Pensábamos que todo lo habíamos conseguido. Que la democracia estaba consolidada, los derechos eternos y las libertades para siempre. Pero llegó la cruda realidad de la mayoría indecente del Partido Popular, la crisis económica como coartada para los recortes sociales y su afán de retrotraernos a los más felices de sus tiempos: el franquismo que […]
Pensábamos que todo lo habíamos conseguido. Que la democracia estaba consolidada, los derechos eternos y las libertades para siempre. Pero llegó la cruda realidad de la mayoría indecente del Partido Popular, la crisis económica como coartada para los recortes sociales y su afán de retrotraernos a los más felices de sus tiempos: el franquismo que reivindican. No hay que bajar la guardia sobre los derechos y las libertades. Hay que seguir gritando libertad, derechos y bienestar.
Han pasado cuarenta años, desde que el dictador, que se había mantenido en el poder otros cuarenta, moría entubado en una cama de La Paz. Su muerte dio paso al régimen del 78, el «juancarlismo» que se mantiene. El sucesor del dictador, a título de rey, asumió el poder intacto y con todos los tics de la dictadura. «Borboneando», consiguió lo que pretendía: fortalecer la monarquía a toda costa, con el apoyo de la derecha y las fuerzas de oposición a la dictadura. Desde el PSOE de Felipe González, al PCE de Carrillo, así como los nacionalistas catalanes y vascos, todos a su disposición.
Muchos intereses había en juego. Era necesario que España saliera de la noche oscura de la dictadura y entrara en el sendero de la democracia sin sobresaltos. Estados Unidos mediante operaciones de la CIA, la Alemania socialdemócrata de Willy Brandt financiando con su Friedrich Ebert, y el apoyo de otros tantos países interesados, por la importancia de España en el marco geoestratégico. Se hizo la transición a la democracia de forma controlada. Los servicios de información nacionales estuvieron al servicio de la monarquía instaurada. La transición fue una operación política, realizada desde el poder, por los herederos del franquismo -para lavarse la cara- y por la oposición al franquismo y los nacionalistas -para acceder al poder-, para asentar el régimen de Juan Carlos. Todo lo lograron.
El Estado de Bienestar en Europa, se había iniciado tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. El bando vencedor, el poder económico y los representantes del pueblo llano supervivientes, acordaron la urgente necesidad de reconstruir Europa y salir de las ruinas del desastre. EEUU, puso en marcha el European Recovery Program (Plan Marshall), para la reconstrucción de los países europeos. Las empresas obtendrían grandes beneficios y al pueblo se le garantizaba los derechos inherentes a los llamados tres pilares del EB: pensiones, sanidad y educación. Luego llegaría la dependencia.
Los españoles llegamos cuarenta años tarde al Bienestar. En 1978 las cosas ya venían a menos, pero todavía pudimos acceder a los recursos europeos a partir del 1 de enero de 1986, con la entrada en vigor del Tratado de Adhesión a la Unión Europea; lo que significó la transformación económica y social de España. Mediante los fondos regionales de cohesión comunitarios, que favorecieron el desarrollo, se construyeron autovías, hospitales, casas de cultura y cientos de proyectos de desarrollo económico.
Ahora todo se ha derrumbado; por descuido ciudadano, por convicción política, «por su propio peso o por la fuerza de la gravedad» (Conde Ropherman). El neoliberalismo económico, representado por la derecha reaccionaria, dijo: se terminó; todo para nosotros; arréglense la vida como puedan; no cuenten con nosotros ni con el Estado. Y el pueblo consentidor siguió votándoles. Y el gobierno, no solo ha limitado la posibilidad de acceso a servicios sociales de bienestar, eliminándolos o privatizándolos, sino que para proteger sus políticas, han tocado los Derechos Fundamentales y las Libertades Públicas, que tanto costó defender y quedaron plasmados en la Constitución.
La llamada popularmente «ley mordaza», por el recorte que supone de libertades individuales y los derechos fundamentales de expresión, información y reunión, es un ejemplo claro del modelo de sociedad que quieren establecer. La ley, que entró en vigor el pasado día 1 de julio, prevé multas desde 100 euros hasta 600.000. Fue aprobada con los votos del PP y UPN y el rechazo unánime del resto de la oposición. Limita hasta siete derechos fundamentales y libertades públicas reconocidas en la Constitución: Principio de seguridad jurídica (Art.9); derecho a la no discriminación (Art. 14); derecho a la libertad personal (Art. 15); derecho fundamental a la intimidad (Art. 18); derecho a la información (Art. 20); derecho de defensa y a la tutela judicial efectiva (Art. 24); y derecho a la presunción de inocencia (Art. 24). Está llena de principios jurídicos indeterminados, que, lejos de ser de Seguridad Ciudadana, es de inseguridad jurídica controlada, con el valor probatorio que tiene la palabra de la policía.
Un grupo de expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas, pidieron en su día, que se rechazasen los dos proyectos de reforma legal -Código Penal y Ley de Seguridad Ciudadana, ahora ya en vigor- que a su entender «amenazan con violar derechos y libertades fundamentales de los individuos». Recordaban que el derecho a manifestarse pacíficamente y expresar de forma colectiva una opinión «es fundamental para la existencia de una sociedad libre y democrática». Manifestaron su preocupación porque las propuestas de reforma «pudieran ser una respuesta del gobierno y del poder legislativo a las numerosas manifestaciones que en los últimos años se venían llevado a cabo en España». Daban en el clavo. «Confiamos en que España adopte todas las medidas necesarias para garantizar, el ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas de conformidad con los estándares internacionales». Ellos confiaban; yo no confío en la gente que nos gobierna; dan miedo.
Por su parte el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, considera que los expertos relatores de Derechos Humanos de la ONU no saben lo que dicen cuando critican la Ley de Seguridad Ciudadana, porque «no se la han leído». En la emisora Catalunya Radio, decía que no había hablado con ellos, pero que había visto lo que han dicho sobre a ley. «Yo sí conozco la ley. Díganme una libertad pública, un derecho fundamental, que quede recortado con esta ley, porque si es verdad, quedará fuera de esta ley», ha insistido el ministro. Ignora conscientemente la campaña de la plataforma No Somos Delito que da cumplida respuesta a la petición de ministro: la ley si recorta derechos.
Los derechos a manifestarse pacíficamente y expresar colectivamente una opinión, son fundamentales para la conformación de una sociedad libre y democrática, como los derechos a informar y ser informados. Con las leyes represivas de ahora, España no hubiera sido admitida en la UE.
Pero en peores momentos hemos gritado ¡libertad! Tenemos que ajustar el reloj y el calendario; con la «ley mordaza» hemos retrocedido en el tiempo. Por salud democrática, decencia y dignidad, tenemos que seguir gritando libertad, derechos y bienestar.
@caval100
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