
católica. El “infecto clericalismo” campa por las suyas con toda
la complicidad de la monarquía, del ejército y de los tribunales de
justicia. Y de los gobiernos.2
El laicismo y la razón tienen un largo y duro camino que
recorrer.
Muchas gracias.
(Este texto es una versión traducida y adaptada de la intervención en la mesa sobre “postmodernidad y razón” de la Universitat Progressista d’Estiu de Catalunya -UPEC- en homenaje a Antoni Domènech, el 5 de noviembre de 2020. El vídeo completo de la mesa con las preguntas del público: https://www.youtube.com/watch?v=T62wTEz5hvo&list=PLnpXwM2y-FLGX4LF7dmDnA…).
Notas:
1 Víctor Alba: Dos Revolucionarios: A. Nin y J. Maurín, Seminarios y Ediciones, Madrid, 1975
2 Incluido el actual gobierno de coalición. Como escribía recientemente Antonio Gómez Movellán con motivo del reciente viaje de Pedro Sánchez al Vaticano: “El gobierno de coalición en vez de avanzar en la hoja de ruta del laicismo, consolida los privilegios del catolicismo en la educación y en la financiación pública de la institución católica y no sabemos si ello influirá, además, en los proyectos de ley ya en discusión como el de la eutanasia o en el sinuoso asunto de las inmatriculaciones por la cual la iglesia ha pretendido quedarse con el 100% del patrimonio histórico cultural de raíz religiosa, además de otros desaguisados. Es increíble que en la poca ambiciosa ley de reforma educativa que se está tramitando en el parlamento, la conocida como ley Celáa, ni siquiera se hayan rozado los fortísimos intereses del catolicismo en la educación ya que ni siquiera se contempla acabar con el adoctrinamiento confesional fuera de la escuela por el cual más de 18.000 catequistas católicos adoctrinan a los menores con un coste de uno 900 millones de euros y ni siquiera se plantea sacar la asignatura fuera del horario escolar.”
Daniel Raventós es editor de Sin Permiso