Ya son verdaderos ríos de tinta los que están corriendo tras la última sentencia del Tribunal Constitucional que no ha podido declarar la inconstitucionalidad de determinados aspectos del despido de la profesora canaria de religión que había rehecho su vida afectiva después de haberse divorciado. Las Comunidades Cristianas Populares del Estado Español (CCP), convencidas de […]
Ya son verdaderos ríos de tinta los que están corriendo tras la última sentencia del Tribunal Constitucional que no ha podido declarar la inconstitucionalidad de determinados aspectos del despido de la profesora canaria de religión que había rehecho su vida afectiva después de haberse divorciado. Las Comunidades Cristianas Populares del Estado Español (CCP), convencidas de que estos hechos no hacen sino trasladar a la Iglesia el lamentable clima de crispación social al que nos están abocando los dos principales partidos del país, aunque mucho más el PP, queremos manifestar, que el verdadero problema -y a la vez el auténtico escándalo- que subyace y provoca estas tensiones no es otro que los trasnochados acuerdos Iglesia Estado de 1976 y 1979.
Aunque en el lenguaje coloquial, se suele usar la denominación «Concordato», nos estamos refiriendo al «Instrumento de ratificación del Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre asuntos económicos, firmados en la Ciudad del Vaticano el 3 de enero de 1979», que así se llama. El acuerdo es signado por Marcelino Oreja y el Cardenal Villot, seis días después de que entrara en vigor la Constitución Española de 1978, que no olvidemos, afirmaba la implantación de un Estado aconfesional.
No entramos aquí en el tema de las clases de religión sobre el que ya nos hemos pronunciado en otras ocasiones afirmando que «la escuela no es el ámbito educativo de la Fe» ni en el de la financiación de la Iglesia Católica, a pesar de que, lejos de eliminarse o reducirse -para tender hacia la autofinanciación-, ha pasado del 0,52% del IRPF al 0,7% en su asignación tributaria. Un acuerdo que además nace blindado ya que necesita para su modificación del apoyo de las tres quintas partes del Parlamento. Luego dice la vicepresidenta que el Gobierno está atado de pies y manos.
Nos parece intolerable que los obispos pretendan contratar y despedir a 17.000 profesores de religión -que sin acceso normalizado como el resto de docentes debe pagar el estado-, juzgando sus conductas con arreglo a unos parámetros más que trasnochados y que contravienen desde el estatuto de los trabajadores hasta el respeto a los derechos humanos; Nos parece un abuso que quieran mantener unos privilegios tan descarados, en un estado aconfesional; y nos parece que no se puede permitir una injerencia como la del portavoz de los Obispos que el pasado 2 de marzo arremetía contra la asignatura de educación para la ciudadanía (como vienen haciendo contra la mayoría de las leyes y disposiciones que dicta un gobierno democráticamente elegido en las urnas); ni mucho menos aún, que amenace con ir a los tribunales si el gobierno les priva del derecho a elegir al profesorado de religión.
A este respecto les recordaríamos a nuestros Jerarcas lo que señalaba el Concilio Vaticano II en su conocida «Gaudium et Spes» donde decía: «La Iglesia no pone su esperanza en privilegios dados por el poder civil, renunciando incluso al ejercicio de ciertos derechos legítimamente adquiridos tan pronto como conste que su uso puede empañar la pureza de su testimonio…».
Denunciar el Concordato ya y revocar los citados acuerdos del 76 y 79 con la Santa Sede es una tarea urgente e imprescindible que pide desde hace tiempo una gran parte de la sociedad, así como una parte de la propia iglesia, entre la que nos encontramos las CCP del estado español. El año pasado junto a más de 70.000 firmantes pertenecientes al más amplio abanico de sensibilidades sociales, políticas, culturales y religiosas, («www.concordato.org») así lo manifestamos.
No entendemos como un gobierno del PSOE que se dice de izquierdas, que primaba su carácter laico en su programa electoral del 2004 con la escuela pública como estandarte, y que lo aplica durante el primer año con las valientes leyes de matrimonios homosexuales y de modificación del Código Civil en materia de divorcio, totalmente coherentes con la no confesionalidad del Estado, da un giro tan involutivo y preocupante presionado por la Jerarquía Católica. Quizás por ello, tras heredar unos acuerdos que ya tenían que estar denunciados desde 1982, según consta en el propio Acuerdo de ratificación antes citado (Arts. II. 2 y II. 4), no solo no los ha denunciado todavía sino que además parece hasta justificarlo con sus acciones, tan contradictoria por cierto con su propio «Manifiesto Constitución, Laicidad y Educación para la Ciudadanía». Eso si que es ceder al chantaje de un grupo de presión.
Finalmente queremos expresar que la denuncia de los citados acuerdos con la Santa Sede -además de reconocer que sería bueno hasta para la propia Iglesia Católica-, no implica que no se deban negociar otros nuevos acuerdos -y no solo con ella-; Eso sí unos convenios acordes con el estado de derecho que vivimos en España, plenamente democráticos, que sean respetuosos con la leyes a las que se someten todos los ciudadanos y que no conlleven privilegios especiales para nadie.