El libro «Veneno» (Editorial Hekth) de María Paula Blois y Guillermo Folguera aborda «la política del veneno» como forma de gestionar el Estado, con su sistema de valores y modos de vincularse. Frente a los «sacrificios», las comunidades resisten con la experiencia de los tiempos de la Naturaleza: conectar, cuidar, vincular. Aquí, como adelanto, el epílogo.
El veneno envenena. Ese fue el comienzo trivial de nuestro camino, pero también la manera de comprender qué significa que el veneno se haga política. Una política que establece su ontología, su sistema de valores, sus fines, sus modos de vincularse, sus prácticas y todo aquello que se requiere para montar una realidad alternativa.
El veneno es algo más que el propiciador de la muerte de seres vivos. De hecho, lo que hemos intentado mostrar es que el listado de problemas y objeciones no es accidental, sino que es propio de sus efectos, y que no puede ser de otro modo. Son las consecuencias propias de este tipo de política. Desde el discurso dominante se intenta señalar que los “accidentes” son “excepcionales”, y que en todos los casos se debe a un “mal uso”. De este modo, pretenden darle un carácter circunstancial. Nadie se hace cargo de las diferentes y profundas alteraciones que produce el veneno, ni las asumen dentro de sus funciones en términos institucionales. Una cadena de irresponsabilidades que, mientras libera a los responsables de asesinatos tales como de Kily y Anto en Lavalle, ni siquiera se interroga acerca de quiénes pensaron, idearon, transportaron, aprobaron, produjeron y vendieron todos los venenos. Bajo la política del veneno, nadie asume la más mínima responsabilidad.
El veneno cambia, desconecta. Corta los lazos con el territorio, también los lazos comunitarios y los temporales. Alteraciones que son requeridas para que la producción a esa escala e intensidad sea posible y las formas de dependencia se multipliquen. En estos casos las comunidades han insistido en hablar de “sacrificio”. Sacrificio de tierras y cuerpos, sacrificio de modo de vida y de futuro. El sacrificio que denuncian establece la característica de saberse apenas medios para otro fin, un fin de toneladas de exportación y ventas en dólares. Frente al sacrificio no hay vida ni experiencias, solo se zafa, tal como plantea Carlos Del Frade. Cuando Walter Benjamin analiza aquellos soldados que vienen de la guerra, ve en ellos pobreza de experiencias. Pueden tener narraciones, pero lo experiencial como apropiación y elaboración intersubjetiva ha sido arrasado. Las experiencias activas, colectivas, históricas, comunicables, significativas han sido aniquiladas. En esta realidad propia de la política del veneno nuestro transcurrir tampoco abunda en experiencias para las futuras generaciones. Pero, en ocasiones, la organización comunitaria da lugar a la resistencia, la resistencia abre otras políticas alternativas a la del veneno y entonces surgen otros mundos. La experiencia de las comunidades y la naturaleza requiere, por oposición, conectar, cuidar, vincular. Nada es un medio, y toda experiencia es más que mera vivencia porque requiere también su capacidad de transmisión.
¿Qué es el Estado argentino que impulsa la política del veneno? En este punto es difícil no acordar con quienes sostienen que somos básicamente abastecedores de un mercado internacional, con algunos ganadores locales, y con efectos socioambientales a la vista. Solo así se entiende que Antonio Aracre previo a ser designado como jefe de Asesores del Presidente de la Nación en el 2023, enfatizara que Argentina era el país luego de China “que más había crecido” respecto al 2019 (Ámbito, 2023).
Qué significa en términos políticos que un herbicida como la atrazina sea estudiado por científicos argentinos y denunciado por el Ministerio de Ambiente, aprobado por SENASA, prohibido en una enorme cantidad de países, vendido por la empresa estatal YPF y la corporación china Syngenta, a la que a su vez perteneció el reciente jefe de asesores de la presidencia y cuyos efectos socioambientales no estén siendo rastreados de manera sistemática desde los órganos estatales sin incorporarlo siquiera en la atención hospitalaria. ¿Por qué Naciones Unidas manda fondos que el Estado recibe para hacer un informe en el que se movilizan esfuerzos, personas, trabajo, y luego es “cajoneado”? ¿Qué es ese Estado? ¿Cómo se relaciona con lo público? El veneno como política parece incorporar diferentes formas de legitimación. La más habitual es la que intenta mostrar que no es posible escapar, que no es deseable. La política del veneno encuentra su forma publicitaria: oculta sus daños mientras promete resolver todos nuestros inconvenientes. Las buenas prácticas agrícolas y las instancias de regulación se presentan como suficientes para ello. Más aún, lo que el veneno promete es la llave de entrada a otros mundos. Mundos de campos verdes y cielos diáfanos. Mundos con soles brillantes en el horizonte, sin otros seres vivos que perturben. El veneno abre a una homogeneización que nos promete propietarios sin nada más que importe ni sea significativo.
No queremos nada de eso. Estamos escribiendo estas últimas palabras en medio de los acontecimientos y las feroces represiones en Jujuy que tienen su razón extractivista y replican los modos de la política del veneno. Pero frente a la política del veneno, miles de comunidades en nuestro país y en la región se oponen de manera sistemática para frenar sus múltiples efectos. Jujuy resiste igual que Andalgalá, Jáchal, Exaltación de la Cruz. Indaga otras políticas al igual que Esquel, Tierra del Fuego o que Malvinas Argentinas. Busca otros caminos igual que Mendoza y que Chubut. La política del veneno se ha expandido de manera hegemónica amplificada por instituciones estatales y empresariales. Sin embargo, tiene un obstáculo que no es menor. En nuestro país y en nuestro continente, las comunidades construyen mundos, otros mundos que no están envenenados.
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